902 FERNANDO VII

FERNANDO VII

1- La restauración absolutista (reacción), entre 1814 y 1820.

2- El Trienio Liberal (revolución), entre 1820 y 1823.

3- La Década Ominosa (reacción), entre 1823-1833.
4- La Emancipación americana

  

INTRODUCCION:  

El segundo reinado de Fernando VII va a suponer un periodo que va a bascular entre el rechazo a la Constitución del 12 y su aceptación. Va a ser una lucha entre sus principios absolutistas y los liberales. A la vuelta de Fernando VII en 1814 se va a producir una primera represión de las ideas liberales desarrolladas durante el periodo anterior, pero estas ideas no van a ser extirpadas y permanecerán de forma clandestina o se manifestarán a través de pronunciamientos hasta que en 1820 uno de ellos, el de Riego, logra triunfar y restablecer las conquistas de las Cortes de Cádiz aunque sól durante tres años ya que a partir de 1823 volverá el absolutismo….por ello este segundo reinado presenta 3 grandes fases:

1-LA RESTAURACIÓN ABSOLUTISTA (1814-1820) (“Sexenio absolutista”) 

 

El 11 de diciembre de 1813 se firmó el Tratado de Valençay, por el que se destronaba de hecho a José Bonaparte. El nue­vo rey Fernando VII entró en nuestro país por la frontera de Girona en 1814, con el fin de dirigirse a Valencia. De esta manera evitaba verse obligado a jurar la Constitución de Cádiz ( a pesar de que en los contactos que mantuvo con las Cortes había legitimado su obra legislativa) que es lo que hubiera sucedido de haber tomado la ruta directa hacia Madrid. Téngase en cuenta que las Cortes habían decidido no reconocerlo como rey hasta que no hubie­ra jurado la Constitución.

Nada más llegar a España, Fernando VII encontró muchos apoyos e incitaciones para que gobernara como monarca absoluto, entre los cuales conviene destacar dos: el general Elío, un militar ultrarrealista que puso a disposición del Rey el segundo ejército; y el que le prestaron los diputados “servi­les” de las Cortes ordinarias. Estos diputados fueron denomi­nados así por sus enemigos políticos, existiendo discrepan­cias por parte de los historiadores sobre si se les identificaba de esta manera como serviles (de siervo), o como «ser viles». Sea como fuere, lo cierto es que estos, al propugnar el Mani­fiesto de los persas, demandaban al Rey la restauración del absolutismo. Añádase a todo esto que el pueblo llano aclamó con entusiasmo al nuevo rey (“vivan las caenas”), al Deseado, a quien concebían según los usos y modos anteriores a 1808; es decir, como monarca absoluto. 

  LA SITUACIÓN INTERNA Y LA POLITICA  INTERIOR DE FERNANDO VII

Las circunstancias de orden interior aconsejaron a Fernando VII desde el primer momento la restauración del absolutismo, tras evaluar los apoyos con que contaba: la mayoría del pueblo llano, que le aclamaba con entusiasmo, una parte del ejército y un sector con­siderable de los diputados de las Cortes.

            El Rey, ante estas evidencias, dio en realidad un golpe de Estado, si por tal se entiende la promulgación del Real Decreto de 4 de mayo de 1814  , por el que se declaraban «nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en ningún tiempo, como si no hubieran pasado jamás tales actos», los Decretos de las Cortes y la Constitución de Cádiz. Desde ese momento, los partidarios de la monarquía constitucional fueron proscritos como traidores, quedando reservada la pena de muerte para quienes mantuvieran aquellos principios.

La facilidad con que Fernando VII se desembarazó de las imposiciones liberales radicalizó las posturas de los absolu­tistas, quienes se afanaron de inmediato en la reinstauración de las instituciones del Antiguo Régimen, incluida la Inqui­sición. Además, se restablecieron inmediatamente los seño­ríos y los otros. privilegios del estamento nobiliario y se rein­tegraron a la Iglesia las propiedades desamortizadas.

  EL CONTEXTO INTERNACIONAL. LA SANTA ALIANZA

Tras la derrota de Napoleón en Waterloo el mapa político, social e institucional de Europa cambió radicalmente; aun­que por lo que concierne a nuestro país, las fronteras defi­nitivamente delimitadas en la Paz de los Pirineos de 1659 no sufrieron modificación alguna.

Lo esencial de la política postnapoleónica en el continente fue la restauración del Antiguo Régimen, sobre el ideario del legitimismo y bajo la garantía de la Santa Alianza, que era la cobertura ideológica de la coalición que habían formado las potencias vencedoras de Napoleón, para man­tener el absolutismo.

España, cuyo papel en la derrota de Napoleón fue decisivo, no formó parte del grupo de países que tomaba las decisio­nes en la Santa Alianza, aunque formara parte de ella por decisión secreta del rey Fernando VII.

           La política de Fernando VII de restauración absolutista, independien­temente de sus tendencias o preferencias personales, estaba en línea con la que, con la excepción de Inglaterra, se practicaba en toda Europa. No es descartable por tanto que, de haber jurado el monarca la Constitución de Cádiz e instaurado un régimen liberal en España, este hubiera sido sofo­cado inmediatamente por la Santa Alianza, tal como haría algunos años más tarde para acabar con el Trienio Liberal (1820-1823).

    La Guerra de la Independencia deterioró hasta límites extremos la situación de España, hasta quedar reducido nuestro país a la condi­ción de potencia de segunda o tercera categoría. En la Guerra de la Independencia se iniciaron los movimientos independentistas en América, todos ellos bajo el signo del liberalismo.

LA PRIMERA RESTAURACIÓN ABSOLUTISTA (1814-1820)

La restauración del absolutismo provocó una escisión entre los españoles. En las Cortes de Cádiz esta tendencia era ya evidente, pero minoritaria porque se reducía estrictamente a los diputados presentes en las sesiones de discusión y trabajo. Sin embargo, tras el regreso de Fernando VII Espa­ña se polarizaba en dos bandos: el de la tradición -el absolutismo en este caso- y el del progreso en cualquiera de sus manifestaciones, que en aquel momento representaba el liberalismo. Por primera vez se iniciaba la represión sistemática del adversario político, la depuración de la administración y el destierro.

Consecuencia inmediata del golpe de Estado fue la represión. Se procedió a la detención y juicio tanto de los afrancesados como de los liberales, acusados respec­tivamente de traición y de conspiración contra el Rey. Como los Tribunales no pudieron concretar las acusaciones, no establecidas corno delito en la legislación del Antiguo Régimen, fue el propio Rey quien tuvo que dictar sentencia: destierro y confiscación de propiedades para los ministros consejeros, militares y funcionarios que habían colaborado con José I y pri­sión o destierro y confiscación de bienes para 51 diputados. ministros o regentes liberales encarcelados, de los 100 que habían sido procesados. Otros muchos habían conseguido huir en las primeras sema­nas de represión. Mientras que en 1818 Fernando VII atenuó las medidas contra los afrancesados y restituyó sus propiedades a los familiares, la persecución contra los liberales se mantuvo hasta 1820. fecha hasta la cual ni unos ni otros pudieron regresar a España.

En realidad, el trato recibido por los afrancesados fue diferente en función de su implicación en el gobierno de José I. Quienes justifica­ron su apoyo a los franceses por la imposibilidad de victoria o con argumentos providencialistas, y enviaron solicitudes de perdón al Rey (hombres como Llorente, Reinoso o el obispo Félix Amat) no fueron atendidos. Mucho menos lo fueron los políticos y militares que. de forma expresa y pública, habían aceptado el gobierno josefino y se implicaron en él (Azanza, Cabarrús y Urquijo, entre otros). Proceden­tes de las filas del viejo despotismo ilustrado, eran partidarios de refor­mas, pero no liberales; pensaban que había que enfrentarse a la anarquía que para ellos significaba la rebelión popular. Situados entre los absolutistas intransigentes y los liberales, eran sinceros patriota, pero su programa era ya anacrónico, y resultó un fracaso completo que pagaron con el destierro y la confiscación de sus bienes. Diferente trato recibieron los funcionarios que habían jurado fidelidad al nuevo Rey para mantener sus empleos: la mayoría de ellos fueron excluidos de las medidas represivas de Fernando VII.

En consonancia con el Antiguo Régimen, Fernando VII gobernó mediante sucesivos ministerios, en permanente inestabilidad politica ante la falta de coherencia en la línea a seguir y la incapacidad de los consejeros del Rey para gobernar un país que, quisieran o no. ya no podía ser gobernado como antes. El auténtico gobierno en la sombra lo constituía la camarilla, formada por hombres de confianza del Rey: clérigos, aristócratas reaccionarios y consejeros que impedían cual­quier cambio que, por leve que fuera, permitiera al régimen sobrevivir. El resultado fueron seis años caóticos, en los que los problemas se fueron agravando hasta provocar el triunfo del golpe militar de 1820.

Una serie de graves problemas acabó por dar al traste con el régimen absolutista. En primer lugar, en toda Europa se produjo una caída de los precios gracias a una racha de buenas cosechas. Tal si­tuación incidió sobre un país arruinado tras 5 años de guerra e incapaz de reconstruirse, con un mercado nacional que seguía siendo inexistente, y un comercio colapsado por el hundimiento de la producción industrial y la pérdi­da del mercado colonial. Esta situación coincidió con una serie de factores que agravaron la situación en el campo: la restitu­ción de sus bienes a la nobleza y a la Iglesia; la vuelta de la Mesta, que forzaba a los campesinos a abandonar las tierras recién rotu­radas para volverlas a convertir en pastos; y el restablecimiento de los derechos jurisdiccionales (en la práctica, porque el decreto de las Cortes de 1811 quedó sim­plemente en suspenso). Todo ello hizo subir la tensión en las zonas agrarias, hasta desencadenar sucesivos movimientos de protesta. Eso explica porqué los campesinos apoyaron en 1820 el golpe de Riego.

El descontento no se limitó al campo. Se extendió también pau­latinamente entre los grupos sociales urbanos, a causa de la re­presión política, del hundimiento económico, de la pérdida del comercio colonial (como conse­cuencia del movimiento indepen­dentista americano) y del paro subsiguiente, que afectaba a los sectores burgueses y al naciente proletariado.

Una institución especialmente sensible fue el ejército. El gobierno fernandino se vio ante la imposibilidad de recompensar a los militares tras el esfuerzo de guerra. la negativa a integrar a los jefes guerrilleros en el ejérci­to, el retraso en el pago de soldadas, las míseras condiciones de vida en los cuarteles. y. sobre todo, el envío de tropas a América para intentar sofocar la rebelión independentista multiplicaron el malestar. No debemos olvidar  que el pronunciamiento de Riego en 1820 se produce precisamente entre las tropas preparadas para embarcar hacia las colonias.

Pero el principal problema de los débiles gobiernos fernandinos era, sin duda, la quiebra financiera del Estado. Los sucesivos minis­tros de Hacienda se encontraron con la imposibilidad de gestionar unos ingresos medios de unos 650 millones de reales anuales para unos gastos corrientes de 850, más la amortización e intereses de una deuda que ascendía a 12.000 millones. A los gastos ordi­narios había que sumar la re­construcción tras la guerra y los enormes gastos militares necesa­rios para sofocar el levantamiento colonial. Sucesivos ministros fracasaron en su intento de reequilibrar la situación de la Hacienda al borde de la bancarrota. Los expertos eran conscientes de que la causa del problema estribaba en que la mayor parte de las tie­rras del país no estaba gravada con impuestos, pero una y otra vez tropezaron con la negativa del clero y de la nobleza a pagar tri­butos, Oposición para la que con­taban con el total respaldo de un Rey que prefirió cambiar ministro tras ministro sin encontrar solución al problema.

La dureza de la reacción absolutista obligó a los liberales a decidir entre:

a) Marchar al exilio. Esta fue la actitud de millares de liberales, e inclu­so de los afrancesados, mucho más moderados que aquellos. Con este éxodo -el tercero-, se reproduce de nuevo el espectáculo del exilio de los judíos y de los moriscos, disfrazado entonces de expulsión étnica; al mismo tiempo que asistimos al primer gran exilio político moderno de la historia de España. El último tendría lugar inmediatamente des­pués del triunfo del general Franco en la Guerra Civil

b) Pasar a la clandestinidad. Así obraron quienes eran conscientes del peligro de la represión y del escaso apoyo popular con que contaba el liberalismo. Por esto pensaron que el triunfo de sus ideas depen­día de la actitud del ejército. Convencidos de esta realidad, iniciaron sus maniobras conspirativas para imponer, por la vía del pronuncia­miento militar, la causa liberal por la que habían combatido duran­te la guerra contra los franceses.

c) El atentado político. Aunque es menos conocido este aspecto, tam­poco faltaron los intentos de imponer la solución liberal eliminan­do al principal obstáculo: Fernando VII. En 1816 tuvo lugar un intento de asesinato del Rey en un burdel de Madrid, a donde acu­día con bastante frecuencia en sus escapadas nocturnas. Fracasada la operación, los implicados fueron ejecutados.

d) Ganarse el aprecio del nuevo régimen. Este fue el caso de quie­nes intentaron lavar su imagen, para hacerse perdonar el papel desempeñado durante la guerra, o su colaboración o simpatía con José I Bonaparte. El más ilustre de todos, Francisco de Goya, teni­do por afrancesado, pintó después de acabada la guerra sus dos cua­dros más significativos: La carga de los mamelucos y Los fusila­mientos del 3 de mayo, muy lejos ya de los años en que se produjeron los hechos. De poco le valió aquella demostración de patriotismo y de simpatía por la causa española: el viejo pintor tuvo que emprender también el camino del exilio. Lejos de su país, falleció en Burdeos en el año 1828.

LOS PRONUNCIAMIENTOS

El pronunciamiento es una proclamación política por par­te de unos pocos militares, a veces uno solo, para cambiar el rumbo político en España. Con los pronunciamientos se abre un peligroso camino en nuestro país, al quedar demos­trado que la intervención mili­tar era también un medio para propiciar los cambios, o para conseguir el poder más rápida­mente y con menos complica­ción que siguiendo la vía legal o los procedimientos demo­cráticos. Los autores del pronuncia­miento contaban a menudo con el apoyo de algún grupo social, político o económico, con influencia suficiente para lograr el cambio.El pronunciamiento fue siem­pre obra de una minoría, sean cuales fueren las simpatías que suscitara entre las mayorías. La finalidad de los pronuncia­mientos era por lo general unánime: el cambio político, aunque no lo fueran tanto los motivos. Así, mientras los libe­rales pretendían cambios de ti­po político, la oligarquía terra­teniente y de los negocios los pretendía de índole económi­ca. Los militares, que eran los ejecutores materiales de los pronunciamientos, buscaban frecuentemente gloria perso­nal y ascensos en el escalafón.

En el período comprendido entre 1814 (el regreso de Fernando VII) y 1819 se produjeron varios pronunciamientos liberales, que al final fracasaron todos. Los más importantes fueron los de:

- Espoz y Mina se levantó en Pamplona en septiembre de 1814 con­tra el absolutismo fernandino, intentando cambiar la voluntad del Rey hacia una solución liberal. El movimiento fracasó y Espoz y Mina tuvo que refugiarse en Francia.

- Menos suerte tuvo Díaz Porlier, otro héroe de la Guerra de la Inde­pendencia y declaradamente liberal. El antiguo guerrillero, que había sido la pesadilla de los franceses en la región noroeste de España, fue ahorcado tras el fracaso de su pronunciamiento a favor de la Constitución de 1812.

- La Conspiración del Triángulo, al parecer de inspiración masóni­ca, tuvo lugar en 1816, y tenía como objetivo secuestrar al Rey para obligarle a jurar la Constitución de 1812. Este hecho será el antece­dente más inmediato del alzamiento del coronel Riego en 1820.

- Los generales Lacy y Milans del Bosch se pronunciaron en Barce­lona, donde se contaba, al parecer, con el apoyo de un amplio sector de la burguesía catalana. El pronunciamiento fracasó, siendo su pri­mera consecuencia la condena a muerte de Lacy por parte del pro­pio general Castaños, el otro héroe de la Guerra de la Independencia y vencedor de los franceses en Bailén. Este Último episodio es tal vez el testimonio más elocuente de la división entre los españoles que se inicia a partir de las Cortes de Cádiz, escisión que no dejaría de incre­mentarse durante los siglos XIX y XX:, cuando, sobre este sustrato inicial, se sobreimponga el dramatismo de la lucha de clases.

- La última conspiración fracasada, la de 1819, tuvo lugar en Valen­cia, y, aunque fue reprimida con cmeldad inaudita, no se lograría por ello evitar el alzamiento exitoso del coronel Riego en Cabezas de San Juan, el año siguiente.

-  EL PRONUNCIAMIENTO DEL GENERAL RIEGO:

El 1 de enero de 1820. el teniente coronel Rafael Riego al man­do de un cuerpo de ejército se sublevó en Cabezas de San Juan contra el régimen absolutista impuesto en España desde el regre­so de Fernando VII. Las tropas se encontraban acantonadas en esta localidad sevillana esperando ser embarcadas hacia Améri­ca para sofocar el movimiento independentista, que, aunque ya había obtenido triunfos importantes en Boyacú (1819), Maipú (1817) y Chacabuco (1818), todavía no había conseguido los decisivos de Carabobo, Pichincha y Ayacucho (todos ellos posteriores a 1820), que decidieron el fin de la presencia española en la América continental. Se ha especulado mucho acerca del papel que pudo jugar la masonería en el levantamiento de Riego. Que el intento de Riego triunfara fue más bien consecuencia de factores ajenos al propio golpe. Pasaron dos meses entre el pronunciamiento y el triunfo de la revolución, dos meses en los que Riego emprendió una marcha a la desesperada proclamando la Constitución por toda Andalucía sin obtener demasiados apoyos. El golpe triunfó gracias al apoyo de otras guarniciones (la Coruña, Barcelona, Asturias, etc.) y, sobre todo, a la irritación campesina por la situación económica, que se expresó en levantamientos por todo el país que contribuyeron a atemorizar al gobierno de Fernando VII.

El levantamiento triunfó definitivamente cuando el ejército enviado por el Gobierno para combatir la sublevación se pronunció también en Ocaña (Toledo) a favor de la Constitución de 1812.La primera medida política de las nuevas autoridades fue la reimplanta­ción de la Constitución de Cádiz de 1812 y la puesta en vigor de los prin­cipios que proclamaba, especialmente las libertades de expresión, de reunión y de asociación. Esta última permitió la aparición de las llamadas sociedades patrióticas, que eran en realidad grupos informales de libe­rales, que discutían libremente (generalmente en cafés y en otros lugares públicos) los problemas del país y los principios del liberalismo. Este hecho es importante, dado que las sociedades patrióticas representaban la plataforma básica a partir de la cual iban a surgir los partidos políticos modernos. Siendo esto importante, las sociedades fueron también desde el primer momento un instrumento de formación política del pueblo menos ilustrado para neutralizar su proclividad hacia el absolutismo.

2-EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823)

Las canciones revolucionarias:

 el Himno de Riego y el Trágala. 

Himno de Riego

"Serenos, alegres. valientes, osados, cantemos, soldados, el Himno a la lid.

Y a nuestros acentos el orbe se admire, y en nosotros mire los hijos del Cid.

Soldados, la Patria nos llama a la lid; juremos por ella vencer o morir

Blandamos el hierro, que el tímido esclavo, del libre, del bravo la faz no osa ver.

Sus huestes cual humo veréis disipadas, y a vuestras espadas fugaces correr.

Soldados, la Patria...

¿El mundo vio nunca más noble osadía? ¿Lució nunca un día más grande en valor que aquel que inflamados nos vimos del fuego que excitara en Riego de Patria el amor?...

El Trágala

"De los pellejos de los serviles

hemos de hacernos portafusiles y al que le pese que roa el hueso y un cordelito

para el pescuezo.

Trágala, trágala, trá~ala, trá~ala... (bis)

 Tragala. faga fa tú, servilon, trágala, trágala... fbis) tú que no quieres constitución.

Se acabó el tiempo en que se asaba cual salmonete la carne humana.

Los liberales dicen a eso al que le pese que roa el hueso

Inmediatamente después de las primeras medidas de la Junta de Gobierno, esta dio paso a la formación de un gobierno liberal del que formaron parte algunos personajes que habían participado en la elaboración de la Constitución de 1812, a la sazón presos en las cárceles de Fernando VII. Éstos, por extraño que parezca, eran el sector más moderado del nuevo Gobierno, y los más decididos a aceptar a Fernando VII como rey constitucional. Serían los llamados mode­rados o doceañistas, partidarios de pactar con la Corona para implicada en el proceso reformista. Argüelles, Martínez de la Rosa y Toreno eran los personajes más representativos de esta tendencia. Pero junto a ellos surgieron los exaltados o veinteañistas, para quienes la Constitución gaditana había quedado obsoleta y era preciso reformada en un sentido más progresista o escorado hacia la izquierda. La base social de los veinteañistas eran las clases medias urbanas y la oficialidad del ejército, siempre proclives a soluciones radicales que con­dujeran a la desaparición de! Antiguo Régimen.

Las tendencias que se señalan, moderada y exaltada, revisten suma impor­tancia, porque a partir de la brecha abierta en este momento en e! campo liberal empiezan a delimitarse con bastante claridad las dos grandes corrientes ideológicas de la España contemporánea, la derecha y la izquierda, que por evolución y con las lógicas adaptaciones al imperativo de los tiempos van a configurar los partidos que vertebrarán la vida polí­tica española hasta nuestros días.

La política del Trienio, a pesar de que intentaba liquidar el Antiguo Régimen, se llevó a cabo con relativa moderación, diseñándose en este caso un modelo de transición que, con las lógicas diferencias y adap­taciones, se aplicaría en varias ocasiones. La última de ellas en el últi­mo tercio del siglo xx durante la transición del franquismo a la demo­cracia. En la de 1820 se trataba de implicar al monarca en el proceso de cambio, contando con el concurso del sector más modera­do de la oposición política -los doceañistas en este caso- encarcela­dos hasta el momento de la transición por el régimen absolutista fer­nandino. Se vinculó incluso a las fuerzas económicas y políticas del viejo sistema, es decir, a la aristocracia, al proceso de creación del Nuevo Régimen, garantizándoles previamente la propiedad privada de sus dominios feudales o señoriales y su preeminencia política en el Senado, que era realmente una segunda Cámara en las Cortes que les permitía filtrar las decisiones de la Cámara Baja o Congreso (el verda­dero depositario de la soberanía nacional) cuando fueran contrarias a sus intereses.

El liberalismo moderado. que había actuado con tanta diligencia para garantizar los bienes de la aristocracia, previa transformación jurídica de los mismos (los dominios feudo-señoriales o bienes vinculados fueron convenidos en propiedad libre), no hizo lo mis­mo con la Iglesia, contra la que se dictaron una serie de disposiciones contrarias a su estatus tradicional, incluidas algunas leyes desamortizadoras, la expul­sión de los jesuitas y la reducción del clero a las leyes comunes.

Una fuente de inestabilidad también fué la actitud involucionista del Rey. Expresada a través de los nombramientos de ministros absolutistas. del veto a determinadas leyes y de la des­ confianza ante los ministros libe­rales, que llegó incluso a hacer pública en 1821 ante las Cortes. Al cabo de pocos meses comenzó a pedir secretamente una intervención extranjera que le restaurara en su poder absoluto. Los liberales, por su parte. desconfiaban también del Monarca y de su gobierno. En la práctica. la contradic­ción constitucional entre el derecho del Rey a nombrar libremente a sus Ministros y la obligación de éstos de responder ante las Cámaras, ocasionó continuos conflictos y cambios de gobierno.

A esta inestabilidad gubernamental se sumó la presión en la calle, tanto de radicales exaltados, a través de las Sociedades Patrióticas, como de la reacción absolutista, que produjo levantamientos y provo­có la resistencia guerrillera, sobre todo en el Norte. Todos los testi­monios de la época hablan de continuas manifestaciones. algaradas en las calles y en locales públicos (cafés, teatros), con enfrentamien­tos entre partidarios radicales y las fuerzas militares. La proliferación de prensa exaltada, las canciones populares y la sátira florecieron en un clima de intolerancia hacia los llamados serviles, ante la inoperan­cia del gobierno, lo que contribuyó a alimentar la contrarrevolución.

La Legislación reformista del Trienio: A lo largo de estos tres años las Cortes aprobaron una legislación reformista que tenía la intención de acabar con el Antiguo Régimen. En el terreno agrario, se emprendió una legislación dirigida a favore­cer más a los propietarios rurales y urbanos que al campesinado cuya decepción fue determinante para explicar la caída del régimen en 1823. Entre las principales medidas destacan:

* la supresión de la vinculación de la tierra en todas sus formas (mayorazgos, tierras eclesiásticas y comunales);

* la desamortización de tierras de propios y baldíos, con el doble pro­pósito de proporcionar tierras a militares retirados y labradores, v destinar los fondos a amortizar la deuda del Estado. Fue un fracaso: las tierras fueron a parar a los propietarios, aumentando su poder, y se recaudó mucho menos de lo esperado;

* la desamortización eclesiástica: tierras de conventos. que casi no hubo tiempo de llevar a la práctica;

* la reducción del diezmo a la mitad: los diputados no se atrevieron a eliminarlo por completo, para no arruinar a la Iglesia. lo que sólo consiguió provocar el descontento de los campesinos;

* el establecimiento de una contribución directa sobre la propiedad que debía aplicarse a partir de 1822;

* el restablecimiento del decreto de 1813 que declaraba la libertad de contratación. de explotación y comercialización de la producción agra­ria, lo que sirvió para que los propietarios revisaran al alza los viejos contratos.

Las consecuencias de esta política fueron negativas: no mejoró la situación campesina, se consolidó la gran propiedad, y originó el ali­neamiento campesino a favor de la reacción absolutista.

La política religiosa de las Cortes estuvo marcada por el anticleri­calismo y la defensa visceral del poder del Estado. Se exigió a los clé­rigos el juramento de la Constitución y el estudio de la misma en las escuelas (en manos de la Iglesia), así como su explicación desde los púlpitos, medidas que fueron rechazadas por los obispos. Volvieron a suprimirse el Tribunal de la Inquisición y la Compañía de Jesús, y, como ya hemos visto, también se decretó el fin de la vinculación de las tierras de la Iglesia. Pero la medida más importante fue la Ley de Supresión de  Monacales, sin duda la más polémica de todo el Trienio:

se disolvían todos los conventos regulares, menos los ocho de mayor valor histórico y artístico; las órdenes pasaban a depender de los obis­pos; se prohibía aceptar nuevos novicios, y se desamortizaban sus bienes para venderlos y amortizar deuda. Apenas tuvo tiempo de apli­carse. La consecuencia de toda esta legislación fue el enfrentamiento con la Iglesia, que pasó a apoyar decididamente la vuelta al absolutis­mo y a la vieja alianza entre el Altar y el Trono.

Otro aspecto de la legislación reformista fue la reorganización militar y policial, encaminada a satisfacer las reivindicaciones milita­res y a garantizar la defensa de la Constitución. La Ley Orgánica del Ejército establecía su subordinación al poder civil, una mejor instruc­ción, un sistema de ascensos más ágil, una mejora en los sueldos y el principio de desobediencia a toda orden que tendiera a atentar contra el orden constitucional. Se restableció la Milicia Nacional, con el obje­tivo de contar con un cuerpo de defensa de la Constitución y de apoyo al ejército en caso de guerra. Por su parte, la Ley de Orden Público establecía garantías para la defensa del nuevo orden constitucional. De todo ello, la consecuencia más significativa fue la legitimación de la participación del ejército en la vida política, que traería funestas consecuencias en la historia posterior de España.

La reforma educativa, pendiente desde 1808, se abordó a través del Reglamento General de Instrucción Pública, que establecía la secu­larización de la enseñanza como principio, la centralización del siste­ma educativo, su extensión gradual, su ordenación en tres niveles (primaria, secundaria y superior), y la regulación de la enseñanza pri­vada. Prohibía los castigos corporales y la educación mixta.

El problema de la Hacienda se afrontó asumiendo la deuda del gobierno anterior e ideando una reforma a medio plazo. Mientras tanto se tomaron medidas de urgencia para afrontar la situación a corto plazo. Así, se procedió a una devaluación y a un recorte de los gastos, y posteriormente se suscribieron créditos en el extran­jero para invertir en obras públi­cas, completamente abandonadas desde la guerra. El sistema defini­tivo, que debía entrar en vigor en 1823, se basaba en la Contribución Territorial Unica y Directa, un impuesto sobre la propiedad de la tierra, y en los llamados con­sumos, o impuestos indirectos. Posiblemente hubiera comenzado a resolver el problema, pero no llegó a ponerse en vigor a causa de la invasión francesa. Los libe­rales del Trienio también decep­cionaron en materia fiscal. Para reducir la carga se procedió a rebajar el diezmo a la mitad, pero esta medida ni alivió demasiado a los campesinos ni permitió un respiro al gobierno, que no podía eliminar aquél sin previamente fijar el nuevo sistema de impuestos. Lo que consiguió fue irritar a los campesinos, que ya habían dejado espontáneamente de pagar a la Iglesia. y que se encontraron con que debían seguir pagando y además también con la amenaza del nuevo sistema de impuestos.

 

  CAUSAS DEL FRACASO  DEL TRIENIO

El Trienio no fue sino un paréntesis en la restauración absolutista y ello se debió a una serie de problemas internos y a la intervención extranjera:

**Problemas Internos: La política de orientación modera­da provocó, por una parte, el descon­tento de los sectores más extremos de la derecha (los absolutistas) y por otra, la repulsa de la izquierda (los liberales exaltados o veinteañistas). En definitiva, las con­secuencias que se derivaron fueron de diversa naturaleza: sociales y económicas, por una parte, y políticas, por otra.

- Las consecuencias sociales y económicas resultaron en cualquier caso negativas. La desa­mortización de bienes de la Iglesia, además de acrecentar el patrimonio de las clases poseedoras agravó considerablemente las condiciones de vida de la población campesina, habida cuenta de que al cambiar de manos la propiedad, antes vin­culada y ahora privada, se alteraron también los antiguos modos de producción y las formas de explotación, que ahora eran ya decididamente capitalistas. Las condiciones de los campesi­nos, en lugar de mejorar, empeoraron, lo que hizo que se inclinaran hacia las tesis absolutis­tas, que eran también las que compartía la mayor parte del clero, igualmente perjudicado por la política desamortizadora del Trienio.

- Las consecuencias políticas fueron graves, a pesar de cuanto tie­ne de positivo el primer ensayo liberal. Los liberales se escindieron definitivamente a partir del inicio del Trienio, separándose los que hicieron la revolución de 1820 -los exaltados-, de quienes se iban a beneficiar de ella, es decir, los moderados y las oligarquías del Antiguo Régimen, reconvertidas ahora en liberales, y asociadas a la nueva situación. Por esta causa procedieron los moderados a disolver inmediatamente las juntas (dominadas por los exaltados) ya desarmar al ejército revolucionario. Incluso al propio Riego se le ordenó la disolución de sus tropas, siendo después destituido, encarcelado y finalmente ejecutado en 1823.

El propio rey Fernando VII, que en correspondencia privada no dejaba de solicitar la intervención de la San­ta Alianza para restablecer el absolutismo( también por medio des u labor obstruccionista en las cortes), no logró detener, a pesar de todo, los movimientos absolutistas, descontentos con los moderados por causa de la políti­ca llevada a cabo en relación con la Iglesia.

Aunque se produjeron varias intentonas absolutistas, sólo dos de ellas fueron realmente importantes, a saber:

a) En 1822 se produjo la sublevación de la Guardia Real. que pudo ser sofocada gracias a la intervención de las milicias urbanas armadas por los propios ayun­tamientos. Este hecho revestirá una importancia extraordinaria, pues a partir de ahora las milicias urbanas van a ser el más firme baluarte del progresismo español durante el siglo XIX, y el elemento más acti­vo a la hora de imponer cualquier opción de izquierda.

b) La Regencia de Urgel, en el verano de 1822, es otro hecho notable de la reacción absolutista, de entre los varios que se produjeron en diferentes puntos del territorio español: en Cataluña, Valencia, Nava­rra y el País Vasco, especialmente. En Cataluña, en la ciudad lerida­na de la Seo de Urge!, se estableció la mencionada regencia, que per­maneció durante cuatro meses intentando reponer en el absolutismo al rey Fernando VII, esclavizado por la Constitución, según ellos.

**Intervención extranjera: Para entonces, las potencias europeas que formaban la Santa A1ianza, en su Congreso de Verona (octubre de 1822) ya habían decidido intervenir para acabar con el experimento revolucionario español. Hay que tener en cuenta que la revolución española de 1820 había provocado una oleada expansiva en todo el sur de Europa inclu­yendo Portugal y Nápoles, donde los revolucionarios habían procla­mado, lisa y llanamente, la Constitución gaditana. Sofocados estos brotes revolucionarios, era preciso extirpar el ejemplo liberal español. Con la abstención de Inglaterra, que obtuvo garantías de que la inter­vención no se extendería a las colonias de América se encomendó a Francia la operación militar. Tras varios meses de preparativos y discusiones en la Asamblea fran­cesa, el ejército francés los lla­mados Cien Mil Hijos de San Luis,  con el refuerzo de 35.000 voluntarios realistas entró en España (abril de 1823) y recorrió sin apenas oposición. la Penín­sula. En octubre liberaban al Rey en Cádiz devolviéndole su poder absoluto.

3-LA DÉCADA OMINOSA (1823-1833)

Los historiadores han convenido en denominar de esta manera al último período del reinado de Fernando VII, caracterizado al principio por la represión contra los liberales, y, al final por una atenuación de la misma. Esta última actitud aplacaba aparentemente los ánimos, aunque en realidad sólo aplazaba el desbordamiento de las tensiones existentes entre el absolutismo y el liberalismo, que no tardarían en desatarse en las guerras carlistas que estallaron inmediatamente después del fallecimiento del Rey. A partir de 1823, la represión se tradujo especialmente en la depuración de los oficiales del ejército, jueces, funcionarios, etc., y de cuantos hubieran colaborado con el gobierno del Trienio Liberal, o simplemente fueran sos­pechosos de liberalismo. Su número sobrepasó ampliamente las 80.000 per­sonas, incluidos civiles y militares.

Ya desde la entrada de los franceses se formaron primero una Junta Provisional y, semanas después, una Regencia. que actuaron en nombre del Rey, aún «preso» del gobierno liberal. Las medidas tomadas, que serán luego ratificadas por Fernando VII, tuvieron corno objetivo doble la vuelta al Antiguo Régimen y la represión indiscriminada de los liberales. Entre esas medidas, destacan: la restitución de los Ayuntamientos de 1820; la revocación de todos los nombramientos y ascensos civiles y militares producidos durante el Trienio; la restaura­ción del sistema fiscal tradicional; el restablecimiento del diezmo y la disminución del subsidio que la Iglesia pagaba al Estado; la anulación de las desamortizaciones y de la supresión de órdenes monásticas; y la restauración del régimen jurisdiccional en toda su extensión. Fernando VII, en su Decreto de 1 de octubre, ratificó estas medidas y declaró nula toda la legislación del Trienio.  Las medidas represivas, igualmente respaldadas por Fernando VII, renovaron la persecución en todos los ámbitos de liberales y refor­mistas de todas las tendencias. En el ejército se organizaron Comisiones Militares, que procesaron a todos los miembros de aquél que desempeñaron papeles importantes durante el Trienio. las Comi­siones estudiaron un total de 1.094 casos; se ejecutó a 132 de los procesados (incluido Riego), y se envió a presidio a otros 435. Se trataba de desmantelar la oficialidad al completo, en la que Fernando VII yano podía confiar. Las Juntas de Purificación, por su parte, fueron las encargadas de depurar a todos los funcionarios, empleados públicos y profesores de tendencia liberal. Su acción fue rigurosa, suspendiendo de sueldo a los sospechosos y emprendiendo una auténtica caza de brujas, que con­denó a muerte, a la cárcel y a la expropiación a miles de personas que habían colaborado más o menos activamente con los gobiernos del Trienio. Muchos de los represaliados optaron por el exilio antes de ser depurados.

En cuanto a la Inquisición, fue sustituida por las llamadas Juntas de Fe, que recibieron el encargo de censurar y vigilar todas las publi­caciones y opiniones para evitar cualquier tipo de propaganda li­beral.

Además de estas medidas, se creó el Voluntariado Realista, formado por partidarios del absolutismo más rígido, que susti­tuyeron a la abolida Milicia Nacional y actuaron agudizando la represión por su cuenta, en una oleada de «ajustes de cuentas» que recorrió todo el país. Fernando VII pidió, por otra parte, la permanencia de las tropas francesas en España para poder, mientras tanto, reconstruir el ejército. Hasta 1825 la represión fue durisima, a pesar de que en 1824 se aprobó un Decreto de Amnistía forzado por Francia, pero lleno de excepciones que lo hacían, de hecho, ineficaz. El Ministro de Justicia desde 1824, Calomarde, desempeñó un papel tristemente protagonista dirigiendo la repre­sión. Esta, aunque algo más lenta, burocrática y leve, continuó hasta 1828, en que amainó bastante. En total, se calcula que afectó a unas 80.000 personas.

    La vuelta al absolutismo no fue, sin embargo, idéntica a la de 1814. No podía ser igual por­que era ya evidente que había que introducir cambios si se quería mantener el Antiguo Régimen. Se empezó por crear el Consejo de Ministros en noviembre de 1823. Se emprendió una fuerte restricción de gastos y se introdujo un presupuesto formal, para intentar controlar la gestión de Hacienda. Se mantuvo la definitiva abolición de la Inquisición, y. en conjunto. Fernando VII intentó mantenerse alejado de los absolutistas más radi­cales, contando incluso con algunos ministros que como Cea Bermúdez o López Ballesteros, eran claramente reformistas. Incluso la moderación de la represión desde 1825 se adoptó ante la evidencia de que estaba suponiendo la eliminación de los funcionarios v técni­cos más cualificados de la Administración.

Esa línea política sirvió para dividir al absolutismo en dos ban­dos cada vez más enfrentados. Originó levantamientos realistas v generó la reivindicación del trono para el hermano del Rey, el infante don Carlos, reaccionario convencido (Carlos María Isidro de Borbón, se convertirá en el representante del absolutismo más intransigente, y en defensor del legitimismodinástico frente a los derechos de su sobrina Isabel, cuando ésta nazca en 1830.)

. Pero, además la tibia moderación del régimen fue inútil, por cuanto el gobierno siguió siendo incapaz de arreglar los problemas del país y del Estado.

La crisis económica continuó agravándose en todos los campos. En la agricultura, por la persistente caída de los precios. La vuelta de la Mesta, la renovada presión fiscal y la falta de mercados, pese a que continuaban prohibidas las importaciones de grano. En la industria, algunas medidas, como la Léy de Minas. intenta­ban impulsar la producción. pero en conjunto seguían faltando las bases para un despegue indus­trial: no había capitales. ni inver­sores, ni estabilidad política ni un sistema fiscal que animara a los empresarios a arriesgar su dinero. Sólo la industria textil catalana apunta en estos años un ligero crecimiento. al reorientar sus exportaciones al mercado europeo y hacia el interior. ini­ciando un tímido avance hacia un mercado nacional. En cuanto al comercio, el hundimiento del mercado colonial supuso un auténtico mazazo. pero tuvo la ventaja de orientar los capitales repatriados desde América a inversiones en la Península. En 1829 se aprobó el código de Comercio, una normativa relativamente avanzada que constituyó, junto a la creación de la Bolsa en 1831, la única aportación impor­tante de la década en el terreno legal.

    El gobierno se mostró incapaz de abordar el problema de la Hacienda, a pesar de los intentos bien enfocados de López Ballesteros. Rechazada continuamente la propuesta de hacer tributar a los esta­mentos privilegiados, al menos consiguió que se disminuyeran los gastos y que los ministerios se atuvieran a un presupuesto durante algunos años, hasta que en 1827 la insurrección realista obligó a dis­parar el gasto militar, colapsando de nuevo la Hacienda. El Tesoro se mantuvo durante esos años gracias a los préstamos exteriores, conseguidos con intereses elevadísimos a causa de la negativa de Fernando VII a reconocer la deuda contraída por los ministerios del Trienio. En conjunto, en 1830 la deuda no había sido amortizada más que en un 7%, mientras que se había multiplicado por siete la deuda exterior, la bancarrota era poco menos que inevitable.

El mayor foco de tensión de la década le vino a Fernando VII desde su derecha. Los llamados realistas, partidarios del absolutismo más cerril, criticaban el talante del Rey, a su juicio demasiado moderado, la lentitud de la represión, el no restablecimiento de la Inquisición, el decreto de amnistía y el hecho de que se mantuviera en altos cargos a ministros sospechosos de moderantismo. Poco a poco los realistas fueron radicalizando sus posturas y comenzaron a apoyar la candidatura al trono del hermano del Rey, don Carlos, que conspiraba abiertamente por la Corona. En 1826 aparecen nuevos movimientos guerrilleros en el Norte, formados por campesinos y dirigidos por militares descontentos y clérigos ultrarreaccionarios. Tras la aparición de un Manifiesto de los Realistas Puros en 1826, que apoyaba el relevo en el Trono, en 1827 estalló una insurrección gene­ral en el Pirineo catalán, la llamada Guerra de los agraviados, que lle­garon a controlar varias plazas importantes. La gravedad de la situación llevó al propio Rey a viajar a Cataluña. En octubre fueron finalmente vencidos, y ejecutados sus dirigentes. Pero la ruptura en el bando absolutista se hizo definitiva. Los realistas más radicales pasaron a apoyar abiertamente al príncipe don Carlos: era el comienzo del  carlismo.

A partir de 1830 vuelven a producirse conspiraciones animadas en parte por el triunfo de la revolución en Francia .Las intentonas son abortadas, tanto la de Espoz y Mina en el Norte como la del  general Torrijos, que es apresado y ejecutado en Málaga tras ser engañado por el gobernador de la ciudad. En 1831, sin embargo es evidente que el régimen ya no puede sostenerse: la Hacienda está en  quiebra, la disidencia en la Corte cristaliza en torno a don Carlos, vuelven las protestas en la calle y el descontento campesino va en aumento.

      La política relativamente moderada del Rey, no consiguió atraerse a los liberales, aunque le acarreó la animadversión de los absolutistas intransi­gentes -los voluntarios realistas-, que, aunque pudieron representar en principio una fuerza para la contención del liberalismo, se convirtieron a la larga en el principal problema del Rey, al que acusaron de tibieza, " cuando no de connivencia con los liberales.

La revuelta absolutista más importante fue la llamada de los agraviados o malcontents, que prendió en algunas comarcas de la Cataluña central, especialmente en Manresa, Cervera y la Plana de Vic. Los malcontents, que llegaron a contar con 30.000 personas armadas, pedían, además del restablecimiento de la Inquisición, el destierro de todos los militares y fun­cionarios sospechosos de liberalismo, e incluso de quienes no fueran considerados absolutistas puros. Contra lo que cabía esperar, Fernando VII actuó decididamente contra la rebelión absolutista ejecutando a todos sus cabecillas. Un hecho significativo fue el apo­yo que le deparó la burguesía catalana, que incluso pactó con el Rey la concesión de un préstamo a cam­bio de la fijación de unas tarifas arancelarias, lo que significaba en la práctica la iniciación de una política proteccionista favorable a la industria catalana.

Finalizando el reinado de Fernando VII se produjo en Francia la revolución liberal-burguesa de 1830, que se extendió inmediatamente por varios países de Europa (Bélgica, Italia, estados alemanes, Austria, Polonia...). Los ecos de esta oleada revolucionaria repercutieron también en España, donde reaparecieron algu­nos exiliados que creyeron hallarse en la coyuntura más favorable para la restauración del liberalismo. Algunos cabecillas fueron apresados en Andalucía y ejecutados posterior­mente, entre los que cabe mencio­nar a Manuel Torrijos y la dama granadina Mariana Pineda. A partir de aquí, y cerrada ya cual­quier solución, quedaba abierto el camino para el cambio de reinado y de régimen, aunque esto sucedería a partir de 1833, año del fallecimiento de Fernando VII.

 La no restitución de la Inquisición vino compensada con la creación de un cuerpo de policía que la reemplazó en gran medida, pese a que su activi­dad se encaminara preferentemente hacia la represión política, especial­mente del liberalismo.

Pasados los primeros momentos del nuevo período, Fernando VII renunció por esta vez a la restauración plena del absolutismo, convencido acaso de que era ya una vía agotada. Por eso optó por la vía más templada del despotismo ministerial, como si este no hubiera periclitado también en el Motín de Aranjuez de 1808. En realidad, esta última etapa del reinado de Fernando VII puede considerarse como de transición hacia la ins­tauración definitiva del Nuevo Régimen, que tendrá lugar tras su muerte. Este proceso se iniciará realmente durante la regencia de su esposa María Cristina de Barbón y culminará en el reinado de su hija y sucesora Isabel II.

LA CUESTION SUCESORIA: 

Fernando VII de España tuvo cuatro esposas pero solo la última, su sobrina María Cristina de las Dos Sicilias, le dió descendencia. No en vano, las dos hijas que tuvo con María Cristina, entre ellas la futuraIsabel II, se antojaron insuficientes para convencer a su hermanoCarlos María Isidro de Borbón de que no se entrometiera en el proceso de sucesión. Hasta entonces, todos los reyes desde la unión dinástica –salvo Carlos II «El Hechizado» que era estéril y Luis I y Fernando VI que reinaron muy poco tiempo– habían procurado dejar a su muerte al menos a un heredero varón. Una forma de evitar la problemática de hacer valer los derechos al trono de un heredero de género femenino, que, según el reglamento de sucesión impuesto por Felipe V, imposibilitaba a las mujeres a acceder a la corona, excepto en casos muy extremos. Los esfuerzos legales del Rey para anular esta situación llegaron tarde y mal.

Fernando VII no había tenido descendencia en sus tres primeros matrimonios.  En mayo de 1829 falleció la tercera esposa de Fernando VII, doña María Josefa Amalia, tímida de carácter, fecunda en su producción literaria y estéril en su matrimonio. El rey vio inmediatamente la posibilidad de tener descendencia, idea que siempre había mostrado y acariciado, si contraía un nuevo matrimonio. Los achaques que adolecía y la “avanzada edad de 45 años” le forzaron a tomar rápidamente la decisión.  Al ser desechada una princesa de Baviera y otra de Cerdeña la infanta Luisa Carlota propuso como candidata a su propia hermana María Cristina. Su juventud, 23 años, y el descender de una familia prolífica decidieron al Rey de inmediato a su favor. En diciembre de ese mismo año se celebró la boda en Aranjuez . Todos coincidían en alabar la alegría juvenil  de la nueva reina que contrastaba con "la grave sosera" de la Reina Amalia" y que explica en parte  la rápida y eficaz influencia que María Cristina alcanzó sobre el envejecido y achacoso Fernando VII. (Prematuramente envejecido, Fernando se enamora caprichosamente de la joven, a la que escribe una serie de cartas en las que se refiere a ella con expresiones de enamorado adolescente, como «pichón mío», «gachona», «resalada», «sol de mis ojos» o «¡cáspita, que novia tan buena que tengo!». A los pocos meses quedó embarazada, planteándose abiertamente el problema.

           

**La legalidad dinástica antes del matrimonio real era la siguiente: Felipe V, siguiendo la ancestral costumbre de los Borbones, había establecido la Ley Sálica en 1713. Las Cortes aprobaron en 1789 la vuelta a "la costumbre inmemorial" plasmada en las Partidas por la que "si el Rey no tuviera hijo varón, heredará el Reino la hija mayor" y pasaron su acuerdo al Consejo de Castilla para que se siguiera el trámite de la publicación mediante una Pragmática. Sin embargo, por razones de índole exterior (acontecimientos en Francia), el gobierno decidió aplazar hasta otro instante más oportuno la publicación de la misma.

**En 1830 Fernando VII, ante el embarazo de la reina,  mandó publicar en la Gaceta esta Pragmática Sanción, con lo que el infante don Carlos quedaba prácticamente excluido de la sucesión ya que el fututo hijo/hija sería el heredero. Los efectos políticos de la publicación de la Pragmática Sanción fueron indudables sobre todo cuando nació la futura Isabel II.

---Por un lado los realistas se opusieron porque confiaban en que Carlos seguiría o incluso reforzaría el absolutismo monárquico.

---Por su parte los liberales no se opusieron a la modificación del orden de sucesión porque éste era el único camino para lograr sus esperanzas de la liberalización del régimen.

**En 1832 el rey enfermó gravemente.. La reina se informó de la situación que podría crearse en el caso de la muerte del Rey entre la sucesión de su hija o evitar una guerra civil eligió la segunda posibilidad para lo que se preparó un decreto que debía permanecer en secreto hasta la muerte de Fernando VII, derogando la reciente Pragmática Sanción. Como ocurre frecuentemente, el decreto que debía haberse mantenido en secreto, se convirtió en un secreto a voces de tal forma que las noticias de la derogación sirvieron de acicate a los liberales que inmediatamente empezaron a desarrollar sus actividades y mover sus resortes con vistas a mantener la Pragmática Sanción por encima de todo para lo que empezaron a influir en la Reina.

**Una vez que el rey se restableció y que se contó con una fuerza militar adicta se cambió a todo el gobierno por uno nuevo presidido por el embajador de España en Londres don Francisco Cea Bermúdez. El nuevo gabinete ministerial, con el pleno apoyo de la Reina María Cristina, se planteó dos objetivos fundamentales:

1-Hacerse con el poder a todos los niveles y

2-Resolver el problema planteado con la firma del decreto derogatorio de la Pragmática Sanción.

    
 **El primer objetivo se logró sustituyendo cuidadosa y paulatinamente a todos los mandos militares y policiales que pudieran estar comprometidos con las ideas del infante don Carlos y desmontando los cuerpos de voluntarios realistas. Para proporcionar a la reina la fuerza que necesitaba en el caso de que los seguidores del infante intentaran actuar contra la situación nacida del golpe de estado, María Cristina concedió una amnistía general que supuso de hecho un pacto entre la reina y el liberalismo: la monarquía isabelina se asentaría con el apoyo de todos los liberales mientras que éstos realizarían sus ideales bajo la bandera de la legitimidad.

   
  **El segundo objetivo tuvo dos fases bien diferenciadas. En la primera de ella se buscó a una cabeza de turco en la persona de Calomarde. Para llevar a cabo la segunda fase se esperó a dominar plenamente todos los resortes del país. El 31 de diciembre de 1832 el Rey declaró públicamente que el decreto por el que había derogado la Pragmática Sanción era nulo y de ningún valor" al mismo tiempo que tachaba a los que habían sido sus ministros de desleales, ilusos, embusteros y pérfidos, defectos en los que él había sido un auténtico maestro. Esta declaración hizo posible que la infanta Isabel fuese jurada heredera por unas Cortes restringidas en mayo de 1833.

El 29 de septiembre de 1833 Fernando VII murió "definitivamente" dejando como herencia a su hija Isabel una guerra civil que ensangrentaría el territorio español y las bases para poder establecer un nuevo régimen: el liberal.

Surgieron dos grupos: por un lado los absolutistas moderados, aliados con los liberales y sectores de la aristocracia partidarios de las reformas políticas y económicas, que apoyaban a la nueva reina, en quien veían la única posibilidad de cambio. Por otro lado, los absolutistas intransigentes, que apoyaban a Don Carlos. Fernando VII, ya envejecido,  queriendo garantizar la descendencia en su futuro hijo o hija hace publicar el 29 de marzo de 1830 la PRAGMATICA SANCION , que eliminaba la Ley Sálica y restablecía la línea sucesoria de las Partidas, favorable a la sucesión femenina. Significaba poner en vigor una deci­sión aprobada por las Cortes de 1789, lo que, si bien era legal desde el punto de vista jurídico, no dejaba de ser una medida polémica, tenien­do en cuenta los años que habían pasado desde su aprobación. Protestada por los carlistas como un atentado a los derechos del infan­te don Carlos, se convierte en un conflicto de primera magnitud cuan­do en octubre nace la infanta Isabel, convertida en heredera.

En septiembre de 1832 se van a producir los llamados sucesos de la Granja, cuando sucesivas intrigas palaciegas, ante el lecho del Rey agonizante, consiguen que Fernando firme la supresión de la Pragmática. Pero, sorprendentemente, el Rey se restablece y vuel­ve a ponerla en vigor. Inmediatamente sustituye a los principales ministros carlistas, desterrando a Calomarde y sustituyéndole por Cea Bermúdez, al tiempo que la reina María Cristina es autorizada a presidir el Consejo de Ministros. Rápidamente se decreta la rea­pertura de las Universidades (cerradas en 1830 por Calomarde) y una amnistía general, que libera a los presos políticos y permite la vuelta de los exiliados. Los capitanes generales más intransigentes fueron sustituidos por mandos fieles a Fernando VII, y en abril Carlos abandonó la Corte y se trasladó a Portugal, antes de que Fernando le comunicara oficialmente su destierro. Mientras Cea buscaba apoyos para la regente y para su tímido proyecto reformis­ta, Fernando VII muere en septiembre de 1833. Con él muere también el absolutismo y se produce el estallido de la guerra civil, la primera guerra carlista.

AMÉRICA
4. La emancipación Americana

En el proceso de independencia se pueden distinguir dos grandes etapas:

1808-1814

Los territorios americanos se declararon independientes de la España napoleónica, pero mantuvieron sus lazos con las autoridades de Cádiz, enviando representantes a las Cortes.

Cuando Fernando VII fue repuesto en el trono, todas las colonias, excepto Argentina, volvieron a unirse a la Corona española.

1814-1824

La vuelta al absolutismo propició pronunciamientos militares que rápidamente derivaron hacia posturas independentistas entre los criollos. Esta deriva fue alentada por Inglaterra, que rápidamente se hizo con la influencia económica en la zona, y  por Estados Unidos.

Entre los caudillos independentistas sobresalen las figuras de San Martín y Bolívar. Las guerras de independencia siguieron una trayectoria compleja y culminaron con la derrota española en Ayacucho en 1824. Esta batalla puso fin a la dominación española en América. Sólo las islas antillanas de Cuba y Puerto Rico siguieron ligadas a la metrópoli.

Simón Bolívar planteó la alternativa de la unidad americana tras el fin del imperio hispánico. Los localismos, las mezquindades de los nuevos dirigentes, el atraso económico, las dificultades de comunicación, ayudados por las maniobras de Estados Unidos, llevaron al fracaso del ideal bolivariano y a la fragmentación política de la América hispánica.

INDEPENDENCIA AMERICANA:
VER HIS-ESP-XIX-america