En palabras de Joaquín Costa, el sistema político de la Restauración era oligárquico y caciquil. Es decir, que respondía, como sostienen autores como Tuñón de Lara, a los intereses económicos y sociales de la clase burguesa. En este punto, sin embargo, otros como José Varela-Ortega difieren. De todas formas, es evidente que unas estructuras políticas doctrinarias no podían generar un sistema de relaciones sociales y económicas basadas en la igualdad.
Resultado obvio de todo ello, fue una situación social de una gran masa de población campesina, que se caracterízó por el pauperismo más exagerado. Sobre todo en aquellas zonas en las que los campesinos no eran propietarios, sino simples aparceros y temporeros. Estas zonas fueron las lastradas por un importante latifundismo, como la Mnacha, Andalucía, o Extremadura.
En 1.878, justo en los inicios de la Restauración, y con el Partido Conservador en el poder, Andalucía era una tierra que no podía seguir soportando la enorme polarización social. Se registraron quemas de cortijos, de olivares, se mata el ganado, se arrancan viñedos, etcy, en abril, estallaron importantes motines en Jerez.
El gobierno conservador sometió a una intensiva vigilancia a los campesinos e internacionalistas conocidos. Al año siguiente, los conservadores, más restrictivos en lo que a derechos de asociación se refiere, acometieron una campaña contra todo tipo de asociación que no se incluyera en la Ley de Asociación, apoderándose de documentaciones, listas de afiliados, estatutos, directrices, propaganda, etc. etc. No olvidemos que la legislación que regulaba los derechos individuales y libertades públicas, era muy restrictiva (leyes de 1877 y 1879).
En una de estas requisas de documentación que se efectuaron en Jerez, las autoridades encontraron una cantidad de información sobre una sociedad secreta que se auto denominaba "Sociedad de Pobres contra Ladrones y Verdugos. Jerez - Europa Siglo XIX" y que sus miembros, para referirse a ella, la llamaban, "La Mano Negra" y que dejaban como firma precisamente esa mano negra.
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| Francisco y Pedro Corbacho |
En el año 1883, las autoridades, atribuyeronn a La Mano Negra aberrantes crímenes, incluso los de dar muerte a niños, mujeres y ancianos. Se les acusó de querer derrocar al gobierno de la nación, destruir al Estado, y querer pasar a cuchillo a las clases dominantes del país. Las autoridades y la burguesía terrateniente se prestaron, junto con la Guardia Civil, a reprimir de la forma más brutal todo movimiento o inquietud campesina, y en consecuencia, las cárceles de Jerez y Cádiz, se abarrotaron de braceros y obreros.
En esta situación, en el cortijo de la Parrilla, una partida formada por Cristóbal Fernández Torrejón, Gregorio Sánchez Novoa, Manuel Gago, José León Ortega, Gonzalo Benítez, Antonio Valero, Salvador Moreno Piñero, Rafael Giménez y Roque Vázquez asesinó a Bartolomé Gago, más conocido como «Blanco de Benaocaz», y entierró su cadáver. Como consecuencia, el 29 de enero de 1883 fueron detenidos más de 600 jornaleros en San José del Valle bajo la acusación de haberlo asesinado en las cercanías del cortijo La Parrilla.
En el propio cortijo la guardia civil encerró a los trabajadores en la planta baja, y les torturó. Al no obtener la confesión que querían, les amenazaron con someter al tercer grado también a sus mujeres e hijos, con lo que los jornaleros se declararon culpables del asesinato. Acto seguido les llevaron a pie hasta el penal de Jerez de la Frontera, a 60 kilómetros y este hecho fue el que desencadenaría el proceso a la Mano Negra...
El 4 de febrero apareció un cadáver que fue levantado sin orden del juez. Los forenses informaron que no era posible identificarle por su avanzado estado de descomposición. Pero nada se supo del cadáver desenterrado. Ni siquiera consta en los archivos que fuese enterrado en el cementerio local. Pero aunque el presunto cadáver no fue identificado, el juez dio por bueno que era el del Blanco.
El día 5 de junio, coincidiendo con la huelga general, comenzó el juicio de La Mano Negra. La única prueba real fue el supuesto Reglamento de la sociedad secreta, hallado en unas ruinas en 1878. Se presentaron tres copias del mismo escrito, pero éstas discrepaban entre sí.
Estos procesos coincidieron con una huelga general agraria donde los trabajadores del campo reivindicaban una jornada de 9 horas diarias y un salario mínimo.
El nombre de la presunta sociedad secreta lo difundió Oliver, capitán de la Guardia Civil, que años antes había propuesto a Madrid detener a los sindicalistas bajo la acusación de pertenecer a una banda de delincuentes. Fue la primera vez que se aplicó el Código Penal y condenaron a los procesados a garrote vil.
La única prueba que se presentó fue un supuesto Reglamento de la Mano negra, encontrado por el propio Oliver.
En el juicio hubo 16 imputados y se escuchó el testimonio de 48 testigos. Estos testigos, sin embargo, no sirvieron para fijar la autoría del crimen. En realidad, ésta se estableció procesalmente porque los propios imputados quisieron. El anarquismo ibérico, en tanto que ideología rabiosamente individualista, ponía mucho el acento en la asunción de responsabilidades. Manuel Gago, uno de los imputados, confesó su participación casi fríamente. Confesó que había recibido la orden de matar al Blanco, que para colmo era su primo. Eso, sin embargo, no le supuso problema porque, declaró ante el juez, si le hubieran ordenado matar a su padre lo mismo lo habría hecho. El motivo del crimen no fue que el asesinado fuese un explotador. Era un antiguo miembro de la organización que se había apartado de la misma. Francisco y Pedro Corbacho, Manuel y Bartolomé Gago, Cristóbal Fernández Torrejón, José León Ortega, Gregorio Sánchez Novoa y Juan Ruiz fueron condenados a la pena de muerte por asesinato con los agravantes de nocturnidad, premeditación, alevosía, despoblado y cuadrilla. Por su parte Roque Vázquez, Gonzalo Benítez, Salvador Moreno Piñero, Rafael Giménez Becerra, Agustín Martínez, Antonio Valero y Cayetano Cruz fueron condenados a 17 años y 4 meses de reclusión. José Fernández Barrios fue condenado sólo por responsabilidad civil, sin cárcel.
Ante el escándalo que tal atrocidad desató, el Consejo de Ministros reduce las penas a 7 ejecuciones y el resto a cadena perpetua. El Rey se negó a firmar las penas de muerte pero fueron ajusticiados el 14 de junio de 1884 en la plaza del Mercado a garrote vil.
En los autos se afirma que Pedro Corbacho era el jefe de una asociación secreta en La Parrilla, lo que era verdad porque los procesados formaban un pequeño grupo sindicalista, unidos en defensa de sus derechos laborales.
Se afirma que Pedro Corbacho le debía 53 duros a Bartolomé Gago Campos y para no pagarle planeó su muerte. Pero también se dice que planeó su muerte porque había violado a una sobrina suya. Y asimismo que planeó su muerte porque Bartolomé era un borracho pendenciero que pegaba a sus propios padres. Y finalmente que planeó su muerte porque iba a denunciar la sociedad secreta a la guardia civil.
Un día después los jornaleros, apaleados, torturados, amenazados y asustados, vuelven a su trabajo abandonando la huelga general. En esas fechas todos los que se habían destacado ya están en la cárcel bajo la acusación de pertenecer a La Mano Negra.
Juicio celebrado en 1883 en Jerez de la Frontera
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| Plaza del Mercado en donde fueron ajusticiados |
Tras el proceso se justificó la más intensa represión por toda Andalucía (más de 10.000 detenidos).
El 30 de noviembre la Guardia Civil regresó a sus cuarteles, no quedaba nadie por detener. Se había hecho la paz de los muertos. Todos los participantes en estos hechos fueron ascendidos, el capitán Oliver es nombrado coronel del ejército. Se hizo el silencio en el campo jerezano, sembrando la leyenda de La Mano Negra, grupo de delincuentes que quemaban campos, talaban cepas, torturaban animales, incendiaban cortijos y asesinaban "señoritos". A partir de entonces toda idea reivindicativa fue catalogada de "terrorista" y su autor encarcelado y perseguido.
Aunque durante muchos años se ha discutido la existencia de tal supuesta organización, actualmente prácticamente todo el ámbito académico está de acuerdo en que fue un invento a modo de una imputación injustificada del gobierno de Sagasta para aplacar las revueltas en los campos del sur de España, como ya insinuó Vicente Bloasco Ibáñez en su novela “La Bodega” en 1905.
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