LA ZONA REPUBLICANA
En 1936 había en España una República, cuyas leyes y actuaciones habían abierto la posibilidad histórica de solucionar problemas irresueltos, pero habían encontrado también, y provocado, importantes factores de inestabilidad, frente a los que sus gobiernos no supieron, o no pudieron, poner en marcha los recursos apropiados para contrarrestarlos.
La amenaza al orden social y la subversión de las relaciones de clase se percibían con mayor intensidad en 1936 que en los primeros años de la República. La estabilidad política del régimen también corría mayor peligro. El lenguaje de clase, con su retórica sobre las divisiones sociales y sus incitaciones a atacar al contrario, había impregnado gradualmente la atmósfera española. La República intentó transformar demasiadas cosas a la vez: la tierra, la Iglesia, el Ejército, la educación, las relaciones laborales. Suscitó grandes expectativas, que no pudo satisfacer, y se creó pronto muchos y poderosos enemigos.
La sociedad española se fragmentó, con la convivencia bastante deteriorada, y como pasaba en todos los países europeos, posiblemente con la excepción de Gran Bretaña, el rechazo de la democracia liberal a favor del autoritarismo avanzaba a pasos agigantados. Nada de eso conducía necesariamente a una guerra civil. Ésta empezó porque un golpe de Estado militar no consiguió de entrada su objetivo fundamental, apoderarse del poder y derribar al régimen republicano, y porque, al contrario de lo que ocurrió con otras repúblicas del período, hubo una resistencia importante y amplia, militar y civil, frente al intento de imponer un sistema autoritario. Sin esa combinación de golpe de Estado, división de las fuerzas armadas y resistencia, nunca se habría producido una guerra civil. Era julio de 1936 y así comenzó la Guerra Civil española.
En 1936 había en España una República, cuyas leyes y actuaciones habían abierto la posibilidad histórica de solucionar problemas irresueltos, pero habían encontrado también, y provocado, importantes factores de inestabilidad, frente a los que sus gobiernos no supieron, o no pudieron, poner en marcha los recursos apropiados para contrarrestarlos.
La amenaza al orden social y la subversión de las relaciones de clase se percibían con mayor intensidad en 1936 que en los primeros años de la República. La estabilidad política del régimen también corría mayor peligro. El lenguaje de clase, con su retórica sobre las divisiones sociales y sus incitaciones a atacar al contrario, había impregnado gradualmente la atmósfera española. La República intentó transformar demasiadas cosas a la vez: la tierra, la Iglesia, el Ejército, la educación, las relaciones laborales. Suscitó grandes expectativas, que no pudo satisfacer, y se creó pronto muchos y poderosos enemigos.
La sociedad española se fragmentó, con la convivencia bastante deteriorada, y como pasaba en todos los países europeos, posiblemente con la excepción de Gran Bretaña, el rechazo de la democracia liberal a favor del autoritarismo avanzaba a pasos agigantados. Nada de eso conducía necesariamente a una guerra civil. Ésta empezó porque un golpe de Estado militar no consiguió de entrada su objetivo fundamental, apoderarse del poder y derribar al régimen republicano, y porque, al contrario de lo que ocurrió con otras repúblicas del período, hubo una resistencia importante y amplia, militar y civil, frente al intento de imponer un sistema autoritario. Sin esa combinación de golpe de Estado, división de las fuerzas armadas y resistencia, nunca se habría producido una guerra civil. Era julio de 1936 y así comenzó la Guerra Civil española.
El fracaso del golpe militar desencadenó en la zona republicana una verdadera revolución social.
Los comités de los partidos y sindicatos obreros pasaron a controlar loselementos esenciales de la economía: transportes, suministros militares, centros de producción. Mientras el gobierno se limitaba a ratificar legalmente lo que los comités hacían de hecho.
En el campo, tuvo lugar una ocupación masiva de fincas. Las grandes propiedades y, en algún caso, las medianas y pequeñas. En las zonas donde predominaban los socialistas se llevó a cabo la socialización de la tierra y su producción. En las zonas de hegemonía anarquista tuvo lugar una colectivización total de la propiedad. En algunos casos, se llegó incluso a abolir el dinero.
Largo Caballero
En septiembre de 1936 se estableció un gobierno de unidad, presidido por el socialista Largo Caballero y con ministros del PSOE, PCE, Izquierda Republicana y grupos nacionalistas vascos y catalanes. En noviembre se incorporaron cuatro dirigentes anarquistas, entre ellos Federica Montseny, la primera mujer ministro en España.
El gran desafío del nuevo gobierno era recuperar el control de la situación y crear una estructura de poder centralizada que pudiera dirigir de forma eficiente el esfuerzo de guerra. La tarea era enorme difícil. El poder estaba en manos demiles de comités obreros y milicias que a menudo se enfrentaban entre sí, especialmente los anarquistas con socialistas y comunistas. Los gobiernos autónomos eran otro factor de disgregación. No sin dudas, el nacionalismo vasco había optado por apoyar la República y en octubre se aprobó el Estatuto vasco. Jose Antonio Aguirre se convirtió en el primer lehendakari o presidente del gobierno autónomo.
En la zona republicana se enfrentaron básicamente dos modelos. Por un lado, la CNT-FAI y POUM que emprendieron la inmediata colectivización de tierras y fábricas. Su lema era "Revolución y guerra al mismo tiempo". Su zona de hegemonía fue Cataluña, Aragón y Valencia. Por otro lado, el PSOE y el PCE intentaron restaurar el orden y centralizar la toma de decisiones en el gobierno, respetando la pequeña y mediana propiedad. Su lema era "Primero la guerra y después la revolución".
En septiembre de 1936, en el nuevo gobierno de Frente Popular presidido por Largo Caballero, Negrín es designado Ministro de Hacienda, donde pone orden en las finanzas republicanas y toma una de las medidas más polémicas de su actuación: la evacuación de las reservas de oro del Banco de España a Moscú y a París (a un banco creado expresamente por los soviéticos) con el objetivo de asegurar el aprovisionamiento de armas y alimentos de la URSS para la República, el famoso “oro de Moscú” en torno al cual las insidias franquistas y la animadversión de algunos de sus enemigos en el seno del PSOE generaron una especie de leyenda negra sobre su utilización espuria.
Recientemente, sin embargo, tras hacerse pública la existencia de un diario personal (el llamado “Dossier Negrín” que éste encargó a su hijo hacer llegar al gobierno franquista tras su muerte y que desde entonces permanecía oculto en los sótanos del Banco de España), en el que está anotado escrupulosamente el gasto de hasta la última onza de oro en compras de víveres y armamento, la rectitud e integridad del doctor Negrín han quedado fuera de toda duda. . Más discutible, sin embargo, resulta la decisión de confiar todas las reservas españolas a una única fuente de abastecimiento, lo que a la postre derivaría en una gravosa hipoteca para el rumbo político del bando republicano en los dos últimos años de guerra.
Las disensiones internas fueron continuas y llegaron a su momento clave en Barcelona en mayo de 1937. El gobierno de la Generalitat, siguiendo instrucciones del gobierno central, trató de tomar el control de la Telefónica de Barcelona, en manos de un comité de la CNT desde el inicio de la guerra. El intento desencadenó una insurrección y los combates callejeros se extendieron por Barcelona.
Tras los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona –el enfrentamiento armado entre las milicias de la CNT y el POUM y la policía republicana por el control de la central de Telefónica– y la retirada de los ministros del PCE del gabinete, Largo Caballero renuncia a volver a presidir un nuevo gobierno y, de entre las filas socialistas, emerge entonces la figura política de Negrín. En junio es nombrado jefe de gobierno
PARA SABER MÁS, VER:
El Lenin español, título que él desdeñaba como una “estupidez” y que
su biógrafo desmonta: “Este apelativo apareció en 1933, no se sabe de
dónde. Largo Caballero estaba convencido de que salió de filas
comunistas o de representantes vinculados al comunismo de su propio
partido. Siempre fue contrario a que le aclamasen así”.
Ese gran desconocido que es hoy Largo Caballero asistió en primera línea a los acontecimientos esenciales del siglo XX (dictadura de Primo de Rivera, caída de la monarquía, Segunda República, Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial). Y no de cualquier manera: fue un preso en los campos nazis, un exiliado republicano en Francia, un presidente de Gobierno en un país en guerra, el primer socialista ministro de Trabajo, el líder de masas que mejor conectó con los sueños obreros, un sindicalista pragmático que a veces creyó en la revolución sin paliativos y a veces en el reformismo, un estuquista concienciado y sin instrucción... el único hijo de una criada y un carpintero que se divorciaron antes de que el bebé cumpliese dos años.
Para dibujar el poliédrico retrato, Aróstegui (Largo Caballero, Debate) ha dispuesto por vez primera de la valiosa documentación del exilio acumulada por Rodolfo Llopis, amigo y correligionario, para escribir una biografía del sindicalista que nunca llegó a buen puerto. Gracias a las cartas y otros escritos, el historiador ha constatado la reconciliación —también ideológica— entre Indalecio Prieto y Largo Caballero en el exilio.
Nació el 15 de octubre de 1869 en una humilde buhardilla de Chamberí, en Madrid, y murió, también rodeado de modestia, en un barrio de París en marzo de 1946. Nada, en su origen, invitaba a presagiar el protagonismo que alcanzaría en el sindicalismo, en la política y en las instituciones españolas.
“Representó las grandezas y miserias de la época dorada del movimiento reivindicativo del proletariado que comenzó su historia en el siglo XIX”, señala su biógrafo.
Defendió la colaboración con la dictadura de Primo de Rivera —se toleró al ugetismo y al socialismo, se perseguían cenetistas y comunistas— porque creyó que beneficiaría a su causa obrera, contra el criterio de Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos.
A partir de 1928 se alejó y, poco después, se sumó al comité revolucionario que propugnaba el derrocamiento de la monarquía, aunque con miramientos. “Largo Caballero se opuso a la violencia en cualquier forma al tomar el poder y cuando Prieto dijo de bombardear el Palacio Real se opuso, sobre todo si les pasaba algo ‘a las chicas’, las infantas”, escribe Aróstegui citando a Niceto Alcalá Zamora, futuro presidente de la República y miembro del comité.
Las divergencias por la relación con la dictadura de Primo causaron la primera brecha en el socialismo. El papel que debían jugar en la aventura republicana las agrandó, “trajo consigo como efecto directo y perverso la culminación de una honda ruptura”. Aunque lo peor estaba por llegar: “En 1935 se abriría la fosa insalvable entre Prieto y Caballero. Y ese sí que sería el principio del fin”.
Al comienzo de la República —cima de la historia del socialismo; Caballero era un líder carismático , enfrentado a un Julián Besteiro disidente, contrario a implicarse con los republicanos. El secretario general de UGT se convirtió en un hiperactivo ministro de Trabajo, que en dos años dictó normas que regulaban los contratos, la protección de la maternidad, los accidentes de trabajo, la jornada laboral —se limitó a ocho horas—, las cooperativas o el empleo agrario. Enfrente se situaron la patronal, los propietarios agrícolas, los anarquistas y la oposición parlamentaria, aunque él la reivindicaba como “la obra de un socialista, no la obra socialista”. A pesar de que no se cumplió o se derogó en buena parte, Aróstegui señala que su legislación “marcó el paso a la creación de un verdadero Derecho del Trabajo”.
Tras la salida socialista del Gobierno, radicalizó su discurso. “Hoy estoy convencido de que realizar obra socialista dentro de una democracia burguesa es imposible”, dirá en un acto en 1933. Es cuando se forja el apelativo de Lenin y su fama de variable.
Con los sublevados soplando sobre Madrid, asumió la presidencia del Gobierno en septiembre de 1936. Tenía 66 años y, según Portela Valladares, “angosto e intolerable pensamiento”. Nombró un gabinete de concentración “con un objetivo: derrotar al fascismo”. Recobró parte del poder central perdido y reconstruyó el Ejército, pero le pasaron factura el abandono de Madrid por parte del Gobierno y la oposición a la intromisión soviética en las operaciones militares. Su proyecto, según Aróstegui, fue “una amalgama de certeras intuiciones y de errores en su realización”.
En el exilio aún le aguardarían experiencias más crudas. Tras ser detenido en Francia, fue recluido en el campo alemán de Sachsenhausen, dos años. “Cuando volvió a París”, afirma su biógrafo, “era otro hombre, más comprensivo y tolerante”.
Ese gran desconocido que es hoy Largo Caballero asistió en primera línea a los acontecimientos esenciales del siglo XX (dictadura de Primo de Rivera, caída de la monarquía, Segunda República, Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial). Y no de cualquier manera: fue un preso en los campos nazis, un exiliado republicano en Francia, un presidente de Gobierno en un país en guerra, el primer socialista ministro de Trabajo, el líder de masas que mejor conectó con los sueños obreros, un sindicalista pragmático que a veces creyó en la revolución sin paliativos y a veces en el reformismo, un estuquista concienciado y sin instrucción... el único hijo de una criada y un carpintero que se divorciaron antes de que el bebé cumpliese dos años.
Para dibujar el poliédrico retrato, Aróstegui (Largo Caballero, Debate) ha dispuesto por vez primera de la valiosa documentación del exilio acumulada por Rodolfo Llopis, amigo y correligionario, para escribir una biografía del sindicalista que nunca llegó a buen puerto. Gracias a las cartas y otros escritos, el historiador ha constatado la reconciliación —también ideológica— entre Indalecio Prieto y Largo Caballero en el exilio.
Nació el 15 de octubre de 1869 en una humilde buhardilla de Chamberí, en Madrid, y murió, también rodeado de modestia, en un barrio de París en marzo de 1946. Nada, en su origen, invitaba a presagiar el protagonismo que alcanzaría en el sindicalismo, en la política y en las instituciones españolas.
“Representó las grandezas y miserias de la época dorada del movimiento reivindicativo del proletariado que comenzó su historia en el siglo XIX”, señala su biógrafo.
Defendió la colaboración con la dictadura de Primo de Rivera —se toleró al ugetismo y al socialismo, se perseguían cenetistas y comunistas— porque creyó que beneficiaría a su causa obrera, contra el criterio de Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos.
A partir de 1928 se alejó y, poco después, se sumó al comité revolucionario que propugnaba el derrocamiento de la monarquía, aunque con miramientos. “Largo Caballero se opuso a la violencia en cualquier forma al tomar el poder y cuando Prieto dijo de bombardear el Palacio Real se opuso, sobre todo si les pasaba algo ‘a las chicas’, las infantas”, escribe Aróstegui citando a Niceto Alcalá Zamora, futuro presidente de la República y miembro del comité.
Las divergencias por la relación con la dictadura de Primo causaron la primera brecha en el socialismo. El papel que debían jugar en la aventura republicana las agrandó, “trajo consigo como efecto directo y perverso la culminación de una honda ruptura”. Aunque lo peor estaba por llegar: “En 1935 se abriría la fosa insalvable entre Prieto y Caballero. Y ese sí que sería el principio del fin”.
Al comienzo de la República —cima de la historia del socialismo; Caballero era un líder carismático , enfrentado a un Julián Besteiro disidente, contrario a implicarse con los republicanos. El secretario general de UGT se convirtió en un hiperactivo ministro de Trabajo, que en dos años dictó normas que regulaban los contratos, la protección de la maternidad, los accidentes de trabajo, la jornada laboral —se limitó a ocho horas—, las cooperativas o el empleo agrario. Enfrente se situaron la patronal, los propietarios agrícolas, los anarquistas y la oposición parlamentaria, aunque él la reivindicaba como “la obra de un socialista, no la obra socialista”. A pesar de que no se cumplió o se derogó en buena parte, Aróstegui señala que su legislación “marcó el paso a la creación de un verdadero Derecho del Trabajo”.
Tras la salida socialista del Gobierno, radicalizó su discurso. “Hoy estoy convencido de que realizar obra socialista dentro de una democracia burguesa es imposible”, dirá en un acto en 1933. Es cuando se forja el apelativo de Lenin y su fama de variable.
Con los sublevados soplando sobre Madrid, asumió la presidencia del Gobierno en septiembre de 1936. Tenía 66 años y, según Portela Valladares, “angosto e intolerable pensamiento”. Nombró un gabinete de concentración “con un objetivo: derrotar al fascismo”. Recobró parte del poder central perdido y reconstruyó el Ejército, pero le pasaron factura el abandono de Madrid por parte del Gobierno y la oposición a la intromisión soviética en las operaciones militares. Su proyecto, según Aróstegui, fue “una amalgama de certeras intuiciones y de errores en su realización”.
En el exilio aún le aguardarían experiencias más crudas. Tras ser detenido en Francia, fue recluido en el campo alemán de Sachsenhausen, dos años. “Cuando volvió a París”, afirma su biógrafo, “era otro hombre, más comprensivo y tolerante”.
Negrín
Tenía una mayoría de ministros del PSOE, pero se inclinaba cada vez más hacia las posturas defendidas por el PCE.
A principios de 1938, la República, que durante la segunda mitad de 1937 había conocido la derrota en todas las ofensivas planteadas para evitar la pérdida del norte obtuvo una más en el frente de Teruel. La ofensiva franquista sobre la capital turolense reconquistó la ciudad para los nacionales y llevó a la República a una incierta situación militar que se demostraría pésima a partir de marzo. Además había visto como a finales de enero la frontera francesa se cerraba al paso del material que sostenía a la República en guerra. Por ello, ante la nueva ofensiva general planteada por el Ejército nacional en marzo el jefe de gobierno Juan Negrín trató de obtener de Francia el apoyo necesario para reabrir la frontera.
La situación en la retaguardia republicana tampoco era todo lo buena que cabía esperar. Monopolizada por el PCE pronto se convirtió en una zona de odios y miedos bajo la sombra del SIM (Servicio de Investigación Militar) creado en agosto de 1937 y que en pocos meses contó con alrededor de 6.000 agentes secretos. La organización fue cayendo progresivamente en control de los comunistas siendo sus locales, llamados "checas" e instalados en casas particulares y conventos, acondicionados con los más sofísticados métodos de tortura no sólo de los prisioneros nacionales sino de todos aquellos republicanos que discrepaban la política comunista de guerra.
El 16 de marzo Negrín volvió de Francia y convocó una reunión ministerial que debia sentar las bases en la búsqueda de una mediación para poner fin a la guerra. Uno de sus más fervientes partidarios era Indalecio Prieto, el socialista que ostentaba la cartera de Defensa. Prieto era pesimista ante el resultado final de la guerra y ello le había llevado a choques frecuentes con los comunistas, partidarios de la resistencia hasta el límite. Ese día se produjo una manifestación auspiciada por el PCE que pedía la destitución de Prieto y tuvo que ser Negrín el que, ante Dolores Ubárruri, les asegurara que la guerra continuaría. Prieto diría después que Negrín había montado la manifestación para que abandonara más fácilmente el cargo pero Negrín se encontraba atado entre sus deseos de una paz negociada y el de no tratar de perder el apoyo del entonces principal partido político de España, garante de la ayuda de la Unión Soviética. Ante esto decidió que había que ofrecer una política de resistencia a ultranza. El 29 de marzo Prieto dimitió como ministro de Defensa. Sin embargo también los comunistas se encontraban en problemas. Desde Moscú Stalin pretendió que los comunistas dejaran el poder en la España republicana. Los miembros del PCE replicaron si quería que la República perdiera la guerra. Desde Moscú se replicó que Stalin trataba de atraerse a su causa a Gran Bretaña y Francia o al menos a su opinión pública demostrando que no le interesaba ver una república comunista en España. Entretanto el gabinete de Juan Negrín, ya sin Prieto, fue reformado. Los anarquistas decidieron apoyarlo a pesar de que ya luchaban sin ningun entusiasmo, conscientes de que sus ideales revolucionarios habían sido enterrados por los comunistas. La situación militar se estaba tornando peligrosa y era necesario un gobierno de concentración. La República había quedado dividida en dos zonas y con los restos de las fuerzas derrotadas en Aragón Negrín logró formar un nuevo ejército para defender Cataluña.
Pero no se llegaba a la necesaria colaboración entre el gobierno catalán y el central para coordinar esos esfuerzos. A pesar de que los nacionales ya tenían el pie puesto en territorio catalán, la Generalitat catalana no recibía información relativa al curso de la guerra desde Madrid. En medio de este clima de división Negrín trató, al menos internacionalmente hablando, de demostrar que buscaba la paz sin rencores. El 1 de mayo de 1938, día del trabajador, leyó una declaración de 13 puntos en los que exponía los objetivos bélicos de su gobierno. Ninguno de esos puntos tenían la menor posibilidad de ser, si quiera, tenido en cuenta por Franco, el Generalísimo exigía la rendición incondicional y no cejaría en su empeño hasta conseguirla. Negrín sabía que Franco no transigiría, por ello puso todas las esperanzas en que una política de resistencia a ultranza en espera del estallido de una guerra europea era lo único que podía salvar a una República cada día más débil y aislada.
LOS 13 PUNTOS DE NEGRÍN
1. La independencia de España
2. Liberarla de militares extranjeros invasores
3. República democrática con un gobierno de plena autoridad
4. Plebiscito para determinar la estructura jurídica y social de la República Española
5. Libertades regionales sin menoscabo de la unidad española
6. Conciencia ciudadana garantizada por el Estado
7. Garantía de la propiedad legítima y protección al elemento productor
8. Democracia campesina y liquidación de la propiedad semifeudal
9. Legislación social que garantice los derechos del trabajador
10. Mejoramiento cultural, físico y moral de la raza
11. Ejército al servicio de la Nación, estando libre de tendencias y partidos
12. Renuncia a la guerra como instrumento de política nacional
13. Amplia amnistía para los españoles que quieran reconstruir y engrandecer España
Negrín, político y estadista
En junio es nombrado jefe de gobierno, establece un programa (conocido como “los 13 puntos del gobierno Negrín”) de resistencia hasta el final al franquismo, basado principalmente en una estrecha alianza y colaboración con el PCE de José Díaz y Pasionaria. Por aquel entonces –y mucho más tras los resultados de la batalla de Teruel, 6 meses después–, cuando la plana mayor del PSOE y los más destacados dirigentes de la burguesía republicana ya dan por perdida la guerra y consideran que toda resistencia es inútil, Negrín se alzará como la voz mas enérgica y decidida del socialismo, dispuesto a emplear hasta el último átomo de energía revolucionaria de las masas populares para impedir el triunfo del fascismo de España.
Desde una posición profundamente patriótica y democrática, gracias a la incesante actividad política, militar, organizadora y propagandística del gobierno Negrín, el ejército republicano asombrará todavía más a los Estados Mayores de todo el mundo y a las cancillerías europeas lanzando dos ofensivas militares –la batalla de Teruel (diciembre del 37 a febrero del 38) y la del Ebro (julio a noviembre del 38)– cuando todos daban por supuesto la inminente victoria fascista en la guerra.
Sin embargo, no todo serán luces en los casi dos años de gobierno Negrín. Durante ese período, la importante –prácticamente decisiva– ayuda política y militar de la URSS y la Internacional Comunista (IC) a la República, va a ir transformándose progresivamente –en paralelo con la creciente presencia organizada de asesores soviéticos y comisarios de la IC en el bando republicano– en una serie de reiterados intentos por parte de Moscú para adquirir una influencia decisiva sobre la dirección política y militar de la guerra y por adecuar el desarrollo de la República hacia las necesidades e intereses de su política exterior.
El embajador soviético, Rosenberg, rodeado de oficiales del Estado Mayor y de los servicios secretos soviéticos destacados en España, va a intentar, a medida que avanza la guerra, actuar como una especie de ministro plenipotenciario, creyéndose con el derecho a dictar o vetar los nombramientos en el ejército republicano, arrogándose la facultad de decidir qué planes militares debían desarrollarse y cuáles no, amenazando con dejar en tierra los aviones soviéticos en las batallas que sus asesores no consideraran apropiadas, exigiendo la dimisión de determinados ministros o altos mandos militares, intentando dirigir la política exterior española o las medidas que el gobierno debía tomar para asegurar la unidad del frente antifascista.
Una injerencia con la que, al contrario que hizo Largo Caballero y que llevó finalmente a su caída, el gobierno Negrín y el PCE van a transigir en nombre de la necesidad de mantener la ayuda soviética. Injerencia, además, que se va a trasladar al sensible terreno de la represión en el bando republicano, donde la policía política soviética –trasladando los métodos que en aquellos momentos se llevaban en los procesos de Moscú y actuando en España como si de “territorio conquistado” se tratara– actuará sin cortapisas. Actuación que tendrá su más terrible manifestación en el secuestro, tortura y asesinato del dirigente del POUM Andreu Nin a manos del jefe de los servicios secretos soviéticos en España, pero que se extenderá por toda la zona republicana sin que el gobierno Negrín levantara la voz para atajarla.
Los acontecimientos internacionales: el Pacto de Munich en septiembre de 1938, la retirada de las Brigadas Internacionales, la disminución de la ayuda soviética; y los internos: la caída de Cataluña, reforzaron la idea de que la guerra estaba perdida.
Así, en marzo de 1939 el golpe del coronel Casado desalojó del poder a Negrín. La esperanza de negociar con Franco se disipó inmediatamente, cuando el dictador exigió la rendición incondicional.
Negrín e Indalecio Prieto
La última sede que tuvo el Gobierno de la II República,(guerra civil La finca El Poblet, en Petrer, en la actualidad. ) y donde pasó sus últimas horas antes de exiliarse su presidente Juan Negrín y se celebraron dos consejos de ministros. Aquí se celebraron las dos últimas sesiones del Consejo de Ministros de la República con los altos cargos militares, entre ellos el coronel Casado y los generales Miaja y Matallana; el momento en el que el Gobierno de la República tuvo que valorar la dimisión del presidente Manuel Azaña; el reconocimiento del golpe franquista por Francia y Gran Bretaña y el consiguiente cese del personal diplomático de las embajadas; la rebelión y huida de la flota en Cartagena; el golpe de Estado del coronel Casado y, por último, el exilio de Juan Negrín el día 6 de marzo de 1939, a través del cercano aeródromo de El Fondó de Monóvar.
LA ZONA NACIONAL
La muerte del general Sanjurjo, el 20 de julio de 1936 cuando volaba desde Portugal hacia España, dejó a la insurrección sin un líder claro.
El 24 julio tuvo lugar una reunión de los generales insurrectos en Burgos. Allí se acordó crear la Junta de Defensa Nacional, que se configuró como órgano provisional de gobierno de la zona nacional.
Las medidas que adoptó fueron drásticas: se estableció el estado de guerra en todo el territorio, se suprimieron todas las libertades y se disolvieron todos los partidospolíticos, excepto la Falange y los requetés carlistas.
En esos momentos la propaganda nacionalista acaba de configurar la justificación del golpe militar contra un gobierno democráticamente elegido. La insurrección militar ha sido en realidad un Alzamiento Nacional contra una República "marxista" y "antiespañola". La Iglesia Católica, duramente perseguida en la zona republicana, termina de configurar la teoría que justifica la matanza que está asolando el país: la guerra es una Cruzada para liberar a España del ateísmo.
Las medidas que se tomaron en el terreno económico fueron encaminadas en una doble dirección: cancelación de todas las reformas republicanas, el mejor ejemplo es la devolución a sus propietarios de las tierras repartidas en la reforma agraria, eintervención del Estado en la economía siguiendo los principios de la ideología fascista. Así, en 1937, se creó el Servicio Nacional del Trigo que pasó a controlar el abastecimiento de pan de la población.
La necesidad de contar con una dirección única era evidente para unos militares educados en la disciplina y la jerarquía. Así el 1 de octubre 1936 Franco fue designado Jefe del Gobierno del Estado español. Sus éxitos militares, el estar al frente del poderoso Ejercito de África y el apoyo de Alemania con la que mantenía contactos directos explican el ascenso al poder de Franco. En adelante, el Caudillo, como le empieza a denominar la maquinaria propagandística del bando nacional, establece una dictadura personal basada en un régimen militar. Una Junta Técnica del Estado, formada por militares, se conforma como órgano consultivo del dictador.
En abril de 1937, se aprobó el Decreto de Unificación. Falangistas y carlistas quedaron unificados en la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, conocida como el Movimiento Nacional. El modelo de partido único del fascismo italiano y del nacional-socialismo alemán se imponía en la España franquista.
La Ley de la Administración Central del Estado concentró en la figura de Franco los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La Ley de Prensa estableció la censura en todo tipo de publicaciones y el Fuero del Trabajo puso fin a la libertad sindical y estableció el control del estado nacional sobre las organizaciones patronales y obreras.
El nuevo régimen estableció un estado confesional. Volvió la subvención estatal de la Iglesia, se abolió el divorcio y el matrimonio civil, gran parte de la educación volvió a manos del clero. Se establecía así lo que se vino a denominar elNacional-catolicismo.
Por último, se creó una legislación que institucionalizó la represión contra los vencidos. En febrero de 1939 se aprobó la Ley de Responsabilidades Políticas, por la que se designaba "rebeldes" a todos los que se hubieran enfrentado al Movimiento Nacional.
1º ABRIL 1939
ÚLTIMO PARTE DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 1º. ABRIL 1939
El 1 de abril de 1939, un parte de guerra leído a través de la radio comunicaba a los españoles el final de las operaciones militares. Finalizaba la guerra y comenzaba la más dura posguerra, cargada de hambre y miseria, una época que marcaría a toda una generación de españoles.
"En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado",
decía el último parte oficial emitido desde el cuartel general de Franco el 1 de abril de 1939, con la voz del locutor y actor Fernando Fernández de Córdoba.
Atrás había quedado una guerra de casi mil días, que dejó cicatrices duraderas en la sociedad española. El total de víctimas mortales, según los historiadores, se aproximó a las 600.000, de las cuales 100.000 corresponden a la represión desencadenada por los militares sublevados y 55.000 a la violencia en la zona republicana. El desmoronamiento del ejército republicano en la primavera de 1939 llevó a varios centenares de miles de soldados vencidos a cárceles e improvisados campos de concentración. A finales de 1939 y durante 1940 las fuentes oficiales daban más de 270.000 reclusos, una cifra que descendió de forma continua en los dos años siguientes debido a las numerosas ejecuciones y a los miles de muertos por enfermedad y desnutrición. Al menos 50.000 personas fueron ejecutadas entre 1939 y 1946.
Atrás había quedado una guerra de casi mil días, que dejó cicatrices duraderas en la sociedad española. El total de víctimas mortales, según los historiadores, se aproximó a las 600.000, de las cuales 100.000 corresponden a la represión desencadenada por los militares sublevados y 55.000 a la violencia en la zona republicana. El desmoronamiento del ejército republicano en la primavera de 1939 llevó a varios centenares de miles de soldados vencidos a cárceles e improvisados campos de concentración. A finales de 1939 y durante 1940 las fuentes oficiales daban más de 270.000 reclusos, una cifra que descendió de forma continua en los dos años siguientes debido a las numerosas ejecuciones y a los miles de muertos por enfermedad y desnutrición. Al menos 50.000 personas fueron ejecutadas entre 1939 y 1946.
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