Mariano Rajoy (2011-15)
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy en el balcón de la sede de su formación, en presencia de Ana Mato, su esposa Elvira Fernández, María Dolores de Cospedal y Soraya Saéz de Santamaría.
Mariano Rajoy Brey (Santiago de Compostela, 1955), ha hecho de su origen gallego firma y estandarte de su forma de hacer política., le gusta transmitir la idea de que es una persona normal, cabal, moderada, sensata, equilibrada, con mucho sentido común y aparentemente sin grandes ambiciones, que empezó a pegar carteles como militante de base de Alianza Popular hace más de 37 años. político pragmático, sin ataduras ideológicas ni sentimentales, encantado de conocerse, que ha hecho buena profesión de su innegable sorna y sarcasmo, Sencillo, básico, neutral. Rajoy, el dirigente más longevo al frente de un partido de la derecha española al sumar ya 14 años al mando del PP., Su carácter prudente y su fama de hombre tranquilo han marcado una carrera que se fraguó primero en Galicia y más tarde en la esfera nacional. Licenciado en Derecho, Rajoy se convirtió en el registrador más joven de España y, años después, en el sexto presidente del Gobierno del país.
1993- vicesecretario-general-PP, abc
Tras la victoria del Partido Popular en las elecciones de 1996, Rajoy fue nombrado ministro de Administraciones Públicas, una cartera que ostentó durante tres años hasta que en 1999 se puso al frente del Ministerio de Educación. En las elecciones del año 2000, Aznar alcanzó la mayoría absoluta frente al socialista Joaquín Almunia y Rajoy fue nombrado vicepresidente primero y Ministro de la Presidencia del Gobierno. La pérdida de poder del PP tras los atentados del 11 de marzo de 2004 situó a Rajoy al frente del partido. Aznar le nombró su sucesor, y el gestor daba paso a un nuevo político al que muchos de sus compañeros tildaban de «hombre tranquilo»
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy en el balcón de la sede de su formación, en presencia de Ana Mato, su esposa Elvira Fernández, María Dolores de Cospedal y Soraya Saéz de Santamaría.
El PP obtiene una cómoda mayoría absoluta con 186 escaños, 76 más que el PSOE (110).- IU y UPyD quintuplican sus escaños, CiU gana en Cataluña y Amaiur tendrá grupo parlamentario propio, con más diputados que el PNV
Los Reyes posan con el presidente Rajoy y sus ministros. / ÁNGEL DÍAZ (EFE), 22/12/2011
Composición del primer Gobierno de Mariano Rajoy
RAJOY
624 ESPAÑA: ELECCIONES 20-N
El Partido Popular consiguió muchísimos votos el domingo pasado, 10,8 millones, pero no tantos como para justificar la idea de un impulso irrefrenable de España hacia la derecha. Un 5% más de votos que en 2008 no puede considerarse un maremoto electoral. Mucho más significativo es que casi cuatro de cada diez votantes del PSOE se han borrado de esta opción, y que un conjunto de pequeños partidos penetran con fuerza entre los ciudadanos. Todo ello en un contexto de crecimiento de los abstencionistas, y de los que votan en blanco o nulo. Lejos de simplificarse, el nuevo mapa político español refleja una realidad más compleja.
Los síntomas de crisis del bipartidismo se evidencian en varios datos. Entre los dos principales partidos, socialista y popular, sumaban el 92% de los escaños en la última legislatura. Tras el 20-N, ese control de las dos fuerzas más importantes se ha reducido al 84,5% de la Cámara. Vamos a vivir en una legislatura dominada por un partido, que no necesita pactar con otros para tomar decisiones -salvo aquellas que exigen mayorías reforzadas-, pero con más minorías de las que hasta ahora actuaban en el Congreso, de discursos y reivindicaciones contundentes.
Es pronto para saber si la crisis bipartidista destapada por las elecciones del 20-N es coyuntural, debida al miedo provocado por la crisis económica y financiera, o si anuncia la transformación del sistema de alternancia que conocemos desde los años noventa -a veces gobierna el PSOE, a veces el PP- en otro donde sean precisas más coaliciones. Por cierto, esto último es lo normal en casi todos los países de Europa donde las elecciones se realizan por escrutinio proporcional.
De momento no se observa un viraje contundente a la derecha, capaz de consolidar un partido hegemónico. La mayoría absoluta del PP ha sido prefabricada por el sistema electoral, que le ha concedido 8,5 puntos más de escaños que de votos: con el 44,6% de los sufragios, el PP obtiene el 53,1% de los asientos del Congreso. Otras mayorías absolutas anteriores tampoco se basaban en mayorías equivalentes de votos. Así ocurrió incluso en la primera gran victoria de Felipe González en 1982, lo cual confirma, por enésima vez, el maquiavelismo de quienes inventaron un régimen electoral que, aun llamándose proporcional, trabaja para favorecer la gobernabilidad del partido más votado.
¿Cómo se consiguen porcentajes considerablemente mayores de escaños que de votos? Por descontado, no se trata de una mano negra que da o quita diputados a capricho de oscuras voluntades. Tampoco es solo el fruto de la fórmula D'Hondt, que ha quedado en el imaginario colectivo como icono de la desproporcionalidad, cuando su papel se limita al de modesta contribuyente. Lo decisivo es el tamaño de los distritos en que se efectúa la elección general, que son las provincias. Cuando los distritos tienen pocos escaños a repartir, las minorías generalmente se quedan sin diputados electos. Por eso pierden tantos sufragios los medianos y pequeños partidos de ámbito estatal.
En cambio, los nacionalistas bien implantados han obtenido resultados muy cercanos a la proporcionalidad. Este fenómeno, tradicional en CiU y el PNV, se extiende ahora a Amaiur (la opción de la izquierda abertzale) porque, desde el punto de vista electoral, funciona igual que los otros nacionalistas, es decir: aprovecha bien la concentración de sus apoyos para sacar diputados. Y por eso cada escaño le cuesta muchos menos votos que a otros: 47.661.
El PP ha necesitado una media de 58.230 sufragios por diputado, y el PSOE, 63.399. Incomparablemente menos que UPyD, la formación de Rosa Díez, que ha sacado cada escaño al precio de 228.048 votos. La opción ecologista de Equo, respaldada por 215.000 ciudadanos, se queda fuera del Parlamento estatal -solo tiene representación en Valencia, al haber ido en coalición con Compromís-, mientras sus electores contemplan la entrada en la Cámara de cuatro opciones con muchos menos votos que la suya: los nacionalistas BNG, CC y GBAI, y el Foro por Asturias (el partido de Francisco Álvarez Cascos). No falla: una buena implantación en zonas territoriales concretas, de cualquier ideología, garantiza más representación en el Congreso que el respaldo de muchos más electores, pero dispersos.
Estos efectos del sistema electoral se deben, esencialmente, al tamaño de los distritos y al hecho de que ni la Constitución ni la ley consideran la población como el criterio fundamental para determinar cuántos escaños deben elegirse en cada provincia. Al contrario: esas normas obligan a reservar un mínimo de dos diputados a cada distrito (excepto uno en Ceuta y otro en Melilla), tanto a los densamente poblados como a aquellos en los que viven pocas personas; lo cual eleva a 102 el total de diputados cautivos de los mínimos. Y como el Congreso español solo tiene 350 asientos (es una Cámara más reducida que la británica, la francesa, la italiana, la alemana, la polaca...) quedan 248 escaños para repartir en función de la población. El resultado es que la mitad de los 52 distritos son de tamaño pequeño. En esas condiciones, el partido más votado tiene la oportunidad de sumar muchos escaños.
ELPAIS.ES, JOAQUÍN PRIETO 27/11/2011
1.
El futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es
recibido con aplausos tras terminar su discurso de investidura en el Congreso de
los Diputados.
PARA SABER MÁS, VER:
Puerta del Sol de Madrid, el 21 de mayo de 2011.LUCA PIERGIOVANNISe convirtió en una acampada en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid. Se transformó así en un movimiento asociativo y político que catalizó gran parte del descontento provocado por la crisis económica de 2008 .
El 15-M ha dejado muchas huellas en la sociedad española.
Cuatro meses después de haber celebrado unas elecciones y de haber concedido la mayoría absoluta al Partido Popular y a su presidente, Mariano Rajoy, la sociedad española, según todas las encuestas, está profundamente desanimada y desconfiada. La avalancha de medidas de austeridad y recorte impulsadas por el Gobierno, con una grave repercusión social, no ha conseguido aportar algo de calma a los inversores extranjeros, y las malas noticias sobre la situación económica y financiera, el paro, por encima de los cinco millones y medio de personas, y la profundización de la depresión abruman a los ciudadanos. Día a día comprueban todo lo que es capaz de ir colocando sobre la mesa Mariano Rajoy para recuperar la confianza de los mercados sin que esa esperanza se traduzca en hechos y no en meros instantes de alivio. La economía es el centro de todas las miradas, pero simultáneamente aparecen problemas adicionales que enturbian todavía más la situación: el caso Repsol, los escándalos de corrupción, la debilidad de la Monarquía y, sobre todo, las dudas sobre el alcance de los cambios sociales que se están produciendo. ¿Los recortes en sanidad y en educación son coyunturales o la raíz de un nuevo modelo, introducido sin mayor debate al socaire de la crisis? ¿Las presiones sobre las comunidades autónomas para que respeten las políticas de austeridad encubren otras intenciones en relación con el modelo territorial?
En el entorno de Rajoy, mientras tanto, se preguntan cómo frenar el desgaste que sufre él y su Gobierno, ocho puntos en menos de cien días. No resulta fácil, no solo por la dureza de las medidas que está adoptando, sino porque los ciudadanos las perciben como improvisadas y apresuradas, al dictado de exigencias de mercados financieros y agencias de calificación.
DESCARGABLE Plan de Estabilidad 2012-2015
En el entorno de Rajoy, mientras tanto, se preguntan cómo frenar el desgaste que sufre él y su Gobierno, ocho puntos en menos de cien días. No resulta fácil, no solo por la dureza de las medidas que está adoptando, sino porque los ciudadanos las perciben como improvisadas y apresuradas, al dictado de exigencias de mercados financieros y agencias de calificación.
DESCARGABLE Plan de Estabilidad 2012-2015
ABRIL DEL 2013
Rajoy posterga más de la mitad de las reformas.
41 de los 72 de los cambios comprometidos por el Ejecutivo para marzo no ven aún la luz
En Bruselas, los exámenes finales se pasan en abril. Y los Estados se presentan a dos asignaturas: presupuestos y reformas. La Comisión Europea ya ha adelantado que le vale con los recortes y subidas de impuestos que permitieron a España bajar el déficit público del 9% al 7% del PIB en 2012 —las ayudas a la banca lo elevan al 10%—, que no reclamará más ajustes presupuestarios. En las reformas, sin embargo, las cuentas no salen. El Ejecutivo de Rajoy apenas ha sacado adelante la mitad de las modificaciones asumidas en el Consejo Europeo. Y si lo que se corrigen son los deberes, más ambiciosos, que se impuso el propio Gobierno, el resultado es un suspenso: de las 72 normas que debían aprobarse antes de finales de marzo, 41 no han visto aún la luz. Algunas tan relevantes como la creación de la autoridad fiscal independiente, la ley del sector eléctrico, la regulación de los servicios profesionales o una nueva reforma de pensiones.
Varias de las condiciones fijadas por Bruselas siguen sin cumplirse
Las exigencias son más apremiantes desde que Bruselas otorgara, en julio pasado, un año más a España (hasta 2014) para bajar el déficit público al 3%. Pero, sobre todo, desde que se le concedió, por esas mismas fechas, un rescate europeo de hasta 100.000 millones para recapitalizar la banca en problemas. De ahí que las autoridades europeas sometan a España a una vigilancia especial, que se traduce en exámenes trimestrales, tanto a la banca, como a la política del Gobierno.
En el primer parcial, en septiembre, el Ejecutivo de Rajoy ya evidenció dificultades para sacar adelante todas las reformas comprometidas. Aun así, la Comisión Europea felicitó a Madrid porque el Gobierno español decidió ir más allá y puso sobre la mesa más cambios legales “bien enfocados, y con plazos claros”, a ojos de los altos funcionarios europeos. Rajoy integró entonces la docena de normas exigida tras rescate a la banca en un paquete de medio centenar de reformas.
En diciembre, en el segundo parcial, repitió la jugada: como muestra de su “compromiso reformista” elevó a 72 los cambios estructurales que debían estar listos antes de finales de marzo. El próximo viernes, según anunció la pasada semana la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el Gobierno presentará su segundo plan de reformas. Y todo apunta a que repetirá jugada, con lo que el paquete de reformas pendientes volverá a engordar.
El Ejecutivo rebautiza cambios legales que ya debía haber abordado
Para reflejar que la tensión reformista no cede, tras los Consejos de Ministros se da cuenta de decretos y proyectos de ley, pero también de anuncios, tomas en consideración, estudios y anteproyectos. Es una estrategia muy similar a la que siguió el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero al encarar la crisis, que le granjeó entonces vivas críticas de la oposición, con el PP al frente. Una apariencia de intensa actividad que engaña, porque en la mayoría de los casos “los plazos claros” se incumplen. A veces, porque los tiempos de consultas y tramitación parlamentaria imponen su ley, algo que el Ejecutivo no siempre ha podido sortear con su recurso (compulsivo) al decreto. Otras, son las divisiones en el seno del Gobierno las que retrasan las reformas. Y de algunas no hay ni rastro, con los ministerios incapaces de digerir este empacho legislativo.
Todo apunta a que Bruselas, más preocupada ahora en dar con la tecla adecuada para mantener la austeridad sin agravar aún más la recesión, no tendrá en cuenta el retraso en las reformas para suavizar, otra vez, el recorte del déficit a España. De otro parecer son en Washington (FMI) y Fráncfort (BCE), los otros dos vértices de la troika. “Es esencial intensificar las reformas a nivel nacional, no podemos reemplazar la inacción de los Gobiernos”, insistió el pasado jueves el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. En el BCE, sobre todo, recelan de que tras haber contenido la prima de riesgo española con su promesa de intervención en caso de rescate, el Ejecutivo de Rajoy se sienta menos presionado para sacar del atolladero varias reformas que el supervisor del euro considera esenciales.
- Las cuentas pendientes del rescate. Los retrasos que hacen dudar al BCE del compromiso de Rajoy con las reformas, son los cambios normativos que se ligaron en julio al rescate de la banca y a la prórroga del ajuste del déficit público. El caso más llamativo es de la creación de una autoridad fiscal independiente, una condición a la que el Consejo Europeo dio prioridad, “para analizar, aconsejar y evaluar la política fiscal”. El Gobierno no llegó a tiempo en septiembre, y como hizo con otros incumplimientos, lo reprogramó “al primer trimestre de 2013”. Pero ni por esas: a principios de marzo, Saénz de Santamaría desveló que la norma está aún en fase de “borrador”. Desde el Ministerio de Hacienda apuntan a una posible participación de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el futuro organismo, pero despejan balones fuera cuando se les pregunta por su puesta en marcha.
La autoridad fiscal independiente se espera desde septiembre
Casi la mitad de las condiciones impuestas a España siguen sin cumplirse, pese a haberse retrasado a finales de 2012 o a este marzo. Es el caso de la regulación para atajar el déficit de tarifa: hubo una subida de impuestos a las eléctricas, pero Industria ha admitido que es insuficiente. Tampoco hay noticias de la regulación de los servicios profesionales, más allá de un borrador.
En pensiones, sí se ha aprobado la norma que endurece el acceso a la jubilación anticipada o parcial, pero no se ha presentado al Pacto de Toledo una reforma mucho más determinante, la que pretende condicionar el importe de las pensiones a la esperanza de vida (el factor de sostenibilidad). Y de la estrategia de empleo para mayores solo se puede rescatar el decreto que penaliza la incorporación de trabajadores de más de 50 años en los ERE. Tampoco ha habido avances en la evaluación de las políticas activas de empleo, ni en la coordinación de los servicios públicos de empleo y la colaboración con agencias privadas.
La incorporación de tributos verdes también anda rezagada (se plantea ligar el impuesto de circulación a las emisiones en 2014). Y de la estrategia para prevenir la exclusión social de colectivos en riesgo de pobreza no hay ni plazo ni contenido.
- Encalladas en el Congreso. Ante los socios europeos, Rajoy no deja de esgrimir su mayoría absoluta en el Parlamento, algo que debería agilizar la aprobación de las reformas, una vez que el Gobierno da vía libre al proyecto de ley. Pero no siempre es así. En la controvertida Ley de Transparencia —España es uno de los pocos países europeos que no la ha aprobado—, el plazo de enmiendas se ha prorrogado más de una de decena de veces. Y, según anunció la vicepresidenta, aún habrá al menos otro para incluir a la Monarquía. En el caso de la nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia, es el tira y afloja entre Madrid y Bruselas (que alerta de que el proyecto recorta la independencia de reguladores y supervisores), lo que tiene bloqueada la tramitación parlamentaria. En otros casos, el proyecto no encalla en el Parlamento, sino en las conferencias autonómicas, donde las regiones (también del PP) plantean cambios en áreas de su competencia: un proceso que retrasa la reforma educativa o la regulación de la nueva cartera de servicios sanitarios.
- Segunda generación de reformas (retrasadas). El rescate a la banca ha obligado al Ministerio de Economía a una contrarreloj legislativa para cumplir con el exigente calendario que le impuso el memorando del rescate, la contrapartida. El departamento del ministro de Economía, Luis de Guindos, ha cumplido aquí, pero no en otros muchos ámbitos. Varias de estas normas retrasadas forman el núcleo de lo que Rajoy rebautizó como segunda generación de reformas en el último debate del estado de la Nación, que se detallarán el próximo viernes. Entre ellas, la Ley de Emprendedores, donde se incorporará la promesa de que pymes y autónomos no paguen el IVA hasta que cobren la factura. O una nueva batería de medidas para facilitar la financiación y la internacionalización de las empresas. Economía ha presentado al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Unidad de Mercado (unifica las licencias empresariales en todas las comunidades), que debía haber estado aprobada a finales de 2012 pero no entrará en vigor hasta final de año.
El tira y afloja con la Comisión atranca la nueva regulación de Competencia
En otras, como la Ley de Cámaras o la creación de una Agencia de Internacionalización, los proyectos van más retrasados. Y otro tanto se puede decir de normas que deben trasponer directivas europeas en el ámbito financiero.
Entre los más rezagados destacan las normas relacionadas con el turismo o con a justicia, como la Ley de Registro Civil y la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria.
- Sector Público. El Gobierno ha presentado el anteproyecto de la reforma de la Administración Local. Una iniciativa que arrancó con ambición pero que ha quedado descafeinado. Aún así, esta medida está atrancada por las discrepancias entre los alcaldes y el Ejecutivo. Aunque su puesta en marcha estaba prevista para principios de este año, habrá que esperar a finales de 2012. Tampoco está listo el control mensual de las cuentas autonómicas.
El estatuto profesional de los profesores cae en el olvido
De las tres reformas estructurales educativas que preveía culminar el Gobierno en marzo, solo una está ya aprobada, la que se refiere a la Formación Profesional. Otra continúa su tramitación tras unos meses de demora inesperada (la reforma de la educativa, la LOMCE) y la última ni siquiera ha arrancado (el estatuto de la carrera profesional para los profesores de la escuela pública).
Sobre este último (prevista para el primer trimestre de 2013), hace ya meses que el Ministerio de Educación anunció que no se pondrían manos a la obra hasta que termine la tramitación de la reforma educativa, algo que ocurrirá, como pronto, a finales de este año.
En cuanto a la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), el trámite sufrió un inesperado retraso de casi tres meses después de que, a finales de octubre, las comunidades gobernadas por el PP exigieran revisar el texto para introducir algunas de sus reivindicaciones (apoyo a la Religión y a la escuela concertada, entre otros). El texto está en el Consejo de Estado que debe remitirlo al Consejo de Ministros para seguir su tramitación. La norma podría entrar en vigor en el curso 2014-2015 si no acumula más retraso.
Por último, un real decreto reguló el pasado noviembre la formación profesional dual (los jóvenes estudiarán un oficio mientras lo practican en una empresa), tanto en el ámbito laboral como en el educativo. En cuanto a este último, ahora hay programas piloto con solo 2.000 alumnos (el 0,3% de los estudiantes de FP) y las Administraciones ya han admitido que el cambio habrá que esperarlo a medio o largo plazo.
Contrarreforma sanitaria por capítulos
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad emprendió hace justo un año una amplia reforma del Servicio Nacional de Salud. Un cambio a golpe de decreto de medidas urgentes que aumentó el porcentaje que los ciudadanos pagan por los fármacos —los pensionistas aportan por primera vez— y excluyó a los extranjeros sin papeles de la atención normalizada. Sin embargo, uno de los ángulos más potentes de la medida, previsto por el Gobierno en el paquete de reformas para 2012, aún no ha cristalizado. Se trata de la regulación de las carteras sanitarias, la definición de lo que se considera básico para el sistema de salud y lo que no —lo que abriría la puerta a retirar la cobertura pública—.
La falta de consenso entre las comunidades y la polémica suscitada por el fondo de la reforma, además de los errores que contenía el real decreto de abril, han dificultado el desarrollo normativo. Un ejemplo: pese a los sucesivos anuncios de que deberían hacerlo, los pacientes no pagan aún por el transporte sanitario no urgente; Gobierno y autonomías discuten todavía quién debe hacerlo y cuánto. Tampoco ha comenzado el copago para las prótesis, sillas de ruedas o audífonos. La ausencia de criterios comunes entre las autonomías y de un registro de estos productos sanitarios no lo ha permitido.
Pese a que sí se han hecho reformas en materia farmacéutica —dirigidas fundamentalmente a reducir el gasto— tampoco el anteproyecto de Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios se ha transformado en norma aún; estaba previsto para finales de 2012.
A la espera de la Agencia Estatal de Investigación
La Agencia estatal de Investigación, cuya creación ha sido varias veces anunciada por el Gobierno y por el Ministerio de Economía, sigue pendiente, pese a que la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011, que contó con el apoyo del PP, especificó que debía hacerse en el plazo máximo de un año. El plazo concluyó en junio de 2012 y aún no existe este organismo, ideado a semejanza de los que tienen prácticamente todos los países desarrollados para gestionar con autonomía y eficacia la investigación científica.
La creación de este organismo estaba prevista también en el plan de reformas que el Gobierno presentó en septiembre del año pasado, un plan que ampliaba los plazos de algunas de las medidas. Preveía que la Agencia se creará durante el primer trimestre de este año. Pero el Gobierno tampoco ha podido cumplir con su propio calendario.
La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 y el nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, fueron aprobados por el Gobierno el pasado mes de febrero. El plan, en concreto, era una necesidad urgente puesto que el anterior fue el correspondiente a 2008-2011, se diseñó en pleno auge económico, y se había prorrogado un año más, justo en plena crisis.
También la creación y regulación del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación se ha cumplido, en este caso en noviembre de 2012. Este organismo pretende facilitar la participación de la comunidad científica y tecnológica en la política de I+D+i.
Retrasos en la regulación de montes y en parques
De las cuatro grandes reformas medioambientales pendientes de poner en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, solo una ha pasado por el Congreso de los Diputados: la normativa de gestión del litoral. El pasado 17 de febrero, el Gobierno del PP sacó adelante la reforma de la Ley de Costas gracias a su mayoría absoluta de su grupo parlamentario. La norma, polémica porque salva de la destrucción unas 10.000 viviendas de 10 zonas del litoral y porque concede otros 75 años de moratoria a construcciones condenadas a la piqueta, se debatirá a mediados de mes en el Senado.
Las otras medidas previstas sobre asuntos medioambientales acumulan retrasos. La revisión normativa sobre montes y patrimonio natural cuenta ya con un borrador de anteproyecto. La cuestión es que el Gobierno se había comprometido a aprobarla durante el primer trimestre de este año y no es previsible que esté culminada hasta el último tramo del año.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que dirige Miguel Arias Cañete, continúa trabajando en la simplificación de los procedimientos de evaluación ambiental a los que se someten las actividades profesionales, empresariales e industriales. Esta norma está aún en proceso de elaboración a pesar de que el plan de reformas preveía que se aprobara antes de abril. “La proliferación de disposiciones acarrea inseguridad jurídica”, ha dicho en varias ocasiones Arias Cañete para justificar la reforma. También está pendiente de la Ley de Parques Nacionales, que prevén terminar el próximo otoño.
Rajoy posterga más de la mitad de las reformas.
41 de los 72 de los cambios comprometidos por el Ejecutivo para marzo no ven aún la luz
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, CRISTÓBAL MANUEL
En Bruselas, los exámenes finales se pasan en abril. Y los Estados se presentan a dos asignaturas: presupuestos y reformas. La Comisión Europea ya ha adelantado que le vale con los recortes y subidas de impuestos que permitieron a España bajar el déficit público del 9% al 7% del PIB en 2012 —las ayudas a la banca lo elevan al 10%—, que no reclamará más ajustes presupuestarios. En las reformas, sin embargo, las cuentas no salen. El Ejecutivo de Rajoy apenas ha sacado adelante la mitad de las modificaciones asumidas en el Consejo Europeo. Y si lo que se corrigen son los deberes, más ambiciosos, que se impuso el propio Gobierno, el resultado es un suspenso: de las 72 normas que debían aprobarse antes de finales de marzo, 41 no han visto aún la luz. Algunas tan relevantes como la creación de la autoridad fiscal independiente, la ley del sector eléctrico, la regulación de los servicios profesionales o una nueva reforma de pensiones.
Varias de las condiciones fijadas por Bruselas siguen sin cumplirse
Las exigencias son más apremiantes desde que Bruselas otorgara, en julio pasado, un año más a España (hasta 2014) para bajar el déficit público al 3%. Pero, sobre todo, desde que se le concedió, por esas mismas fechas, un rescate europeo de hasta 100.000 millones para recapitalizar la banca en problemas. De ahí que las autoridades europeas sometan a España a una vigilancia especial, que se traduce en exámenes trimestrales, tanto a la banca, como a la política del Gobierno.
En el primer parcial, en septiembre, el Ejecutivo de Rajoy ya evidenció dificultades para sacar adelante todas las reformas comprometidas. Aun así, la Comisión Europea felicitó a Madrid porque el Gobierno español decidió ir más allá y puso sobre la mesa más cambios legales “bien enfocados, y con plazos claros”, a ojos de los altos funcionarios europeos. Rajoy integró entonces la docena de normas exigida tras rescate a la banca en un paquete de medio centenar de reformas.
En diciembre, en el segundo parcial, repitió la jugada: como muestra de su “compromiso reformista” elevó a 72 los cambios estructurales que debían estar listos antes de finales de marzo. El próximo viernes, según anunció la pasada semana la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el Gobierno presentará su segundo plan de reformas. Y todo apunta a que repetirá jugada, con lo que el paquete de reformas pendientes volverá a engordar.
El Ejecutivo rebautiza cambios legales que ya debía haber abordado
Para reflejar que la tensión reformista no cede, tras los Consejos de Ministros se da cuenta de decretos y proyectos de ley, pero también de anuncios, tomas en consideración, estudios y anteproyectos. Es una estrategia muy similar a la que siguió el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero al encarar la crisis, que le granjeó entonces vivas críticas de la oposición, con el PP al frente. Una apariencia de intensa actividad que engaña, porque en la mayoría de los casos “los plazos claros” se incumplen. A veces, porque los tiempos de consultas y tramitación parlamentaria imponen su ley, algo que el Ejecutivo no siempre ha podido sortear con su recurso (compulsivo) al decreto. Otras, son las divisiones en el seno del Gobierno las que retrasan las reformas. Y de algunas no hay ni rastro, con los ministerios incapaces de digerir este empacho legislativo.
Todo apunta a que Bruselas, más preocupada ahora en dar con la tecla adecuada para mantener la austeridad sin agravar aún más la recesión, no tendrá en cuenta el retraso en las reformas para suavizar, otra vez, el recorte del déficit a España. De otro parecer son en Washington (FMI) y Fráncfort (BCE), los otros dos vértices de la troika. “Es esencial intensificar las reformas a nivel nacional, no podemos reemplazar la inacción de los Gobiernos”, insistió el pasado jueves el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. En el BCE, sobre todo, recelan de que tras haber contenido la prima de riesgo española con su promesa de intervención en caso de rescate, el Ejecutivo de Rajoy se sienta menos presionado para sacar del atolladero varias reformas que el supervisor del euro considera esenciales.
- Las cuentas pendientes del rescate. Los retrasos que hacen dudar al BCE del compromiso de Rajoy con las reformas, son los cambios normativos que se ligaron en julio al rescate de la banca y a la prórroga del ajuste del déficit público. El caso más llamativo es de la creación de una autoridad fiscal independiente, una condición a la que el Consejo Europeo dio prioridad, “para analizar, aconsejar y evaluar la política fiscal”. El Gobierno no llegó a tiempo en septiembre, y como hizo con otros incumplimientos, lo reprogramó “al primer trimestre de 2013”. Pero ni por esas: a principios de marzo, Saénz de Santamaría desveló que la norma está aún en fase de “borrador”. Desde el Ministerio de Hacienda apuntan a una posible participación de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el futuro organismo, pero despejan balones fuera cuando se les pregunta por su puesta en marcha.
La autoridad fiscal independiente se espera desde septiembre
Casi la mitad de las condiciones impuestas a España siguen sin cumplirse, pese a haberse retrasado a finales de 2012 o a este marzo. Es el caso de la regulación para atajar el déficit de tarifa: hubo una subida de impuestos a las eléctricas, pero Industria ha admitido que es insuficiente. Tampoco hay noticias de la regulación de los servicios profesionales, más allá de un borrador.
En pensiones, sí se ha aprobado la norma que endurece el acceso a la jubilación anticipada o parcial, pero no se ha presentado al Pacto de Toledo una reforma mucho más determinante, la que pretende condicionar el importe de las pensiones a la esperanza de vida (el factor de sostenibilidad). Y de la estrategia de empleo para mayores solo se puede rescatar el decreto que penaliza la incorporación de trabajadores de más de 50 años en los ERE. Tampoco ha habido avances en la evaluación de las políticas activas de empleo, ni en la coordinación de los servicios públicos de empleo y la colaboración con agencias privadas.
La incorporación de tributos verdes también anda rezagada (se plantea ligar el impuesto de circulación a las emisiones en 2014). Y de la estrategia para prevenir la exclusión social de colectivos en riesgo de pobreza no hay ni plazo ni contenido.
- Encalladas en el Congreso. Ante los socios europeos, Rajoy no deja de esgrimir su mayoría absoluta en el Parlamento, algo que debería agilizar la aprobación de las reformas, una vez que el Gobierno da vía libre al proyecto de ley. Pero no siempre es así. En la controvertida Ley de Transparencia —España es uno de los pocos países europeos que no la ha aprobado—, el plazo de enmiendas se ha prorrogado más de una de decena de veces. Y, según anunció la vicepresidenta, aún habrá al menos otro para incluir a la Monarquía. En el caso de la nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia, es el tira y afloja entre Madrid y Bruselas (que alerta de que el proyecto recorta la independencia de reguladores y supervisores), lo que tiene bloqueada la tramitación parlamentaria. En otros casos, el proyecto no encalla en el Parlamento, sino en las conferencias autonómicas, donde las regiones (también del PP) plantean cambios en áreas de su competencia: un proceso que retrasa la reforma educativa o la regulación de la nueva cartera de servicios sanitarios.
- Segunda generación de reformas (retrasadas). El rescate a la banca ha obligado al Ministerio de Economía a una contrarreloj legislativa para cumplir con el exigente calendario que le impuso el memorando del rescate, la contrapartida. El departamento del ministro de Economía, Luis de Guindos, ha cumplido aquí, pero no en otros muchos ámbitos. Varias de estas normas retrasadas forman el núcleo de lo que Rajoy rebautizó como segunda generación de reformas en el último debate del estado de la Nación, que se detallarán el próximo viernes. Entre ellas, la Ley de Emprendedores, donde se incorporará la promesa de que pymes y autónomos no paguen el IVA hasta que cobren la factura. O una nueva batería de medidas para facilitar la financiación y la internacionalización de las empresas. Economía ha presentado al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Unidad de Mercado (unifica las licencias empresariales en todas las comunidades), que debía haber estado aprobada a finales de 2012 pero no entrará en vigor hasta final de año.
El tira y afloja con la Comisión atranca la nueva regulación de Competencia
En otras, como la Ley de Cámaras o la creación de una Agencia de Internacionalización, los proyectos van más retrasados. Y otro tanto se puede decir de normas que deben trasponer directivas europeas en el ámbito financiero.
Entre los más rezagados destacan las normas relacionadas con el turismo o con a justicia, como la Ley de Registro Civil y la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria.
- Sector Público. El Gobierno ha presentado el anteproyecto de la reforma de la Administración Local. Una iniciativa que arrancó con ambición pero que ha quedado descafeinado. Aún así, esta medida está atrancada por las discrepancias entre los alcaldes y el Ejecutivo. Aunque su puesta en marcha estaba prevista para principios de este año, habrá que esperar a finales de 2012. Tampoco está listo el control mensual de las cuentas autonómicas.
El estatuto profesional de los profesores cae en el olvido
De las tres reformas estructurales educativas que preveía culminar el Gobierno en marzo, solo una está ya aprobada, la que se refiere a la Formación Profesional. Otra continúa su tramitación tras unos meses de demora inesperada (la reforma de la educativa, la LOMCE) y la última ni siquiera ha arrancado (el estatuto de la carrera profesional para los profesores de la escuela pública).
Sobre este último (prevista para el primer trimestre de 2013), hace ya meses que el Ministerio de Educación anunció que no se pondrían manos a la obra hasta que termine la tramitación de la reforma educativa, algo que ocurrirá, como pronto, a finales de este año.
En cuanto a la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), el trámite sufrió un inesperado retraso de casi tres meses después de que, a finales de octubre, las comunidades gobernadas por el PP exigieran revisar el texto para introducir algunas de sus reivindicaciones (apoyo a la Religión y a la escuela concertada, entre otros). El texto está en el Consejo de Estado que debe remitirlo al Consejo de Ministros para seguir su tramitación. La norma podría entrar en vigor en el curso 2014-2015 si no acumula más retraso.
Por último, un real decreto reguló el pasado noviembre la formación profesional dual (los jóvenes estudiarán un oficio mientras lo practican en una empresa), tanto en el ámbito laboral como en el educativo. En cuanto a este último, ahora hay programas piloto con solo 2.000 alumnos (el 0,3% de los estudiantes de FP) y las Administraciones ya han admitido que el cambio habrá que esperarlo a medio o largo plazo.
Contrarreforma sanitaria por capítulos
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad emprendió hace justo un año una amplia reforma del Servicio Nacional de Salud. Un cambio a golpe de decreto de medidas urgentes que aumentó el porcentaje que los ciudadanos pagan por los fármacos —los pensionistas aportan por primera vez— y excluyó a los extranjeros sin papeles de la atención normalizada. Sin embargo, uno de los ángulos más potentes de la medida, previsto por el Gobierno en el paquete de reformas para 2012, aún no ha cristalizado. Se trata de la regulación de las carteras sanitarias, la definición de lo que se considera básico para el sistema de salud y lo que no —lo que abriría la puerta a retirar la cobertura pública—.
La falta de consenso entre las comunidades y la polémica suscitada por el fondo de la reforma, además de los errores que contenía el real decreto de abril, han dificultado el desarrollo normativo. Un ejemplo: pese a los sucesivos anuncios de que deberían hacerlo, los pacientes no pagan aún por el transporte sanitario no urgente; Gobierno y autonomías discuten todavía quién debe hacerlo y cuánto. Tampoco ha comenzado el copago para las prótesis, sillas de ruedas o audífonos. La ausencia de criterios comunes entre las autonomías y de un registro de estos productos sanitarios no lo ha permitido.
Pese a que sí se han hecho reformas en materia farmacéutica —dirigidas fundamentalmente a reducir el gasto— tampoco el anteproyecto de Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios se ha transformado en norma aún; estaba previsto para finales de 2012.
A la espera de la Agencia Estatal de Investigación
La Agencia estatal de Investigación, cuya creación ha sido varias veces anunciada por el Gobierno y por el Ministerio de Economía, sigue pendiente, pese a que la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011, que contó con el apoyo del PP, especificó que debía hacerse en el plazo máximo de un año. El plazo concluyó en junio de 2012 y aún no existe este organismo, ideado a semejanza de los que tienen prácticamente todos los países desarrollados para gestionar con autonomía y eficacia la investigación científica.
La creación de este organismo estaba prevista también en el plan de reformas que el Gobierno presentó en septiembre del año pasado, un plan que ampliaba los plazos de algunas de las medidas. Preveía que la Agencia se creará durante el primer trimestre de este año. Pero el Gobierno tampoco ha podido cumplir con su propio calendario.
La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 y el nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, fueron aprobados por el Gobierno el pasado mes de febrero. El plan, en concreto, era una necesidad urgente puesto que el anterior fue el correspondiente a 2008-2011, se diseñó en pleno auge económico, y se había prorrogado un año más, justo en plena crisis.
También la creación y regulación del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación se ha cumplido, en este caso en noviembre de 2012. Este organismo pretende facilitar la participación de la comunidad científica y tecnológica en la política de I+D+i.
Retrasos en la regulación de montes y en parques
De las cuatro grandes reformas medioambientales pendientes de poner en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, solo una ha pasado por el Congreso de los Diputados: la normativa de gestión del litoral. El pasado 17 de febrero, el Gobierno del PP sacó adelante la reforma de la Ley de Costas gracias a su mayoría absoluta de su grupo parlamentario. La norma, polémica porque salva de la destrucción unas 10.000 viviendas de 10 zonas del litoral y porque concede otros 75 años de moratoria a construcciones condenadas a la piqueta, se debatirá a mediados de mes en el Senado.
Las otras medidas previstas sobre asuntos medioambientales acumulan retrasos. La revisión normativa sobre montes y patrimonio natural cuenta ya con un borrador de anteproyecto. La cuestión es que el Gobierno se había comprometido a aprobarla durante el primer trimestre de este año y no es previsible que esté culminada hasta el último tramo del año.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que dirige Miguel Arias Cañete, continúa trabajando en la simplificación de los procedimientos de evaluación ambiental a los que se someten las actividades profesionales, empresariales e industriales. Esta norma está aún en proceso de elaboración a pesar de que el plan de reformas preveía que se aprobara antes de abril. “La proliferación de disposiciones acarrea inseguridad jurídica”, ha dicho en varias ocasiones Arias Cañete para justificar la reforma. También está pendiente de la Ley de Parques Nacionales, que prevén terminar el próximo otoño.
ELPAIS.ES, Alejandro Bolaños, 7-4-2013
ESPAÑA / LOS DIEZ FRENTES DEL GOBIERNO EN EL NUEVO CURSO 2013-14
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reincorpora mañana a su despacho en La Moncloa después de las vacaciones con el objetivo de reimpulsar la segunda fase -la más decisiva en política- de la legislatura. La agenda de Rajoy está repleta de anotaciones con asuntos pendientes de resolver y deberes autoimpuestos para recuperar credibilidad de puertas afuera de Moncloa y Génova, y para recomponer la confianza y seguridad perdidas de puertas adentro. Rajoy asume que debe reconducir la profunda convulsión interna generada por el caso Bárcenas. También, corregir el desgaste de una acción de gobierno que contraviene líneas sustanciales del programa electoral del PP y -su auténtica prioridad- trasladar los indicios de recuperación económica de las grandes cifras al día a día de los ciudadanos, algo que aún no se está produciendo.
1. Bárcenas, la incómoda asignatura pendiente
El caso Bárcenas se está convirtiendo en el principal lastre de Mariano Rajoy al frente del Gobierno y del PP porque la sombra de corrupción suele castigar electoralmente más aún que los errores de gestión o la impopularidad de medidas económicas como el aumento de impuestos. La gestión política del caso Bárcenas ha sido muy discutida internamente dentro del PP desde que estalló el escándalo en enero. Pese a que la tesis oficial desde Génova acota toda la responsabilidad a un «delincuente» como su extesorero, sus efectos reales en términos de crédito político se extienden más allá de la investigación penal puesta en marcha para aclarar si existieron -y si no han prescrito- sobresueldos en B o financiación ilegal del PP.
Nadie en el PP pone en duda la honestidad personal de Rajoy, pero su gestión política de esta crisis, así como la de María Dolores de Cospedal, sí ha provocado incertidumbre en el partido y abierto grietas internas que el presidente se ha propuesto cerrar. Rajoy maneja sus tiempos y no se deja influir. Pero habrá una renovación o un «movimiento transversal de piezas» para tratar de pacificar la dirección del PP porque la creciente tensión intestina se entiende difícilmente asumible más meses. De hecho, con el chantaje de Bárcenas han aflorado viejas luchas de poder y ego entre dirigentes de la «vieja guardia» enfrentados al ecosistema vigente. En público o en privado, y no todos por idénticos motivos, José María Aznar, Esperanza Aguirre, Javier Arenas o Jaime Mayor Oreja no ocultan su disconformidad con el «oficialismo» en Génova. Luchas que quedaron latentes con el triunfo por mayoría absoluta se han reproducido al albur del escándalo Bárcenas. El consuelo de la dirección del PP es la incapacidad del PSOE de remontar los puntos que los populares pierden en intención de voto. Pero se ha instalado la tesis de que Rajoy debe imponer un plus de contundencia interna para retomar la iniciativa.
En julio de 2013, una vez salieron a la luz los conocidos 'papeles de Bárcenas', que reflejan las entradas y salidas de la presunta contabilidad paralela del PP, y de que el que fuera su tesorero se mostrara dispuesto a colaborar con la Audiencia Nacional.
De ahí,l a conocida como 'operación Kitchen'. Un operativo parapolicial creado en 2013 para arrebatar al que llevaba las cuentas de los 'populares'. Su juicio e imputaciones se retrarán al años 2021. el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 no sólo ha tenido en cuenta los apuntes de Villarejo en los que haría alusión a la ex 'número dos' del PP liderado entonces por Mariano Rajoy, sino también las declaraciones de otros investigados y testigos de la causa, como la del principal perjudicado en la pieza 7 del caso 'Tándem', en la que se investiga el operativo parapolicial sufragado con fondos reservados para espiar al entorno familiar de Bárcenas.
2. Renovación de los equipos de confianza
Rumorología y especulaciones veraniegas aparte, nadie salvo el propio Rajoy sabe a ciencia cierta sus planes de renovación. Tanto en Génova como en Moncloa. «Lo demás es pelar la pava», dice gráficamente un dirigente popular para ironizar sobre «lo absurdode hablar sobre «ministrables, vencedores y vencidos». En el PP es creciente la sensación de que para reimpulsar la legislatura será preciso acometer una crisis de gobierno que algunos fechan en la primavera de 2014, por efecto de las elecciones europeas y por la necesidad de encumbrar a algún ministro sólido en la Comisión. Hay quien sitúa a Arias Cañete -también a Arenas para «alejarlo» de Génova- al frente de la lista europea, pero también quien atribuye al ministro más poder en una cartera económica o un ascenso en el Gobierno. Incluso, ven a Arias Cañete como candidato en Andalucía, lo que no responde a sus apetencias. Ministros discutidos en el PP por el marcado desgaste en su gestión son Cristóbal Montoro, Ana Mato -un efecto colateral del caso Gürtel cuya honradez ha sido defendida públicamente por Rajoy-, José Ignacio Wert o Alberto Ruiz-Gallardón. Estos dos últimos, con un crédito bajo mínimos en el espectro de la educación y la justicia, respectivamente, por la extrema dificultad de negociar con ellos reformas de sus ámbitos.
Los más afianzados parecen a ojos del PP Soraya Sáenz de Santamaría, Luis de Guindos, Ana Pastor, el propio Cañete o José Manuel García-Margallo, cuya labor en la crisis de Gibraltar está siendo muy ponderada por Mariano Rajoy. Más neutra es la evaluación que el PP hace de Jorge Fernánez Díaz, Fátima Báñez, Pedro Morenés o José Manuel Soria. «Pero Rajoy no juega con cuadernos azules ni cosas por el estilo. Es sencillamente inexcrutable», siguen diciendo de él al cumplir casi el ecuador de la legislatura
Rumorología y especulaciones veraniegas aparte, nadie salvo el propio Rajoy sabe a ciencia cierta sus planes de renovación. Tanto en Génova como en Moncloa. «Lo demás es pelar la pava», dice gráficamente un dirigente popular para ironizar sobre «lo absurdode hablar sobre «ministrables, vencedores y vencidos». En el PP es creciente la sensación de que para reimpulsar la legislatura será preciso acometer una crisis de gobierno que algunos fechan en la primavera de 2014, por efecto de las elecciones europeas y por la necesidad de encumbrar a algún ministro sólido en la Comisión. Hay quien sitúa a Arias Cañete -también a Arenas para «alejarlo» de Génova- al frente de la lista europea, pero también quien atribuye al ministro más poder en una cartera económica o un ascenso en el Gobierno. Incluso, ven a Arias Cañete como candidato en Andalucía, lo que no responde a sus apetencias. Ministros discutidos en el PP por el marcado desgaste en su gestión son Cristóbal Montoro, Ana Mato -un efecto colateral del caso Gürtel cuya honradez ha sido defendida públicamente por Rajoy-, José Ignacio Wert o Alberto Ruiz-Gallardón. Estos dos últimos, con un crédito bajo mínimos en el espectro de la educación y la justicia, respectivamente, por la extrema dificultad de negociar con ellos reformas de sus ámbitos.
Los más afianzados parecen a ojos del PP Soraya Sáenz de Santamaría, Luis de Guindos, Ana Pastor, el propio Cañete o José Manuel García-Margallo, cuya labor en la crisis de Gibraltar está siendo muy ponderada por Mariano Rajoy. Más neutra es la evaluación que el PP hace de Jorge Fernánez Díaz, Fátima Báñez, Pedro Morenés o José Manuel Soria. «Pero Rajoy no juega con cuadernos azules ni cosas por el estilo. Es sencillamente inexcrutable», siguen diciendo de él al cumplir casi el ecuador de la legislatura
3. Obsesión por superar la crisis económica
El principal frente de Rajoy sigue siendo superar la crisis económica. Cree sentadas las bases para ello pese al riesgo que conlleva la aprobación de medidas impopulares que asume como «sacrificios imprescindibles» independientemente de un futurible castigo en las urnas. La reforma laboral está permitiendo cinco meses seguidos de reducción de la tasa de desempleo, algo que no ocurría desde 2007. Las exportaciones se han incrementado en el primer semestre un 8%, el mayor aumento en 42 años. El fantasma del rescate parece ahuyentado y el pago de la deuda -es cierto que sigue disparada- permite un respiro: hace un año, la prima de riesgo amenazaba desde los 510 puntos y el viernes cerró en 252. Guindos calcula el ahorro en unos 5.000 millones de euros. Y, sobre todo, Rajoy cree «haber metido en cintura» a las autonomías con la contención del déficit. Su preocupación estriba ahora en que los datos macroeconómicos se traduzcan en oxígeno para los ciudadanos cuanto antes. Su compromiso en la segunda fase de la legislatura es bajar el IRPF que subió al llegar al poder.
4. Agenda reformista para impulsar la acción política
Sin concesiones a la galería y sin dar relevancia a las eternas amenazas de un «otoño caliente», el Gobierno prolongará su «agenda reformista». Bruselas y la necesidad de restaurar la confianza exterior ante los mercados lo imponen. La reforma local y la renovación del sistema de finaciación autonómica -que incluye objetivos de déficit a la carta- serán conflictivas y resucitarán agravios entre comunidades. Pero la reducción del gasto público no es negociable para Rajoy. Visualmente, el PP cree que serán medidas bien acogidas por un ciudadano «harto de despilfarro y descontrol con el dinero público».
5. Retomar el pulso a la oposición
Rajoy aspira, salvo catástrofe política no prevista, a agotar la legislatura. Con o sin el respaldo de la oposición del PSOE en cuestiones de Estado. Enfriadas de momento las movilizaciones sociales más radicales y las protestas masivas contra los recortes, incluso una nueva huelga general, Rajoy permanece abierto a pactar con la oposición. Las ideas del PSOE de reprobar su gestión o de someterle a una moción de censura pertenecen al ámbito de los «juegos tácticos» de un PSOE inmerso aún en una crisis de liderazgo, irresuelta en su último congreso. A falta de que los socialistas aclaren su calendario, las «primarias permanentes» a las que Rubalcaba está sometiendo al PSOE son vistas en el PP como el síntoma de una crisis endogámica sin resolución a corto plazo.
6. Consolidar la mejora de la imagen exterior
Durante la primera fase de la legislatura, Rajoy se empeñó en dar una imagen internacional muy diferente a la ofrecida con el Gobierno de Zapatero. Rajoy insistirá en evitar la imagen de una España débil y carente de influencia. Han trascendido sus enfrentamientos a Angela Merkel, por ejemplo, y Moncloa alega que España no ha salido perjudicada. La percepción del país en la prensa internacional mejora lentamente. Hoy, la crisis de Gibraltar relanza también una imagen de contundencia que Rajoy prevé continuar, especialmente con los intereses españoles en Hispanoamérica.
7. Sin cesiones para dar una salida a ETA
La desaparición definitiva de ETA sin cesiones a las exigencias del exiguo núcleo dirigente de la banda es otro objetivo del Gobierno. Rajoy carga con la herencia del Ejecutivo socialista y con la afinidad de éste hacia la legalidad de Bildu, Sortu y Amaiur. Pero preocupa en el PP, especialmente en el vasco tras sus resultados en las autonómcias, el clima de envalentonamiento proetarra en las calles e instituciones, y el efecto demoledor que están teniendo algunas polémicas excarcelaciones y permisos a etarras en las víctimas del terrorismo y en parte del electorado. Sobre el eterno «diálogo», Rajoy seguirá sin oír «cantos de sirena» de ETA.
8. La «agenda social», pendiente del TC
La política social del PP está en buena medida pendiente de decisiones del Tribunal Constitucional. La ley del aborto, el euro por receta, aspectos de la reforma sanitaria y, sobre todo, el éxito de la nueva Ley de Educación dependerán de resoluciones del Tribunal Constitucional. El PSOE ha convertido al TC en la segunda instancia de oposición tras el Parlamento y trata de bloquear prácticamente todas las medidas sociales del Gobierno. El TC, eso sí, cuenta ya con una mayoría de signo conservador.
9. La deriva imprevisible del desafío secesionista
Mariano Rajoy no ve estratégicamente fácil una salida al embrollo político al que Artur Mas ha abocado a Cataluña. Rota la alianza CiU-PP, Mas se ha rendido a ERC y a una obsesión secesionista. Su objetivo de llevar a cabo una consulta independentista es tan firme como la obligación legal de Rajoy de impedirlo. Moncloa no vislumbra una solución constructiva de este conflicto. Probablemente será traumática porque la Constitución -que no se va a reformar- blinda a Cataluña de excesos como los de Mas. Y CiU está en riesgo de una ruptura interna. La baza de la división entre los nacionalistas es la que el PP considera más aprovechable.
10. Confianza en las instituciones
La corrupción política, la gestión manirrota del dinero público y la creciente percepción social de abusos y privilegios desde la política -los sondeos del CIS son contundentes al respecto- obligarán a Rajoy a intentar liderar iniciativas de recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones. Dirigentes del PP vislumbran un riesgo de «italianización» de la política española y avisan de una difícil gobernabilidad por un castigo al bipartidismo. Es la baza de IU, UPyD
ABC.ES, MANUEL MARÍN ,26/08/2013
DEBATE EL ESTADO DE LA NACIÓN 20/2/2013
Dircurso del Presidente Rajoy:
Mariano Rajoy recibe el aplauso de sus compañeros de partido en el primer debate del estado de la nación. CRISTÓBAL MANUEL
Mariano Rajoy, JAIME GARCÍA
El resumen de 2014.
El año en el que hemos cambiado de rey por primera vez desde que e instauró la democracia: de Juan Carlos I a Felipe VI (y con Cristina de Borbón enfilando el camino hacia el banquillo de los acusados).No solo hemos cambiado de monarca, hemos conocido una nueva reforma fiscal, nos hemos peleado por el precio de la electricidad, hemos asistido al desplome de Gowex y a la muerte de Emilio Botín o Isidoro Álvarez. Ha sido el año en el que Podemos ha irrumpido definitivamente en el panorama político español, favorecido por la explosión de casos de corrupción, como el de las tarjetas black de Banki
Ese año, el Gobierno también tuvo que renovar a los titulares de tres ministerios: Isabel García Tejerina relevó a Arias Cañete en Agricultura; Rafael Catalá a Alberto Ruiz-Gallardón en Justicia, yAlfonso Alonso a Ana Mato en Sanidad. La gran victoria del Gobierno fue conseguir, contra todo pronóstico, que España ganara la votación y se convirtiera en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
Ese año, el Gobierno también tuvo que renovar a los titulares de tres ministerios: Isabel García Tejerina relevó a Arias Cañete en Agricultura; Rafael Catalá a Alberto Ruiz-Gallardón en Justicia, yAlfonso Alonso a Ana Mato en Sanidad. La gran victoria del Gobierno fue conseguir, contra todo pronóstico, que España ganara la votación y se convirtiera en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
Visiíón de España por Peridis, 2.4.2014
La X legislatura de la democracia ha sido probablemente, y salvando el reto que supuso el cambio de régimen de la Transición, la más intensa de los últimos cuarenta años. El factor desencadenante fue la crisis económica, cuya enorme magnitud ha acabado derivando en una crisis política.
En los útlimos cuatro años la mayoría de las principales instituciones del Estado se han visto salpicadas por algún escándalo, de modo quenadie en España se ha librado de ser analizado con lupa, justa o injustamente.
Transcurrido este tiempo, el Gobierno se esfuerza por destacar el cambio económico -el PIB crece y el paro baja- mientras la oposición denuncia un aumento de la desigualdad. Entretanto, Artur Mas ha liderado un auténtico desafío al Estado y dos nuevos partidos han emergido con fuerza, aunque se desconoce su auténtica dimensión. Después de cuatro años de enorme intensidad, el 20 de diciembre de 2015 llega la hora de hacer balance.
Mínimos retoques en el ejecutivo: cuatro cambios de ministros y ninguna crisis de gobierno. El carácter de Mariano Rajoy y su aversión a los cambios ha impregnado una legislatura en la que la mayoría de los ministros que tomaron posesión en diciembre de 2011 continúan hoy en sus puestos. El primer cambio se produjo en abril de 2014: García Tejerina sustituyó a Arias Cañete en Agricultura. En septiembre de ese año Catalá ocupó el puesto de Gallardón en Justicia, y en diciembre Ana Mato fue relevada por Alonso. El último cambio fue el pasado mes de junio: Méndez de Vigo sustituyó a Wert en Educación.
436.500 parados menos que al comienzo de la legislatura. Al cierre de 2011, cuando el PP llegó a La Moncloa, había 5,287 millones de parados, hoy hay 4.850.000, es decir 436.500 desempleados menos. Elempleo es todavía algo inferior al que había al comienzo de la legislatura. Pero lo que ha cambiado es la tendencia. Desde el peor momento, a comienzos de 2014, se han creado un millón de empleos y el paro se ha reducido en más de 1,4 millones de personas.
Actividad económica: el PIB avanza al 3% y lidera el crecimiento en Europa. La economía española acababa de recaer en la recesión al inicio de la legislatura, y cerró 2011 con una contracción del PIB del 1%. Las reformas del Gobierno no tuvieron efecto inmediato: la actividad tocó fondo (-2,5%) en 2012. A partir de ahí, esas medidas y el apoyo del Banco Central Europeo (BCE) fueron surtiendo efecto. A mediados de 2013 España empezó a crecer, pero en el conjunto del año la cifra seguía siendo negativa (-1,7%). El año pasado fue el primer ejercicio de la legislatura en el que la economía española registró cifras positivas. Cerró con un avance del 1,4% y este 2015 el PIB crece a ritmos superiores al 3%. De hecho nuestro país se sitúa a la cabeza del crecimiento europeo, por encima del avance de Francia, Italia, Reino Unido e incluso Alemania. Es el fruto de las reformas y el viento de cola de las medidas expansivas del BCE y del bajo precio del petróleo.
Balanza de pagos: Tres años de superávit exterior. España llegó a serel segundo país del mundo con mayor déficit exterior, solo por detrás de Estados Unidos. La apuesta de las empresas por salir fuera a vender lo que dentro no podían con la recesión, y las menores compras al exterior por la falta de consumo interno permitieron a España sanear su sector exterior durante la crisis España encadena dos años -2013 y 2014- de superávit en la balanza de pagos, y según el Gobierno 2015 también arrojará saldo positivo. Las buenas cifras continúan en la recuperación.
Cuentas públicas: El déficit se reduce a la mitad. Los números rojos de las cuentas públicas han pasado del 9,4% del PIB en 2011, más de 95.000 millones de euros al 4,2% que se prevé para este año. El déficit se ha reducido a la mitad pese a la recesión económica.
Sectores económicos. El inmobiliario se recupera: los precios suben al 4%. El turismo ha marcado cifras récord durante la crisis y el sector de la automoción está en plena recuperación. Ahora también el mercado inmobiliario parece reanimarse: el precio de la vivienda subió un 4,2% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2014, su mayor subida desde 2007. En los ocho primeros meses de este 2015 la compraventa de pisos aumentó además un 12%.
Actividad legislativa: Más de 200 leyes en la legislatura más larga de la democracia. La X Legislatura de la democracia se ha caracterizado por una intensa actividad legislativa, con la aprobación de más de 200 leyes, muchas en el ámbito económico como la reforma laboral , la financiera o la energética, pero también ha habido iniciativas en otros ámbitos como la reforma de la educación o de la seguridad ciudadana.
Infraestructuras: 1000 kilómetros de AVEy 800 de autovíasy carreteras. Pese a que la inversión pública ha sido una de las partidas presupuestarias que más ha sufrido por la necesidad de reducir el déficit público, en los últimos cuatro años se han construido cerca de 1.000 kilómetros de AVE, 524 ya se han puesto en marcha, como la línea recién estrenada a León, y el resto se pondrán en servicio en los próximos meses. También se han construido 800 kilómetros de autovías y nuevas carreteras.
Consolidación fiscal: La deuda pública ha crecido en másde 300.000 millones de euros. La deuda en 2011 era de 743.530 millones, pero ha ido creciendo y suma ya 1,05 billones, casi el 98% del PIB.España debe prácticamente lo mismo que produce. Las causas de ese aumento son la financiación de mecanismos de ayuda a las autonomías y planes de pago a proveedores, el rescate de la banca y de Irlanda, Portugal y Grecia, y la financiación del déficit público.
Mejora del «rating»: La prima de riesgo cae a 115 puntos tras superar los 600. El temor a que España tuviese que recurrir al rescate, como Grecia o Portugal, llevó a los inversores a exigir un extra de más del 6% (637 puntos) para comprar nuestra deuda respecto a la alemana, es lo que conocemos como prima de riesgo. Hoy apenas supera el 1% (115 puntos)
Y, de fondo, las grandes cifras muestran una recuperación, pero la población sigue sin notar sus efectos, con las desigualdades sociales en máximo: el paro ha caído levemente, aunque seguimos en máximos; el IPC está rondando la deflación pero, aseguran los expertos, no hay riesgo de deflación; el crédito sigue estancado, y así la recuperación no termina de arrancar. Lo que sí marcha boyante es el turismo, con otro año récord para nuestra principal industria.
La única legislatura de la democracia que empezó con un Rey y terminó con otro ha sido la que finaliza ahora. Mariano Rajoy tuvo que crear el marco legal para hacer efectivo el deseo de abdicar de Don Juan Carlos. Y hubo de hacerlo discretamente, en unas circunstancias políticas complicadas y en un tiempo récord, porque el Rey se lo comunicó al presidente del Gobierno a finales de marzo, a la salida del funeral de Adolfo Suárez, y el relevo se anunció el 2 de junio y se hizo efectivo con toda normalidad institucional la noche del 18 al 19 de junio.
Felipe VI:
El Rey sintetizó en el discurso fin de año 2014 los problemas de España:
“Regenerar la vida política, recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, garantizar nuestro Estado del bienestar y preservar nuestra unidad desde la pluralidad son nuestros grandes retos”. Y entró en las tres ces que más preocupan: corrupción política, crisis económica y Cataluña. El Rey abrió la puerta, como ya hizo su padre hace un año, a “poner al día y actualizar el funcionamiento de nuestra sociedad democrática”
PARA SABER MÁS, VER:
Situación económica
Con las elecciones del día 20, diciembre 2015 se cierra una legislatura muy convulsa, en la que la economía ha ocupado el centro de las políticas del Gobierno.
La catastrófica situación de 2011 proviene del nefasto modelo de crecimiento de la década anterior a la crisis, iniciado por el PP y continuado por el PSOE, basado en el endeudamiento y en la burbuja inmobiliaria que generaron graves desequilibrios. Las crisis internacional de 2008 explosionó la burbuja inmobiliaria y arruinó crecimiento, empleo y solvencia financiera. La inadecuada gestión socialista de la crisis agudizó los problemas. El resultado fue la primera recesión: 5,5 puntos menos de PIB, 2,5 millones de empleos destruidos, aumento del paro hasta el 22% y un déficit público del 10%.
La dinamización del mercado laboral y el ajuste presupuestario han marcado la política económica del Ejecutivo de Mariano Rajoy en los últimos cuatro años. La crisis ha teñido de gris una legislatura en la que, en los periodos más duros, la economía española ha llegado a contraerse más de un 3% interanual y la tasa de paro se quedó al borde del 27%, con más de 6,2% de desempleados.
Todo esto, con un nivel de déficit público también récord y de endeudamiento de las Administraciones que todavía no ha parado de crecer.
El telón de fondo ha sido muy adverso: la crisis del euro, la de deuda, con los consiguientes problemas de financiación en la región, varios países rescatados... Y, de hecho, el sector bancario español ha necesitado una inyección de más de 40.000 millones de euros entre 2012 y 2013.
Durante este periodo, el Gobierno de Rajoy ha apostado por políticas deconsolidación fiscal y reformas no exentas de polémica: la fiscal, laboral, de las pensiones...
¿Qué cifras ha dejado la legislatura?
PIB: Es el indicador clave de la evolución de la economía. Mide la evolución de los bienes y servicios que produce la economía. en el último trimestre de 2011 fue de 265.810 millones de euros. Durante 2012, el primer año de la legislatura, el PIB continuó en contracción, pero en 2013 se inició una leve recuperación de la economía, que se aceleró en 2014 y ha tomado aún más ritmo en 2015. El último PIB trimestral publicado, correspondiente al periodo julio-septiembre, ha sido de 271.956 millones de euros. Si lo comparamos con el inmediatamente anterior a comenzar la X legislatura, el PIB ha aumentado 6.146 millones es decir un 2,3%.
PARO: La sangría del mercado laboral ha sido uno de los retos más complicados de esta legislatura. Al inicio de ésta, en el último trimestre de 2011, la tasa de paro era del 22,6%. Este nivel siguió aumentando hasta su punto más elevado al inicio de 2013, en el 26,9%. Desde entonces, ha menguado, aunque a trompicones y no de forma lineal, y, en el último trimestre con datos disponibles (el tercero de 2015) se ha situado en el 21,2%, tras un gran comportamiento en los últimos tres meses. Es decir, en cuatro años, se ha reducido en 1,4 puntos porcentuales.
Si analizamos el dato en términos absolutos también se percibe cierta reducción. En concreto, en el último trimestre de 2011 el número de desempleados era de 5.287.300 personas, frente a los 4.850.800 del tercer trimestre de este año. Es decir, en cuatro años se ha reducido el paro en 436.500 personas (o lo que es lo mismo, un 8,2%). Al inicio de 2013, se alcanzó la cota de 6.278.200 de desempleados, según los datos de la Encuesta de la Población Activa, que elabora el INE.
Las cifras del paro registrado, que es otra manera de medir el desempleo, también aportan una reducción. En noviembre de 2011, la cifra de parados estaba en los 4,4 millones de personas, mientras que el mes pasado era de 4,1 millones.
EMPLEO: La caída del paro en estos cuatro años no ha logrado traducirse en más puestos de trabajo. En noviembre pasado, la cifra de afiliados a la Seguridad Social era de 17.223.086 personas, es decir, 25.444 personas menos que en noviembre de 2011. Rajoy heredó un mercado laboral que ya había perdido dos millones de empleos desde 2007. Eso sí, entre finales de 2011 y principios de 2013 el número de cotizantes también menguó, y nada menos que en un millón de personas. Desde enero de 2014, cuando se marcó la cota más baja (con 16.173.610 afiliados) se han ido sumando afiliados, aunque ha habido meses en los que se ha dado marcha atrás.
Al centrarse en los datos de la EPA el resultado no es mucho mejor. Si en el último trimestre de 2011 la cifra de ocupados era de 18.153.000 personas, en el tercero de 2015 (último dato disponible), el número de personas trabajando era levemente más baja: 18.048.700 personas. Eso sí, cabe destacar que el cierre del año, que coincide con el de legislatura, se salda con 479.600 nuevos empleos durante 2015.
DEUDA PÚBLICA Y DÉFICIT PÚBLICO: El nivel de endeudamiento público ha sido el indicador que más se ha deteriorado en los últimos cuatro años. "La legislatura comenzó con una deuda del 743.530 millones de euros, los ascensos continuaron durante esta legislatura hasta 1.062.472 millones de euros el 97,80% del PIB. Esto supone que durante la legislatura la deuda creció 318.942 millones, es decir un 30%", afirma el análisis de Expansión/Datosmacro.com.
Además, las perspectivas no son muy halagüeñas. El FMI, por ejemplo, prevé que la deuda bruta de España toque techo en 2016, al alcanzar un máximo del 98,8% del PIB, tras cerrar 2015 en el 98,6%. El Ejecutivo de Rajoy, por su parte, augura un nivel del 98,5%.
Hay que tener en cuenta que como la deuda se mide en relación con el PIB, por tanto, además del incremento del endeudamiento, a lo largo de estos años se he percibido una mayor proporción por la moderación o contracción del PIB. Al inicio de este año, llegó al 99,7% del PIB.
En cuanto al déficit, la X legislatura comenzó con un aumento del déficit en 2012. El resto de la legislatura el déficit se redujo hasta 61.319 millones de euros, el 5,9% del PIB en 2014. El último dato de déficit publicado es 39.946 millones, menor que con el que se inició la legislatura, el déficit se ha reducido un 39,4%, asegura el análisis de Expansión/Datosmacro.com. Eso sí, en los últimos años se han producido leves desvíos respecto a lo previsto por el Gobierno. Claro que muchos más leves que los cuatro ejercicios anteriores.
Para 2015, el Gobierno prevé que el saldo negativo de las Administraciones Públicas se reduzca desde el 5,7% del PIB al 4,2%.
Hay que tener en cuenta que parte del incremento de esta legislatura se explica por el rescate solicitado por España a Bruselas para sanear parte del sistema financiero, de algo más de 40.000 millones de euros.
GASTO PÚBLICO: El primer año de la legislatura, 2012, se produjo un incremento del gasto público en España, pero en los siguientes años se llevó a cabo una importante contención. En 2014 el gasto público fue de 463.041,0 millones de euros, el 44,5% del PIB, una cifra muy similar a la del primer año de la legislatura anterior y un 5,2% menor que al iniciarse la legislatura, de acuerdo con el análisis de Expansión/Datosmacro.com.
Con estas notas tan heterogéneas (mejores en el control del gasto pero más débiles en el mercado laboral y en el endeudamiento), ahora habrá que ver qué calificación le ponen los electores a Mariano Rajoy.
PIB: Es el indicador clave de la evolución de la economía. Mide la evolución de los bienes y servicios que produce la economía. en el último trimestre de 2011 fue de 265.810 millones de euros. Durante 2012, el primer año de la legislatura, el PIB continuó en contracción, pero en 2013 se inició una leve recuperación de la economía, que se aceleró en 2014 y ha tomado aún más ritmo en 2015. El último PIB trimestral publicado, correspondiente al periodo julio-septiembre, ha sido de 271.956 millones de euros. Si lo comparamos con el inmediatamente anterior a comenzar la X legislatura, el PIB ha aumentado 6.146 millones es decir un 2,3%.
PARO: La sangría del mercado laboral ha sido uno de los retos más complicados de esta legislatura. Al inicio de ésta, en el último trimestre de 2011, la tasa de paro era del 22,6%. Este nivel siguió aumentando hasta su punto más elevado al inicio de 2013, en el 26,9%. Desde entonces, ha menguado, aunque a trompicones y no de forma lineal, y, en el último trimestre con datos disponibles (el tercero de 2015) se ha situado en el 21,2%, tras un gran comportamiento en los últimos tres meses. Es decir, en cuatro años, se ha reducido en 1,4 puntos porcentuales.
Si analizamos el dato en términos absolutos también se percibe cierta reducción. En concreto, en el último trimestre de 2011 el número de desempleados era de 5.287.300 personas, frente a los 4.850.800 del tercer trimestre de este año. Es decir, en cuatro años se ha reducido el paro en 436.500 personas (o lo que es lo mismo, un 8,2%). Al inicio de 2013, se alcanzó la cota de 6.278.200 de desempleados, según los datos de la Encuesta de la Población Activa, que elabora el INE.
Las cifras del paro registrado, que es otra manera de medir el desempleo, también aportan una reducción. En noviembre de 2011, la cifra de parados estaba en los 4,4 millones de personas, mientras que el mes pasado era de 4,1 millones.
EMPLEO: La caída del paro en estos cuatro años no ha logrado traducirse en más puestos de trabajo. En noviembre pasado, la cifra de afiliados a la Seguridad Social era de 17.223.086 personas, es decir, 25.444 personas menos que en noviembre de 2011. Rajoy heredó un mercado laboral que ya había perdido dos millones de empleos desde 2007. Eso sí, entre finales de 2011 y principios de 2013 el número de cotizantes también menguó, y nada menos que en un millón de personas. Desde enero de 2014, cuando se marcó la cota más baja (con 16.173.610 afiliados) se han ido sumando afiliados, aunque ha habido meses en los que se ha dado marcha atrás.
Al centrarse en los datos de la EPA el resultado no es mucho mejor. Si en el último trimestre de 2011 la cifra de ocupados era de 18.153.000 personas, en el tercero de 2015 (último dato disponible), el número de personas trabajando era levemente más baja: 18.048.700 personas. Eso sí, cabe destacar que el cierre del año, que coincide con el de legislatura, se salda con 479.600 nuevos empleos durante 2015.
DEUDA PÚBLICA Y DÉFICIT PÚBLICO: El nivel de endeudamiento público ha sido el indicador que más se ha deteriorado en los últimos cuatro años. "La legislatura comenzó con una deuda del 743.530 millones de euros, los ascensos continuaron durante esta legislatura hasta 1.062.472 millones de euros el 97,80% del PIB. Esto supone que durante la legislatura la deuda creció 318.942 millones, es decir un 30%", afirma el análisis de Expansión/Datosmacro.com.
Además, las perspectivas no son muy halagüeñas. El FMI, por ejemplo, prevé que la deuda bruta de España toque techo en 2016, al alcanzar un máximo del 98,8% del PIB, tras cerrar 2015 en el 98,6%. El Ejecutivo de Rajoy, por su parte, augura un nivel del 98,5%.
Hay que tener en cuenta que como la deuda se mide en relación con el PIB, por tanto, además del incremento del endeudamiento, a lo largo de estos años se he percibido una mayor proporción por la moderación o contracción del PIB. Al inicio de este año, llegó al 99,7% del PIB.
En cuanto al déficit, la X legislatura comenzó con un aumento del déficit en 2012. El resto de la legislatura el déficit se redujo hasta 61.319 millones de euros, el 5,9% del PIB en 2014. El último dato de déficit publicado es 39.946 millones, menor que con el que se inició la legislatura, el déficit se ha reducido un 39,4%, asegura el análisis de Expansión/Datosmacro.com. Eso sí, en los últimos años se han producido leves desvíos respecto a lo previsto por el Gobierno. Claro que muchos más leves que los cuatro ejercicios anteriores.
Para 2015, el Gobierno prevé que el saldo negativo de las Administraciones Públicas se reduzca desde el 5,7% del PIB al 4,2%.
Hay que tener en cuenta que parte del incremento de esta legislatura se explica por el rescate solicitado por España a Bruselas para sanear parte del sistema financiero, de algo más de 40.000 millones de euros.
GASTO PÚBLICO: El primer año de la legislatura, 2012, se produjo un incremento del gasto público en España, pero en los siguientes años se llevó a cabo una importante contención. En 2014 el gasto público fue de 463.041,0 millones de euros, el 44,5% del PIB, una cifra muy similar a la del primer año de la legislatura anterior y un 5,2% menor que al iniciarse la legislatura, de acuerdo con el análisis de Expansión/Datosmacro.com.
Con estas notas tan heterogéneas (mejores en el control del gasto pero más débiles en el mercado laboral y en el endeudamiento), ahora habrá que ver qué calificación le ponen los electores a Mariano Rajoy.
Según el análisis de Expansión/Datosmacro.com, 14/12/2015
Fue la dictada por Bruselas, consolidación fiscal y reformas estructurales, con todas las incertidumbres respecto al acierto de su enfoque y con notables errores y carencias en la aplicación española. En los primeros años, nuestra excesiva contracción presupuestaria en un período de fuerte caída del PIB provocó una segunda recesión de más dos años (5 puntos menos de PIB, más destrucción de empleo y aumento del paro hasta el 27%), redujo fuertemente la inversión y dañó gravemente nuestro estado de bienestar con importantes recortes en educación, sanidad, desempleo y dependencia. Recientemente, la desviación al alza del déficit público de 2015 obligará a reducirlo significativamente en los dos próximos años, desacelerando nuestro crecimiento. Además, la deuda pública creció fuertemente en la legislatura alcanzando la desorbitada cifra del 100% del PIB. De la reforma laboral, señalar la flexibilización del mercado y, con reservas, de los salarios, pero criticar el mayor desequilibrio en las relaciones empresario/trabajador, la inadecuada solución al problema de la temporalidad y la falta de políticas activas de empleo. El rescate bancario saneó básicamente el sistema financiero pero con enormes costes para los ciudadanos (53.000 millones, en su mayoría irrecuperables). La reforma de pensiones supuso un avance respecto a las anteriores, aunque no resolvió el problema. Finalmente, quedaron sin hacerse reformas significativas como la educativa, la reforma fiscal o la unidad de mercado.
PARA SABER MAS,VER:
HIS-ESP-XXI EN TEODOSIO, UN BLOG
20-D-2015: Nuevas elecciones
Crisis económica, desafección ciudadana, fin del bipartidismo político, relaciones con Cataluña, son algunas cuestiones que van a marcar las próximas elecciones generales en España,
El PP gana pero tendrá muy difícil formar gobierno
La suma de PP y Ciudadanos queda muy lejos de la mayoría absoluta, al igual que la de PSOE, Podemos e IU. Se abre un periodo de negociación
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La suma de PP y Ciudadanos queda muy lejos de la mayoría absoluta, al igual que la de PSOE, Podemos e IU. Se abre un periodo de negociación
El actual Gobierno en funciones batirá ese récord de 1996 si supera la fecha del 21 de febrero. El 20-D dejó un escenario complejo sin solución a la vista a corto plazo. Mariano Rajoy ha tendido la mano a la formación de ungran pacto junto al PSOE y Ciudadanos. Mientras, Pedro Sánchez, el líder socialista, no ha renunciado a intentar formar Gobierno con el apoyo de las fuerzas de izquierda.
Rajoy declina en un primer momento. el encargo del Rey a formar Gobierno responde, al parecer, a la voluntad de mover a los partidos con los que pretende contar en el proyecto de gran coalición defendido por él desde el principio, basado en reunir a 250 diputados en torno a un futuro Gobierno encabezado por el PP; bien sea una coalición formal con Ciudadanos y PSOE, bien un pacto parlamentario con suficientes garantías para apoyar a un Gobierno del PP en minoría. Ninguna de esas fórmulas es conveniente para la estabilidad futura
peridis, 23-1-2016
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