411 LA CONSTITUCIÓN DE 1978. DERECHOS FUNDAMENTALES. CRISIS Y REFORMA

REFORMA CONSTITUCIÓN:

La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de una Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. En España se reconocen dos formas: un procedimiento ordinario, que es el que debería aplicarse en el caso actual, y otro agravado (este último para diversos artículos de mayor relevancia constitucional, como la sucesión de la Corona).
Artículo 167.
1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
 
Artículo 168.
1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección I del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Existe un axioma en el constitucionalismo mundial,  y que consiste en que las constituciones que duran son aquellas que se reforman. 

Una constitución  que con el paso del tiempo no se reforma es claro que no obliga más que teóricamente y, por tanto, sólo puede significar que no sirve para nada y que el proceso político se desarrolla fuera de ella. Por el contrario, las constituciones que perduran, vinculando a gobernantes y a gobernados son las que se reforman, las que adaptan al paso del tiempo y a las necesidades de la sociedad. Entre las constituciones vigentes hoy en países democráticos, las dos más antiguas son la de EEUU de 1787 y la de Noruega de 1814. Si ambas han logrado superar los doscientos años de vida y siguen siendo vinculantes, se debe a que han sido reformadas en numerosas ocasiones.
Otras más jóvenes, pero con una antigüedad de 50 o más años, también han perdurado porque
se han llevado a cabo numerosas reformas.

En lo que se refiere a nuestra Constitución, la situación es enormemente curiosa. Se ha reformado,
podríamos decir que oficialmente sólo en dos ocasiones: la primera, obligada por la firma
del Tratado de Maastricht, que forzó a modificar levemente el artículo 13, a fin de que pudiesen
votar y ser elegidos en las elecciones municipales los residentes comunitarios en España. Y la
segunda, en agosto de 2011, para introducir en el artículo 135 la necesidad de contener el déficit, siguiendo los consejos de las instituciones europeas. En ambos casos la iniciativa de la reforma
vino de fuera, por lo que cabe sostener que una reforma constitucional verdaderamente autóctona no se ha producido todavía de forma regular. Y digo regular, porque sí ha habido varias reformas
de la Constitución por unas vías completamente anómalas, debiéndose hablar mejor de una mutación que de una reforma. En efecto, una reforma consiste en la modificación de la Constitución, según los procedimientos reglados en ella, y es una mutación, cuando se trastoca su contenido sin usar tales procedimientos. Sea lo que sea, el hecho es que se ha retorcido el sentido original de nuestra Constitución y ya no es la misma que los españoles aprobaron en un día como hoy hace 34 años.
Entre esas reformas heterodoxas o mutaciones, que han cambiado el sentido originario de nuestra Carta Magna, aunque hay varias más, sobresalen especialmente dos. La primera es la de 1984, cuando se cambió el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Como se recordará, en lugar del sistema que establecía el artículo 122 para elegir a 12 de los miembros del CGPJ en representación de los jueces y magistrados, los cuales tenían que ser elegidos por ellos, se dispuso que los 20 miembros que lo componen fuesen elegidos por las Cortes. Esta modificación no era baladí, porque las consecuencias fueron enormemente graves. De nada sirvió que se recurriese por inconstitucionalidad manifiesta ese cambio ante el Tribunal Constitucional. Pues éste, en una sentencia pastelera, dijo que ambos sistemas eran constitucionales, aunque el mejor era el primero, el original. Parecía que por fin se iba a dar marcha atrás en esta cuestión, con la victoria del
PP. Sin embargo, el actual ministro de Justicia, empeñado en pasar a la historia como uno de los
más controvertidos de la democracia, no ha tramitado todavía, como prometió hace un año, la
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para restablecer la plena constitucionalidad de la
elección de los miembros del CGPJ.

La segunda mutación que ha sufrido la Constitución es la del Título VIII, que regula la organización
territorial del poder. Hasta 2004 el Estado de las Autonomías funcionó de forma aceptable.
Aznar, aun con concesiones a Cataluña, trató de equilibrar, desde el punto de vista competencial,
a las diferentes comunidades autónomas, pero a pesar de sus buenos deseos, como reconoce en
sus memorias, no cerró de forma definitiva el diseño del Estado autonómico. Este fallo lo aprovecharían tanto los nacionalistas vascos (sin éxito alguno), como los nacionalistas catalanes (con
demasiado éxito inicialmente). La puerta que conducía al Estado de las Anomalías quedaba abierta y en poco tiempo se iba a entrar en trompa.

Ya he dicho otras veces que el gran defecto de nuestro modelo de Estado es culpa tanto de la
Constitución, en su desastroso Título VIII, como de la Ley Electoral. Por una parte, la Constitución
reconoce como la base de la descentralización de nuestro Estado el llamado principio dispositivo,
que consiste en que las diferentes regiones podían, si así lo querían, acceder, en primer lugar, a
la autonomía. Y, en segundo lugar, podían, una vez que hubiesen accedido a ella, y en los casos
normales después de cinco años, asumir todas las competencias posibles, incluso aunque fuesen
competencias exclusivas del Estado, según lo señalado en los artículos 148, 149 y 150. Esta
posibilidad de ir aumentando sus competencias, en detrimento de las del Estado, no tenía por qué
significar un adelgazamiento excesivo de la supremacía del Estado central, sobre las comunidades
autónomas. Pero lo que sucedió fue precisamente lo contrario, gracias a la Ley Electoral,
que permite que los partidos nacionalistas estén representados de forma abusiva en el Congreso
de los Diputados, en lugar de estarlo sólo en el Senado que es la Cámara que se creó, aunque no
sea así, para que estuviesen presentes las diferentes comunidades autónomas, incluso a través
de partidos nacionalistas. Sea como fuere, la combinación de ambas circunstancias, el principio
dispositivo y la presencia de partidos nacionalistas en el Congreso ha convertido el Estado
de las Autonomías en un caballo desbocado. UN PRIMER intento de apropiación de las
competencias que el Estado no puede ceder para seguir siendo Estado fue el llamado Plan Ibarretxe
que pretendía que se aprobase un Estatuto que convertía de hecho a la Comunidad Autónoma
vasca en otro Estado. Afortunadamente naufragó en su presentación ante el Congreso de
los Diputados. Sin embargo, vino otro segundo intento, alentado de forma suicida por Zapatero,
que triunfó a medias, puesto que el Estatuto que aprobó el Parlamento catalán, como si fuese un
Parlamento constituyente, fue rebajado en alguna medida por el Congreso y más tarde por el
Tribunal Constitucional, que no tuvo arrestos para declarar el Estatuto inconstitucional en su conjunto
y no sólo en parte como hicieron. Con el Estatuto catalán recortado, con los Estatutos de
otras comunidades autónomas que le siguieron y copiaron, el Estado de las Autonomías se ha
convertido en un Estado que pone al descubierto, en una situación de crisis económica de enorme gravedad, sus tres mayores defectos que le convierten en inviable. En primer lugar, es un
Estado disfuncional por la complejidad asimétrica de las diversas comunidades autónomas. De Gaulle decía que gobernar un país como Francia, con más de 300 variedades de queso, era muy difícil.
En España tenemos la misma variedad de quesos y encima 17 legislaciones diferentes, que rompen la unidad del mercado y lo complican todo, por lo que el Estado de Autonomías no es que sea difícil de gobernar, es que resulta imposible. En segundo lugar, es un Estado elefantiásico con cientos de organismos y cargos políticos, que cuestan una fortuna y favorecen la corrupción porque no existe un control único y nacional.

Y, por último, es desigualitario, porque establece diferencias entre los españoles.
La consecuencia es que no podemos seguir así y es urgente modificar la Constitución, mediante
una reforma constitucional y no mediante la mutación que nos conduce a situaciones como la
de Cataluña, donde ya no rige la Constitución.
Por eso, cuando se afirma con frecuencia que nuestro Estado está más descentralizado que uno federal, se está confesando sin querer, que tenemos un Estado aberrante, porque el máximo de descentralización para que un Estado funcione es el que ofrece el federalismo clásico.


Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional. EL MUNDO 8/12/2012


Reforma reforma constitucional del artículo 135, 
hecha en 2011 por el bipartito,

En menos de un mes y sin referéndum. PSOE y PP pactan el primer cambio de la norma fundamental en 30 años. 24-08-2011

La medida anunciada por Zapatero contará con el apoyo del Partido Popular, algo imprescindible para sacarla adelante, dado que cualquier modificación de la Constitución Española requiere el respaldo de tres quintos del Congreso y del Senado
Entre PP y PSOE sumarían 321 escaños en el Congreso (169 de los socialistas y 152 del grupo popular) de los 350 existentes, porcentaje aún mayor en el Senado, donde estos grupos suman 226 de los 264 que componen la Cámara Alta.Tras la votación, se procedería a la disolución de las Cortes. Como ha explicado el presidente de la Cámara, José Bono, el trámite es viable porque "medido milimétricamente hay tiempo para reformar la Constitución antes de la disolución de las Cortes", si bien debería emprenderse "a más tardar este viernes",
Según fuentes del Gobierno, al tratarse de una modificación parcial, se aprobaría como Proposición de Ley, lo que permitiría eliminar los trámites de ponencia y comisión en las dos cámaras. De este modo, sólo sería necesario realizar las votaciones en el pleno, y se aglutinaría en una única sesión la toma en consideración y la aprobación inicial en el Congreso, informa Servimedia.  En consecuencia, el trámite puede suponer apenas dos semanas desde la calificación de la proposición de ley por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados. Siempre y cuando no hubiera que convocar referéndum.

La Constitución sólo prevé la celebración de referéndum en este tipo de reforma en el caso de que lo soliciten, en los 15 días posteriores a su aprobación, un 10% de los miembros de cualquiera de las cámaras, lo que no parece probable. De tener que realizarlo, sería del todo imposible que la reforma estuviera concluida antes de finalizar la legislatura.

La única reforma, en 1992

La primera y única reforma constitucional realizada hasta el momento se produjo en el año 1992, y consistió en añadir, en el artículo 13.2, la expresión "y pasivo" referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, recogido por el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastrich.

En aquel caso, se siguió el procedimiento de reforma parcial, establecido en el artículo 167, el mismo que regiría la modificación constitucional que plantea ahora Zapatero.

foton
ELPAIS.COM, 24-08-2011

REFORMAS

Que el sistema político español tiene graves problemas parece cierto. Que esos problemas quepa remediarlos a través de una reforma de la Constitución ya no lo es tanto, por dos razones: ni el derecho puede resolverlo todo ni es claro que todos esos problemas deriven de una defectuosa regulación constitucional que deba corregirse. Es posible que algunos puedan verse aliviados por cambios en la Constitución, otros sólo requieran de meras reformas legales, otros no habrá reforma constitucional que los resuelva, y todos precisen, más aún que de soluciones jurídicas, de una profunda transformación de la práctica política. 


La reforma de la Constitución, aunque el reformista no es el camino habitual en España, que es el país que más constituciones ha aprobado desde los liberalismos

“La Constitución de 1978 es la única que fue consensuada. Desde 1808 todas habían sido imposiciones del partido en el poder, liberales o conservadores. Esto es a la vez la virtud y el inconveniente: cualquier reforma que se haga de la Constitución de 1978 tiene que ser consensuada”,
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¿ MONARQUÍA?

¿JEFATURA DEL ESTADO / Discutible, no irrenunciable.?

Ni el PSOE ni el PP plantean cambiar el artículo 1.3 que establece que la forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria. IU sí defiende la República. “Pero indican que  es un elemento secundario para nosotros”

La reforma de la sucesión al Trono, pendiente

La última vez que se habló de reformar la Constitución fue en la primera Legislatura de Zapatero, con motivo del nacimiento de la primogénita de los Príncipes de Asturias, Leonor. Entonces, el Ejecutivo tenía prevista una modificación constitucional, con objeto de reformar el artículo referido a la  sucesión al Trono que antepone al varón a la hora de reinar. En ese caso, al modificarse el Título II, la convocatoria de referéndum es obligada.


Artículo 57.1
"La sucesión en el Trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos".
Todos los partidos están de acuerdo con eliminar la discriminación a la mujer en el acceso a la Corona

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¿EL PROBLEMA DE LA POLITIZACIÓN Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL POLÍTICO?

¿Por qué nuestra democracia amenaza con convertirse en una partitocracia? ¿Falta de consenso?
¿La gestación del bipartidismo?

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es un partido político español que en el espectro político se sitúa en el centroizquierda,Fue fundado en 1879 por Pablo Iglesias, y durante cien años se definió como un partido de clase obrera, socialistamarxista hasta que en 1979, en el 28.º Congreso del partido, aceptó la economía de mercado, renunciando a toda relación con el marxismo.

El Partido Popular (PP) es un partido político conservador español situado en el centro derecha o la derecha política. Fue fundado en 1989, cuando adoptó su denominación actual, que sustituyó a la de Alianza Popular.Definido en sus estatutos como de «centro reformista» e inspirado en los valores del humanismo cristiano
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PARTIDOS POLÍTICOS

¿Nuevos partidos?

Los partidos políticos de reciente creación son pequeños y  acaban de empezar 

Podemos ha conseguido algo inédito al abrir brecha en el cartel político español y romper el predominio de los dos grandes partidos. Tras su abrupta emergencia en las elecciones europeas llegó Ciudadanos y ambos partidos son, desde coordenadas distintas, los que capitalizan el descontento con nuestra tradicional oferta política.

Podemos. 

Podemos es un movimiento ciudadano que quiere presentarse y convertirse en partido político con una ideología de izquierda. Funciona en círculos.
La estrategia de Podemos basada en la agregación de electores de distintas ideologías con un discurso transversal en busca del voto emocional parece funcionar con éxito- Nace del desencanto de cientos de miles de españoles frente a la respuesta política, económica y social del establishment y los viejos partidos ante la crisis global que comenzó en 2007. Una fuerza que creció rápidamente de la mano de unos líderes políticos de marcado acento populista, que aprovecharon el desconcierto inicial de las fuerzas tradicionales para captar varios millones de votos con unas propuestas radicales que muy pronto calaron en el clima de desesperanza de una España en crisis

Ha logrado un crecimiento inédito en la democracia española sigue rentabilizando el enfado ciudadano.  Cuando el 15 de mayo de 2011, las calles y plazas se llenaron de indignados, muchos fueron los que les reclamaron que además de protestar, pusieran sobre la mesa propuestas. Pero ese movimiento de indignación no llegó a materializarse en una oferta electoral y, a pesar de gozar de amplias simpatías entre la ciudadanía, la indignación no acabó de entrar en las urnas. Unos años más tarde, Podemos está tratando de capitalizar los sentimientos y anhelos que el 15-M representó.
En 2014 recoge una mayoría en la intención de voto de la ciudadanía, por encima de los dos partidos dinásticos- La formación, fundada en enero, se beneficia de la falta de credibilidad del resto de partidos políticos


 

PODEMOS. Marcha Madrid. 31 enero 2015.   Alejandro Ruesga
El 20-D de 2015 Podemos se afianza desde esta noche como tercera fuerza política. La formación emergente y sus alianzas en Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana lograron 69 escaños en el Congreso, confirmaron la remontada, aunque quedaron lejos de disputar la segunda posición al PSOE, uno de los objetivos de Pablo Iglesias. El líder partido, que se fundó en enero de 2014 para romper el bipartidismo, evitó hablar de pactos pero prometió “tender la mano” a cambio de reformas.
Con las elecciones municipales de 2015  los líderes de Podemos supieron aliarse con candidaturas de éxito en algunas de las principales capitales españolas. Ello les llevó a firmar acuerdos con otras fuerzas populistas en Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Galicia, que les aportaron muy buenos resultados en las elecciones generales de diciembre de 2015 y, en menor medida, en junio de 2016.
Sin embargo, esas coaliciones parece que se están agrietando ahora . En primer lugar, la promesa incumplida de Iglesias a sus socios de que tendrían grupo parlamentario propio en el Congreso fue el inicio de un desencanto que se ha acrecentado ahora con motivo de los comicios de Galicia y el País Vasco.
Además, sus principales figuras políticas municipales (Manuela Carmena en Madrid y Ada Colau en Barcelona) se han desmarcado de forma ostentosa del aparato oficial de Podemos cuando éste ha querido sacar partido de un éxito que no le corresponde. Eso sin contar el fracaso de la coalición con Izquierda Unida que les ha llevado a perder casi un millón de votos en las pasadas elecciones.
Podemos tiene ante sí un serio problema de crecimiento y de identidad. Han perdido la inercia positiva que lograron al asumir los ideales del 15M y su estructura interna es cada vez más autoritaria frente a sus aliados territoriales

PARA SABER MÁS, VER:

- Ciudadanos

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) o simplemente Ciudadanos, cuyo presidente es Albert Rivera. Fundado en 2006 en Barcelona, siendo su germen la plataforma cívica Ciutadans de Catalunya, con los años se ha extendido a toda España, alcanzando representación en diversos órganos legislativos de comunidades autónomas, en el Parlamento Europeo y en algunos municipios del país. Se autodefine como un partido constitucionalista, postnacionalista y progresista.
Su ideario de mínimos se articula en los siguientes ejes:
-Defensa de la Constitución española de 1978, buscando cerrar el modelo autonómico y de competencias transferidas
-La convivencia interterritorial y la equidad de derechos y deberes entre todas las regiones españolas, y, sobre todo, entre todos los españoles.
-El Estado debe promover la igualdad de oportunidades de forma que ni el origen étnico, ni el idioma, ni el sexo, ni la posición económica de la familia, determine privilegios.
-Neutralidad de la Administración pública tanto en aspectos religiosos como identitarios, y defensa de los valores democráticos e ilustrados. Los sentimientos y las identidades (nacionales, regionales, religiosas, etc.) son respetables en tanto que actividades privadas, pero no se puede permitir que se impongan por delante de los derechos públicos de los individuos
En el año 2016 ha cobrado protagonismos en las elecciones celebradas. Y aunquese constituye como 4 fuerzas del estado, sus pactos intentan convertirse en un partido bisagra para la gobernabilidad, por los lo que presenta una serie de iniciativas a pactar con los partidos mayoritarios.

PARA SABER MÁS, VER:



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¿EL SENADO?

la reforma del Senado para que estén representados los Gobiernos autonómicos y que no sea una Cámara de segunda vuelta sino que pueda tomar decisiones por sí misma; y recoger en una sola disposición adicional de la Constitución todas las singularidades que ya contempla la Ley Fundamental (el concierto fiscal vasco y navarro, la insularidad...) pero “no singularidades nuevas”.

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¿PODER JUDICIAL?
. ¿A qué se debe el pésimo funcionamiento de nuestra justicia? 

Los Tribunales y, en concreto, el Constitucional, no se pueden substraer del debate político y del consiguiente riesgo de su politización;

y  la propia naturaleza de las normas constitucionales habilita un amplio margen de interpretación del que se puede servir aquella politización para legitimar cualquier decisión del Gobierno.

Las normas constitucionales