EL GOBIERNO REPUBLICANO SOCIALISTA DE LA II REPÚBLICA. PROBLEMAS
BIENIO
PROGRESISTA (dic.1931/dic.33)
Niceto Alcalá-Zamora pasea en 1931 . / EFE
Alcalá-Zamora (Priego de Córdoba, 1877- Buenos Aires, 1949) fue el primer presidente de la Segunda República, destituido por antiguos compañeros de viaje en abril de 1936, a las puertas de la insurrección militar. Abogado brillante, terrateniente liberal, católico practicante, monárquico decepcionado, finalmente republicano .Anotador de impresiones, registrador de diálogos y guardián de documentos, como se puede ver en el legado depositado en el Archivo Histórico Nacional (AHN)
· Presidente República: Alcalá Zamora.
Gobierno de Azaña formado por
republicanos de izquierda y socialistas.
1. Reformas
· Agraria:(Marcelino Domingo) Ley de Bases de la R. A. (1932)
· Ejército (Azaña): fuerte oposición del Ejército
·
Enseñanza: Mixta, laica, gratuita.
·
Autonomías: Estatuto Cataluña,1932:
Generalitat (F. Macià). Laborales (Largo Caballero): Ley de Términos municipales, Jurados
mixtos, jornada 8 h en el campo, Laboreo forzoso
·
Laicismo: matrimonio civil, divorcio,
secularización cementerios, escuela laica, L. de Congregaciones, etc.
·
Igualdad: Voto femenino y
participación política
2. Problemas:
·
Oposición a las reformas (Ejército,
Iglesia, propietarios,
etc) y reorganización de la derecha. “Sanjurjada”
·
Conflictividad social: Radicalización
de anarquistas (FAI), comunistas y socialistas (Casas Viejas)
ÞDimisión de
Azaña.
·
Elecciones 1933: triunfo CEDA
- Nacionalismo Catalán
Una de las míticas fotografías que Henri Cartier-Bresson tomó en España en los años treinta. / HENRI CARTIER-BRESSON / MAGNUM
Pero esa legislación republicana situó en primer plano algunas de las
tensiones germinadas durante las dos décadas anteriores con la
industrialización, el crecimiento urbano y los conflictos de clase. Se
abrió así un abismo entre varios mundos culturales antagónicos, entre
católicos practicantes y anticlericales convencidos, amos y
trabajadores, Iglesia y Estado, orden y revolución. La Segunda República
pasó dos años de relativa estabilidad, un segundo bienio de
inestabilidad política y unos meses finales de acoso y derribo.
Como consecuencia de esos antagonismos, la República encontró
enormes dificultades para consolidarse y tuvo que enfrentarse a fuertes
desafíos. En primer lugar, del antirrepublicanismo y posiciones
antidemocráticas de los sectores más influyentes de la sociedad:
hombres de negocios, industriales, terratenientes, la Iglesia y el
ejército. Tras unos meses de desorganización inicial de las fuerzas de
la derecha, el catolicismo político irrumpió como un vendaval en el
escenario republicano. Ese estrecho vínculo entre religión y propiedad
se manifestó en la movilización de cientos de miles de labradores
católicos, de propietarios pobres y “muy pobres”, y en el control casi
absoluto por parte de los terratenientes de organizaciones que se
suponían creadas para mejorar los intereses de esos labradores. En esa
tarea, el dinero y el púlpito obraron milagros: el primero sirvió para
financiar, entre otras cosas, una influyente red de prensa local y
provincial; desde el segundo, el clero se encargó de unir, más que
nunca, la defensa de la religión con la del orden y la propiedad. Y en
eso coincidieron obispos, abogados y sectores profesionales del
catolicismo en las ciudades, integristas y poderosos terratenientes como
Lamamié de Clairac o Francisco Estévanez, que con tanto afán
defendieron en las Cortes constituyentes los intereses cerealistas de
Castilla; y todos esos cientos de miles de católicos con pocas
propiedades pero amantes del orden y la religión.
PROBLEMAS Y REFORMAS
EL PROBLEMA RELIGIOSO EN LA II REPÚBLICA.
Los dirigentes de la II República se plantearon, desde el inicio, la asunción de una serie de medidas que resolvieran los diferentes problemas que lastraban a la España de la época, y que la apartaban de la modernización que encarnaba el continente europeo. Por tanto, eran los herederos de la tradición intelectual inaugurada por los masones, luego continuada por personas de la talla de Emilio Castelar (recordemos la primera cuestión universitaria, allá por 1865) y seguida por los krausistas depurados a raíz de las medidas de Orovio, que dieron lugar a la Institución Libre de Enseñanza, así como de regeneracionistas en la línea de Joaquín Costa. De esta forma, se trataba de burgueses e intelectuales que trataban de modernizar y democratizar el país en todos los órdenes.
Esta democratización no se diseñó desde una perspectiva radical, sino simplemente reformista, como hemos defendido en otras entradas. Desde este planteamiento, los dirigentes de la II República decidieron solucionar el, en su opinión, excesivo peso de la
Iglesia, como estructura de poder y como elemento coaccionador y modelador de conciencias.
Así, ya desde la redacción de la Constitución, tras las elecciones a Cortes Constituyentes, se planteó esta importante cuestión. La Iglesia en España, desde la construcción del Estado liberal, había pervivido como estructura de poder político, económico, social y cultural. Es cierto que ya no conservaba los privilegios inherentes a un estamento del Antiguo Régimen, pero la forma en la que se construyó el sistema político liberal le permitió disfrutar de una considerable influencia en amplios órdenes de la vida.
A nivel social, el control de los matrimonios, de las defunciones, de las diferentes publicaciones (poder conferido por el Concordato de 1851, por las sucesivas leyes de imprenta, por las medidas de Orovio…), de las costumbres, de la moralidad, e incluso de gran parte de la enseñanza, pertenecía a la Iglesia.
A nivel económico, esta institución, dispuso de importantes recursos. Leyes como la de dotación de culto y clero de 1845, la anulación de la desamortización eclesiástica, o los sucesivos artículos que reconocen la oficialidad de la religión católica, y que consagran la obligación del Estado de mantener las manifestaciones religiosas y los profesionales del culto, desarrollaron este principio de mantenimiento económico de la Iglesia, pese a que las desamortizaciones antes citadas le amputaran parte de su patrimonio.
Así fue como se diseñó el sistema político liberal-doctrinario imperante durante la mayor parte del siglo XIX y el primer tercio del XX (con las salvedades del Sexenio democrático, pese a la relativa vigencia del Concordato, o el Bienio Progresista). Un sistema liberal con grandes reminiscencias del Antiguo Régimen.
El resultado de todo ello era la pervivencia de una institución, políticamente muy conservadora, que legitimaba la forma en la que se regulaban las relaciones laborales y sociales entre los diferentes grupos (saliendo perjudicadas las clases trabajadoras), que defendía a la Monarquía como forma de estado, que revindicaba la unidad de España…y que disponía de multitud de medios para seguir ejerciendo su influencia. El primero de ellos, la educación, desarrollada por multitud de instituciones educativas (en la enseñanza primaria, por medio de las escuelas parroquiales; en la secundaria, a través de las órdenes religiosas, y en la universitaria, mediante universidades como la Universidad Comercial de Deusto, o el Instituto Católico de Artes Industriales, el ICAI), y la deseducación, puesto que el analfabetismo favorecía la no aplicación del sufragio universal, y el control de las conciencias y de las posturas políticas de la población.
Contra esta situación clamaron los políticos de la II República. Como la Iglesia observó cuál iba a ser la actitud de los republicanos, el cardenal Segura, a la sazón primado de España, firmó la declaración de 7 de mayo de 1931, en la que de alguna manera se pronunciaba a favor de la monarquía. Asimismo, los miembros del Círculo Católico Independiente se manifestaron en contra del nuevo régimen. La reacción no se hizo esperar: algunos anticlericales extremistas salieron a las calles y el 11 de mayo se dedicaron, en Madrid y otras ciudades importantes, a incendiar conventos e iglesias.
A consecuencia de estos hechos, dentro del Gobierno Provisional surgieron voces que clamaron contra estos exaltados, como Miguel Maura. De igual forma, gran parte de la sociedad denunció la pasividad de las autoridades republicanas, con lo que el régimen empezó a ganarse enemigos declarados. Por ello, el 14 de mayo monseñor Segura fue conminado a salir del país, y el vicario general de Vitoria, monseñor Echeguren, fue detenido.
Estos hechos fueron ahondando la brecha que ya existía, entre las fuerzas católicas conservadoras, y el régimen de la II República. La aprobación de los artículos 24, 25 y 26 de la Constitución de 1931 terminaron de marcar las diferentes posiciones. Incluso algunos ministros, como el citado Miguel Maura, o el propio presidente, Niceto Alcalá Zamora, se vieron obligados a dimitir por cuestiones de conciencia.
¿Qué pretendían las autoridades republicanas de centro-izquierda y de izquierda, durante esta primera etapa de la II República? En primer lugar, y como objetivo prioritario, separar la Iglesia del Estado, por lo que se denunció el Concordato de 1851. Y en esta línea, la absoluta libertad de confesión religiosa.
Otro objetivo era el control, por parte del Estado, de todo tipo de organización eclesiástica, para laicizar el Estado. Y asimismo, nacionalizar parte de las propiedades de la Iglesia, eliminar del presupuesto la partida de culto y clero, secularizar los cementerios (muy importante, porque los niños muertos sin bautizar, los fallecidos por suicidio, o los ateos, no tenían acceso al cementerio, a raíz de lo cual estaban sometidos a las presiones de las autoridades eclesiásticas locales), igualar a todos los hijos ante la ley (no como antes, cuando los hijos naturales eran eliminados de los testamentos…).
Como medidas concretas, sobre todo en el primer período, el bienio azañista, nos encontramos el decreto de 24 de enero de 1932, de disolución de la Compañía de Jesús, y de confiscación de sus bienes. Se trataba de una orden religiosa que explícitamente obedecía al Papa, y que disponía de numerosas instituciones educativas. No obstante, esta medida no se llegó a aplicar en su totalidad, porque muchas de sus propiedades, sobre todo sus inversiones, no se tocaron. Además, gran parte de sus instituciones educativas no se podían nacionalizar, ya que dejaban un importante vació en la prestación de esta función, que el Estado republicano no podía asumir.
Otra medida fue la ley de 2 de junio de 1933 sobre congregaciones religiosas. En ella, y en línea de lo planteado en el párrafo anterior, se llegó a fijar la fecha de 1 de octubre de 1933 como tope para el ejercicio de tareas educativas por parte de las órdenes religiosas, y de las escuelas parroquiales. Sin embargo, como ya hemos señalado anteriormente, el Estado no estaba preparado para asumir esta función en su totalidad.
En enero de 1932 se aprobaron las leyes de matrimonio civil, de divorcio, de secularización de cementerios… con ello se intentaba separar el Estado de la Iglesia. En principio, con ello incluso se autentificaría la práctica religiosa en España, pero la mentalidad excesivamente conservadora de determinados sectores, convirtió la actitud de los gobiernos de centro-izquierda, en uno de los motivos de la belicosidad de las derechas, y de la progresiva polarización política de la sociedad española. El desenlace, de todos conocido, tuvo lugar el 17/18 de julio de 1936.
Problemas sociales en la II República
Esta entrada versa, de forma muy somera y general, de la forma en la que se abordaron los
problemas sociales en la II República. No se trata de realizar una descripción pormenorizada, sino de plantear algunas cuestiones que pueden quedar pendientes en las clases.
En este aspecto, deberemos comenzar por recordar cómo se abordaron los
problemas sociales durante el sistema de la Restauración. Si partimos de la premisa de que se trató, como ya apuntó Joaquín Costa en su obra
Oligarquía y caciquismo, de un sistema oligárquico y nada democrático, en el que la soberanía o poder de decisión política, residía de forma compartida en la Corona y en unas Cortes muy mediatizadas y adulteradas, deberemos suponer el escaso interés que se tomó el régimen a la hora de abordar el problema social.
Y era un problema muy serio. Recordemos que la estructura de la sociedad se caracterizaba por su acusada polarización. Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió, como ya sabemos, a raíz de la subida de precios acaecida como consecuencia del incremento de la demanda, gracias a la neutralidad durante la I Guerra Mundial. Los obreros, tanto los industriales como los campesinos, vieron muy reducida su ya limitadísima capacidad adquisitiva. Recuérdese el cuadro que autores como Pérez Sánchez realizan de la situación de los trabajadores en el Valladolid de la Restauración. Y ello, pese a que la Comisión de Reformas Sociales y el posterior Instituto de Reformas Sociales ya habían propuesto ciertos cambios. Pese a estos proyectos, de carácter reformista y muy imbuidos por la Doctrina Social de la Iglesia, y pese a las medidas de Dato, Maura, Canalejas y otros (descanso dominical, jornada de ocho horas para los obreros industriales, ley de huelga de 1909...) la situación de los trabajadores de las fábricas y de los campesinos era realmente paupérrima: condiciones de trabajo lamentables, ausencia de subsidio de paro, un reclutamiento militar desigual (a la redención en metálico sucedió el soldado de cuota, que era un sistema que endulzó, pero no modificó, los privilegios de las clases adineradas a la hora de solventar el problema del servicio militar), una muy desigual distribución de los beneficios de las fábricas, paros estructurales y friccionales muy serios...
Durante la dictadura de Primo de Rivera, el régimen paternal del general trató, beneficiado por la positiva coyuntura económicas mundial, de paliar en parte estos problemas, y fomentó los
comités paritarios, que se supone que iban a resolver los conflictos laborales entre los patronos y los trabajadores. Pero, en la práctica, éstos últimos iban a ver muy limitada su capacidad de influencia en el sistema.
Con el advenimiento de la II República, y el diseño del gobierno provisional y la victoria de la Conjunción republicano-socialista en las elecciones a Cortes de 1931, se abordó un amplio programa de reformas de talante reformista y democrático. El entonces ministro de Trabajo, el socialista Largo Caballero, antiguo estuquista y persona muy experta dada su labor sindical durante la dictadura, emprendió el citado paquete de medidas. Entre ellas, caben citar las siguientes:
- Ley de jornada máxima de trabajo.
- Ley de accidentes de trabajo en la agricultura.
- Ley de contratos de trabajo.
- Ley de jurados mixtos (que vinieron a sustituir a los inoperantes e insatisfactorios, para los obreros,
comités paritarios). Un problema, antes de desembocar en una huelga, debía pasar a resolverse en el jurado mixto.
- Ley de accidentes de trabajo en la industria.
- Ley de contratación laboral, de 21 de noviembre de 1931 (basada en varios proyectos del Instituto de Reformas Sociales). Esta medida abarcaba a todos los trabajadores, y abordaba todo lo relativo al pago de salarios, vacaciones pagadas (de una semana), responsabilidad patronal en las enfermedades profesionales... y la determinación de que la huelga y el paro patronal (
lock out) no implicaban la extinción del contrato de trabajo. Por todo ello, fue la base de la ley de 1944, vigente durante muchas décadas.
Gran parte de estas medidas, sobre todo la última, fueron denunciadas como insatisfactorias por la CNT, y, en ocasiones, incluso por la UGT, lo que nos debe hacer pensar que no se trataba precisamente de medidas revolucionarias.
En este apartado, se debe hacer referencia al sistema de seguridad social. Éste se trató der regular mediante la ley de 1931,la ley de bases de accidntes de trabajo, la ley de enfermedades profesionales... Éstas determinaban que se tenía que crear una caja del seguro contra el paro forzoso. Recuérdese que, cuando un obrero se quedaba en paro, o en situación de baja laboral, era una mutualidad solidaria voluntaria y privada, la que corría con los riesgos. No era el Estado, que, al ser liberal, no intervenía en ciertos aspectos de la sociedad y de la economía, el que se encargaba de resolver estas situaciones sociales. Los obreros eran los que se encargaban de autoprotegerse, y, como mucho, recibían algunas subvenciones por parte del Estado.
La nueva legislación favorecía las aportaciones estatales a las mutuas de obreros. No obstante, planteaba ciertas restricciones a estas ayudas. Por ejemplo, sólo cuando la ayuda a los parados no excedía del 60% del sueldo ordinario, y no se concedía por un período superior a los sesenta días al año. Tampoco debía concederse a los obreros que percibieran un salario de 6.000 pesetas anuales, con lo que se excluían los trabajadores cualificados. Y, además, el trabajador, para beneficiarse de estas ayudas, debía cotizar al menos durante los seis meses anteriores a la percepción de la ayuda.
Como consecuencia de todo esto, se puede deducir que, en materia de previsión laboral, la legislación del primer bienio, no fue precisamente muy avanzada. De hecho, estuvo muy por debajo de los límites acrodados por la OIT. Los republicanos de derechas, por ejemplo, se negaron a la creación de seguros para combatir el paro forzoso.
En este punto, no obstante, hay que recordar, una vez más, que los políticos de la II República se vieron muy lastrados por las consecuencias económicas del
crack de 1929, que, si bien no afectaron muy directamente a nuestro país, limitaron mucho las medidas que se programaron. No fue lo mismo que en la década anterior, en la que la relativa bonanza económica benefició la política paternalista de Primo de Rivera.
Se podría decir también que fue el primer régimen amigo de
las mujeres: se aprobó el sufragio femenino en igualdad de condiciones que el masculino (a los 23 años), se le concedió igualdad jurídica y desapareció el delito de adulterio que las penalizaba.En materia de
derechos civiles, se regularon con leyes el divorcio, el matrimonio civil y los derechos de los hijos ilegítimo. La escuela pública dejó de segregar alumnos según sexos y se implantó la coeducación
PROBLEMA AGRARIO
A lo largo de estas breves líneas, trataremos de presentar un bosquejo de lo que supusieron las medidas reformistas que se intentaron adoptar, durante la II República, para resolver el problema del campo español.
Para comenzar, deberemos insistir en el carácter reformista, y no revolucionario, del sistema político republicano. Y es desde esta perspectiva de reforma, auqnue en profundidad, desde la que hay que abordar el análisis de las diferentes medidas que se arbitraron para resolver la difícl problemática del país. Uno de los problemas, claro está, fue el del campo.
Con la revolución liberal, la tierra, cultivada de forma directa por campesinos que debían pagar miltitud de exacciones de carácter señorial, pasó a privatizarse. Para ello, se arbitraron medidas como las desamortizaciones, y la abolición de señoríos de 1811. Estas medidas, cuyo análisis excede el contenido de esta entrada, tuvieron como consecuencia el mantenimiento, en lo esencial, de los desequilibrios en la estructura de la propiedad, y de las desigualdades sociales. Las posteriores medidas adoptadas durante el sexenio matizaron este problema, pero no lo resolvieron, y, con la vuelta de los Borbones, nada se hizo. Por ello, el problema del campo español se convirtió en un problema estructural enorme, y en un foco de problemas gravísimos, la solución de los cuales constituyó un dolor de cabeza para los políticos reformistas.
El país ofrecía una estructura de población activa claramente agraria. Alrededor de 1930, un 45'51% trabajaba en el campo, lo que suponía 3.900.000 trabajadores. De ellos, cerca de 2.000.000 eran trabajadores agrícolas sin tierras, que tan sólo trabajaban en los períodos de siembra o de cosecha, por lo que su situación era absolutamente paupérrima.
Para terminar de dibujar el panorama de la agricultura española, debemos tener en cuenta otras características como la existencia de enormes latifundios en Extremadura, Andalucía occidental, La Mancha y Salamanca, con propietarios muchas veces absentistas. Paralelamente, en le resto existían minifundios que no producían lo suficiente a muchas familias, que debían emplearse como asalariados para completar sus exiguos ingresos.
Este problema se abordó desde los inicios de la República, durante el período del Gobierno Provisional. Éste, formado básicamente por republicanos burgueses (aunque sindicalistas como Largo Caballero estuvieran al frente de carteras tan importantes como la de Trabajo) decidió acometer una serie de medidas de talante reformista, que tenían como objetivo reducir estas enormes diferencias, y preparar el camino para la reforma agraria que tenían proyectada. Estas medidas fueron:
1- Decreto del 29 de abril de 1931. Tan sólo dos semanas después de formarse el citado Gobierno provisional, se decidió prorrogar automáticamente los contratos de arrendamiento vigentes, para dar estabilidad al trabajo campesino.
2- Decreto de 19 de mayo de 1931.
3- Decreto de 1 de julio, que implantaba la jornada de trabajo de 8 horas para los campesinos. Esta medida ya estaba implantada para los trabajadores de las fábricas, pero no para los del campo. Con ello, aunque los agricultores continuaran con jornadas larguísimas, las horas que excedieran de las 8 marcadas eran consideradas fuera del horario, y por ello, pagadas más generosamente.
4- Decreto de jurados mixtos, que planteaba la creación de comisiones mixtas de arbitraje para discutir las condiciones de trabajo, los salarios, los conflictos colectivos...
5- Decreto de Términos Municipales de 28 de abril de 1931, por el que se obligaba a los terratenientes y empleadores a contrratar prioritariamente a los trabajadores del mismo término municipal, y así evitar que se contratara a trabajadores de otros lugares, que trabajasen por menos salario o que no fuesen sindicalistas conflictivos. En este punto, se introdujo el
turno riguroso, medida por la cual los empleadores debían contratar por orden de inscripción en los registros, de los solicitantes del empleo.
6- Decreto de 7 de mayo de 1931, sobre laboreo forzoso. Por este decreto, se obligaba a los terratenientes a poner en cultivo sus tierras. En caso contrario, estas tierras podían ser entregadas a los campesinos para que las cultivaran directamente.
Estas medidas tuvieron lugar durante el Gobierno provisional, y se basaron en lo que aparecía determinado en el
Estatuto Jurídico. Como se puede comprobar, se trataba de medidas de talante reformista. No se planteó en ellas exporopiaciones sin indemnización, incautaciones, explotaciones colectivas obligatorias...como podrían defender sindicatos como la FNTT socialista, o la CNT anarquista.
El 14 de julio de 1931 se iniciaron formalmente las Cortes Constituyentes, y el Gobierno provisional, tal y como había planteado el Estatuto Jurídico, se disolvió. Con este hecho se regularizaba la vida parlamentaria y se iniciaba el primer bienio de la historia legislativa regular de la II República. Este bienio estuvo protagonizado por la victoria de la Coalición republicano-socialista que había dirigido el Gobierno provisional, y que había firmado, básicamente, el Pacto de San Sebastián. Por ello, sus medidas agrarias continuaron la vía reformista adoptada durante los primeros meses del nuevo régimen.
Se redactó así un primer proyecto de reforma agraria, que, tras unas modificaciones, se presentó a las Cortes el 25 de agosto de 1931. En él se planteó afectar tan sólo a las zonas de regadío no puestas en riego, a tierras que siemrpe estiuvieran arrendadas, y a las tierras de la nobleza que procedieran de la aboliciójn de señoríos de 1811. Asismismo, se decidió que estas propiedades se expropiarían con indemnización. Pero estas medidas, pese a no ser revolucionarias, provocaron el rechazo radical de los propietarios.
El 26 de noviembre de 1931 se presentó un segundo proyecto, más avanzado que el del 25 de agosto, que conllevó la oposición del Partido Republicano Radical, el partido de Lerroux, que ya no personificaba la izquierda, como en tiempos de Alfonso XIII, sino que era ya un partido de centro. Este hecho, entre otros, provocó que este partido saliese del gobierno de la Conjunción republicano-socialista, y se empezase a aliar con las derechas.
En 1932, el nuevo ministro, Marcelino Domingo, presentó un nuevo proyecto a las Cortes, que era más moderado que el segundo. Pero las Cortes tardaron mucho en pronunciarse sobre este tema, y el 10 de agosto de 1932, el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo, apoyado por los grandes de España, hizo que se planteara la indemnización sin expropiación a los que habían apoyado el golpe, y a todas las tierras que procedieran de la abolición de los señoríos jurisdiccionales de 1811.
Este proyecto consistió en una ley de bases, de 23 bases, para se más exactos, en las cuales se determinaba que:
- Se creaba el IRA, del cual dependían las juntas provinciales y las comunidades de campesinos.
- Se determinaba el tipo de tierras expropiables.
- Se acrodaba que el IRA debía disponer de 50 millones de pesetas como mínimo, para conceder créditos y asentar así a campesinos sin medios para producir.
- Las tierras expropiadas pasarían a ser propiedad del IRA, que las con cedería a las juntas provinciales, las cuales las entregarían a las comunidades de campesinos, los cuales deberían decidir previamente si las cultivarían de forma individual o colectiva.
Todo esto, como es obvio, no era nada revolucionario, y por ello no satisfizo a los campesinos sin tierras. Además, muy pocos campesinos se asentaron. Aún así y todo, las derechas, como el Partido Agrario o la recién creada CEDA, se opusieron de plano. Los siguientes ministros de agricultura, como Cirilo del Río, o Manuel Giménez Fernández, de la CEDA, ralentizaron algo el ritmo de asentamiento de campesinos, pero plantearon medidas como la Ley de Yunteros, o la de arrendamientos rústicos. Ésta última, por ejemplo, planteaba que los arrendatarios que hubieran cultivado ininterrumpidamente una explotación durante 12 años, pudieran exigir a los propietarios que se las vendieran. Sería el 4º proyecto.
A raíz de estas medidas, llegó a la cartera de Agricultura Nicasio Velayos, muy cercano al Partido Agrario. Éste sí que, mediante la ley de 1 de agosto de 1935, deshizo la reforma agraria. Es lo que se conoció como
Contrarreforma agraria. En ella, propueso una lista de tierras que no se podrían explotar, eliminó la exporpiación sin indemnización y devolvió las tierras expropiadas sin este dinero, limitó a 50 millones los fondos del IRA para conceder créditos a los campesinos, y las expropiaciones las elevó casi a precio de tasación. Pero duró poco, porque a los pocos meses se disolvieron las Cortes y las izquierdas reformistas volvieron con el Frente Popular.
Durante este período, y antes de la guerra civil, el gobierno legalizó ocupaciones de tieras que los campesinos estaban realizando de forma espontánea en Extremadura. También se derogó la ley de Nicasio Velayos y se volvió a la de 1932. Pero, con el golpe de 18 de julio de 1936, todo esto cambió, tanto en la España controlada por los insurrectos, como en la España republicana.
FUENTE:ivkhistoriapedroamores.blogspot.com, Pedro A. Amores Bonilla
PROBLEMA MILITAR:
En resumen: en realidad, buena parte de los problemas de la República que se hicieron patentes en el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 estaban ahí desde el principio, y aún más allá.
Entre otros puntos, se instaba al retiro de los militares que no juraran fidelidad a la República, a la motorización de la caballería o al cierre de la Academia militar de Zaragoza (en aquellos momentos, dirigida por Francisco Franco). Muchos militares no estuvieron de acuerdo con estas medidas, lo que más tarde les llevaría a actuar.
Igual que el orden público, igual que la defección revolucionaria a izquierda y derecha del sistema, el problema militar se mostró prácticamente desde el primer momento de existencia de la República, y ya no le abandonó. La República, merced a las reformas tan profundas que comenzó a realizar apenas una semana después de haberse proclamado, se granjeó la oposición de amplias masas de militares, y ya nunca recuperó plenamente su afecto; de hecho, para disponer de cuerpos armados cercanos, tuvo que improvisar unos cuerpos de seguridad, sobre todo los guardias de asalto, que le fuesen afines.
La reforma militar de Azaña, no obstante, se hizo para construir un ejército moderno. Cuando uno lee las críticas de Mola no puede evitar la sensación de notarlas preñadas de cierto tufo a antiguo y a corporativista. Mola carga contra Azaña por considerarlo sectario y, por mucho que en parte pueda tener razón, al hacerlo obvia el principio fundamental de que un ejército no es una realidad propia que se rige por sus propias reglas, sino una institución al servicio de la legalidad constitucional. En eso el general finalmente golpista, pese a las amargas palabras que le dedica a las juntas de defensa, viene a aplicar precisamente la visión de las cosas que éstas propugnaban: dejad a los militares que resuelvan los asuntos de los militares.
Pero Azaña se equivocó.
En el fondo, la racionalización, es decir adelgazamiento, de un ejército monárquico, clasista y acostumbrado a intervenir en política, todo ello sin traumas ni enfrentamientos, sólo habría sido posible si dicho ejército hubiese dado por dominada la subversión. Lejos de ello, la República se mostró débil y tornadiza frente a dicha subversión, tanto de las izquierdas cuando gobernaron éstas, como de las derechas cuando llegaron éstas a a mandar. En la España de 1931 a 1933 y de 1936, la violenta oposición cenetista no fue atacada con todo el peso de la ley; en la España del bienio de las derechas, la ultraderecha floreció exenta de obstáculos, lo cual se puede pensar que encantó a los militares, pero no es así porque colaboró para la radicalizar a los viveros de izquierdistas en las Fuerzas Armadas, concentrados sobre todo en el cuerpo de Asalto.
Azaña, que tuvo mucho poder en aquellos gobiernos republicanos, derrapó demasiadas veces en la misma curva: en la quema de conventos, en las semanas inmediatamente anteriores a Casas Viejas y en el 36, en la escalada de sucesos que culminaría con el asesinato de Calvo-Sotelo. En esas condiciones, su reforma militar, se demostró incapaz para evitar, una vez más, el divorcio entre los militares y el pueblo al que pertenecen.
PROBLEMA REGIONAL:
La cuestión de los nacionalismos sí supuso un triunfo para aquellas regiones ávidas de ello. Fue el caso de Cataluña. En 1932 se aprobó un Estatuto de Autonomía y se restauraba la Generalitat, abolida en 1714, y cuyo gobierno presidió Francesc Macià. Su ejemplo fue seguido por otras regiones, como el País Vasco, Galicia o Andalucía, con suerte dispar, ya que en el período republicano sólo sería la primera quien disfrutara de otro Estatuto.
La reacción de los conservadores a todas las medidas de la República no tardó en llegar. En 1932, el general José Sanjurjo llevó a cabo un levantamiento en contra del sistema, que fracasó y terminó con su condena al exilio en Portugal.
Azaña, con el presidente de la Generalitat, Francesc Macià, en la entrega del Estatuto a Cataluña, en 1932 BRANGULI
la nueva organización del Estado, dispuesta a dar una solución política integradora a las aspiraciones regionales, debía responder a la más estricta lealtad institucional: «El Estatuto de Cataluña lo votan las Cortes en uso de su libérrimo derecho, de su potestad legislativa en virtud de las facultades que para votarlo le confiere la Constitución. El Estatuto sale así de la Constitución, y sale de la Constitución porque la Constitución autoriza a las Cortes para aprobarlo».
PROBLEMA EDUCATIVO
La cultura se transformó de arriba abajo. Invitar a leer fue una herramienta revolucionaria
“El concepto de biblioteca pública y el fomento de la lectura son de la República, que gastó mucho dinero en fondos, aunque no en personal, lo que hacía que la atención fuese voluntarista y que en algunas poblaciones se entorpeciese. Las biliotecas se convirtieron en un símbolo político”,
PARA SABER MÁS, VER:
La reforma escolar durante la Segunda República Española
Sergio Fernández, de la asignatura Conocimiento del Medio Social y Cultural.
de UniversidadUNIR
PROBLEMA ECONÓMICO
La Gran Depresión y la Segunda República
La Gran Depresión se inició en Estados Unidos en 1929. Se difundió al
resto del mundo mediante la disminución del comercio y los flujos
internacionales de capital y la inversión de las corrientes migratorias.
España no fue una excepción y fue golpeada, aunque con menor intensidad
que otras economías europeas más desarrolladas. La adversa coyuntura
internacional intensificó la desaceleración de la actividad económica
española, ya visible en 1928, y agravó los desequilibrios estructurales.
La crisis económica desencadenó cambios políticos e inestabilidad
social. Los problemas económicos contribuyeron a la caída de la
dictadura de Primo de Rivera, que arrastró consigo a la monarquía. Ello
despejó el camino al establecimiento pacífico de la Segunda República.
La inestabilidad política y social fue general en Europa. Ni siquiera la
guerra civil española fue una excepción, pues el rearme de los
fascismos en Alemania e Italia estaba ya incubando otra guerra europea.
La Guerra Civil fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial.
Sin negar la importancia de los factores internos, el contagio
internacional tuvo más relevancia en la gestación de la recesión
económica en España, como sucedió en el resto de Europa. La economía de
la Segunda República siguió las pautas internacionales, con las
particularidades propias de los países atrasados y los problemas
peculiares de una democracia recién establecida.
Esta interpretación actual contrasta con la tradicional, inspirada en
los escritos de los economistas contemporáneos. Estos negaron el
contagio de la crisis internacional para responsabilizar de la depresión
a factores internos: los errores de los políticos republicanos. Para
aquellos economistas, España fue "diferente" en la década de 1930. Los
estudios actuales de historia económica muestran lo contrario.
La crisis internacional afectó al comercio y a la inversión extranjera
-
El atraso, escudo frente al contagio internacional.
La crisis coyuntural fue breve y liviana, como señaló José María
Zumalacárregui (1934). Esta moderación de la Gran Depresión en España
tiene su explicación en que se trataba de un país atrasado, cuya
agricultura ocupaba más del 40% de la población activa. Según Antonio
Flores de Lemus (1929), la tendencia y los ciclos anuales del PIB venían
marcados por la producción agraria. Ambas variables alcanzaron el
máximo en 1929. La mala cosecha de 1930 arrastró al PIB. La crisis
industrial y de la construcción empezó al año siguiente. El sector
servicios no sufrió la recesión, pero su crecimiento se ralentizó. El
PIB solamente disminuyó un 6,4% durante 1930 y 1931, según las
estimaciones de Leandro Prados (2010). Sectorialmente, la agricultura y
los servicios atemperaron las crisis sufridas por algunas industrias y
la construcción. La recesión no afectó a las industrias de consumo
(textil), cuya producción aumentó gracias al crecimiento de los salarios
reales.
La salida de la crisis española fue rápida porque la excelente
cosecha de 1932 elevó el PIB. Tras una recaída en 1933, su recuperación
se consolidó en 1934 por otra gran producción agraria. Al año siguiente
volvió a alcanzarse el nivel del PIB previo a la crisis gracias al buen
comportamiento de la agricultura y a la mejoría de la industria y la
construcción. Técnicamente, la crisis coyuntural había acabado en 1935.
En el sector financiero, las cotizaciones de la Bolsa de Madrid
cayeron en 1929 y se desplomaron en 1931 y 1932, por influjo de la
crisis industrial y de la proclamación de la República. No obstante, la
Bolsa madrileña se había recuperado ya en 1935. En Europa y Estados
Unidos, los pánicos bancarios de 1931 convirtieron una simple recesión
en la Gran Depresión. Pues bien, el atraso bancario evitó este desastre
en España, donde solo quebró un banco (el de Barcelona). La escasa
internacionalización de sus operaciones y el reducido peso de sus
inversiones industriales explican la resistencia de los bancos españoles
al contagio de la crisis financiera internacional, según Pablo Martín
Aceña (2004).
-
La insuficiente protección del comercio exterior.
Olegario Fernández Baños (1934) señaló que la crisis española se
desarrolló al margen e independientemente de la mundial, debido a su
aislamiento, creado por los altos aranceles y el aumento del tipo de
cambio de la peseta. Las cifras históricas muestran lo contrario: la
crisis internacional afectó seriamente a los sectores exportadores e
importadores, redujo la inversión extranjera y provocó el retorno de los
emigrantes. La explicación radica en que la protección exterior
(aranceles y depreciación de la divisa) existente en 1929 fue
insuficiente para evitar el contagio de la crisis internacional.
La crisis internacional afectó al comercio y a la inversión extranjera
Es más, la protección relativa empeoró en los años 1930, pues España
no practicó las políticas de empobrecer al vecino. Estas funcionaron
para Reino Unido porque otros países no las adoptaron. España se
protegió menos y tardíamente, como muestra la evolución de la protección
aparente (recaudación en aduanas / importaciones). La República no
aumentó la protección arancelaria hasta 1933. Ni siquiera entonces
recurrió con convicción a los contingentes a la importación. En 1929, el
grado de apertura (porcentaje del comercio exterior en el PIB) era
inferior en España que la media europea, según Antonio Tena (2005). Pero
la caída de la apertura exterior fue menor en España. A pesar de lo
cual, esta disminuyó a la mitad entre 1930 y 1935. Esto revela que las
repercusiones de la crisis internacional sobre el comercio exterior
fueron apreciables.
La crisis internacional también empeoró el saldo de la balanza
comercial: tras 1931, el déficit creció hasta el 23,8% en 1935. Las
importaciones cayeron menos que las exportaciones, porque España sufrió
las consecuencias de las políticas de empobrecer al vecino practicadas
por otros países. Además, aquel déficit comercial no pudo compensarse
con los ingresos en divisas por fletes, remesas de emigrantes e
importaciones de capital, que prácticamente desaparecieron debido a la
crisis internacional.
España tampoco se protegió con devaluaciones competitivas. Aunque
nunca entró en el patrón oro, lo intentó en dos ocasiones y sus
Gobiernos actuaron como si pertenecieran al club. Desde 1928, la peseta
se depreció por la presión de los mercados de divisas. Por el contrario,
los Gobiernos trataron de mantener la paridad de la peseta a través del
control de cambios. Sin esta intervención en el mercado de divisas, la
peseta se habría depreciado más, lo que hubiese resultado más protector
para la economía española.
Hasta 1931, esta política de mantener la cotización de la divisa fue
la ortodoxa internacionalmente y agravó la crisis internacional. Todo
cambió aquel año, cuando Reino Unido y los países del bloque de la libra
abandonaron el patrón oro, lo que facilitó su recuperación económica.
Otros países, como Francia, permanecieron en el patrón oro, agravando su
depresión. Pues bien, los Gobiernos españoles engancharon la peseta al
franco francés, actuando como si pertenecieran al patrón oro. La
República descartó las devaluaciones competitivas practicadas por los
países que abandonaron el patrón oro. En suma, la fortaleza de la peseta
entre 1931 y 1935 perjudicó a las exportaciones españolas y favoreció
las importaciones, agravando las repercusiones de la crisis
internacional.
Fue la recesión la que trajo la Segunda República, no al revés
-
Los factores políticos coadyuvaron a la crisis.
Para Luis Olariaga (1933), la recesión en España tuvo su origen en el
descenso de la inversión privada, originado por el empeoramiento de las
expectativas empresariales, tras el establecimiento de la República, por
los conflictos sociales, las políticas socializantes, el acoso a la
propiedad por los Gobiernos, la desconfianza en el régimen y la
paralización de las obras públicas. El hundimiento de la inversión
privada fue clave en la depresión coyuntural de la economía española,
pero la explicación de Olariaga requiere algunas matizaciones.
Primera, el ciclo inversor se había desacelerado ya en 1928. La
inestabilidad social, la incertidumbre política y el empeoramiento de
las expectativas empresariales habían comenzado con la crisis de la
dictadura de Primo de Rivera. Las huelgas generalizadas se iniciaron en
1930, en cuanto desapareció la represión de la dictadura. Luego, las
expectativas empresariales se agravaron por la crisis internacional y la
transición hacia el régimen republicano. Además, esta inestabilidad
social acompañó a la depresión económica en toda Europa.
Segunda, las cifras macroeconómicas muestran que la Segunda República
no causó la crisis económica, que ya venía de antes. Al contrario, la
recesión económica y el colapso de la monarquía, que había apoyado la
dictadura, trajeron la República.
Tercera, las políticas reformadoras del primer bienio republicano no
fueron socializantes, sino socialdemócratas. Aplicaron en España
reformas estructurales y sociales que ya se habían implantado en Europa
desde 1883 para corregir la desigual distribución de la renta. La
legislación laboral de Largo Caballero contribuyó al crecimiento de los
salarios reales entre 1931 y 1933, tras haberse estancado durante la
dictadura de Primo de Rivera. Pero, como en Europa, el crecimiento de
los salarios reales también se debió a la deflación. En el segundo
bienio, los salarios reales permanecieron estables. Por otro lado, los
costes salariales no aumentaron por la legislación sobre seguros
sociales, porque los empresarios apenas la aplicaron. En cualquier caso,
los Gobiernos republicanos fueron escrupulosos en la aplicación de la
ley, como sucedió con la reforma agraria, según Ricardo Robledo (2008).
Eso sí, estas reformas provocaron una reacción antirrepublicana en los
empresarios más conservadores (los agrarios), cuyas acciones agudizaron
los conflictos sociales y la inestabilidad política.
Entre 1931 y 1934 se expandió el gasto público y se sostuvo el valor de la peseta
Cuarta, la Segunda República no paralizó las obras públicas, sino que
las reactivó para compensar la caída de la inversión privada. En
España, la inversión agregada alcanzó un máximo en 1929. Tras disminuir
ligeramente en 1930, se desplomó en 1931 y 1932, para recuperarse desde
1933. Por el contrario, la inversión pública solo cayó en 1930, para
aumentar desde 1931. Las obras públicas, paralizadas en 1930, fueron
reemprendidas en 1931 y se intensificaron en 1932. La obra pública de
Indalecio Prieto y los pedidos de material de transporte contribuyeron a
paliar los efectos de la crisis.
-
Una política fiscal moderadamente expansiva.
La
política fiscal republicana no causó la recesión, sino que alivió sus
secuelas. A pesar de sus declaraciones de ortodoxia presupuestaria, los
ministros de Hacienda de la República realizaron una política fiscal
anticíclica. La política expansiva de la dictadura fue clausurada por su
ministro de Hacienda José Calvo Sotelo en 1929, cerrando el presupuesto
extraordinario de 1926. Esta política restrictiva fue asumida por el
ministro de Hacienda de la
dictablanda, Manuel Argüelles, en
1930. Pero fue revertida por la Segunda República, cuyos ministros
aplicaron una política presupuestaria expansiva.
Entre 1931 y 1934, los ministros de Hacienda incrementaron el gasto
público en un 25% para combatir el desempleo e invertir en
infraestructuras y educación. La presión fiscal también aumentó gracias a
la reforma tributaria de Jaume Carner de 1932. Esto revela que aquellos
ministros no eran keynesianos, como tampoco lo eran en el resto de
Europa. Como los gastos crecieron más, del equilibrio en 1930 se llegó a
un déficit presupuestario del 1,6% del PIB en 1934. Era un porcentaje
respetable para los cánones de la época, lo que permite hablar de un
cierto estímulo fiscal. No obstante, una parte del déficit era
coyuntural, porque la recesión lastró el crecimiento de los ingresos.
Solo en 1935 hubo una intención clara de reducir el déficit
presupuestario por parte del ministro Joaquín Chapaprieta.
En cualquier caso, la política fiscal apenas tuvo repercusiones sobre
la producción y el empleo, porque el gasto público nunca superó el
13,5% del PIB. Como en otras democracias europeas, los moderados planes
de obras públicas no pusieron en peligro las finanzas del Estado. Por
ello, en España no hubo una crisis de la deuda pública, cuyas cargas
financieras fueron sostenibles durante la República.
-
La tardía política monetaria expansiva. Antes de
1931, la política monetaria ortodoxa fue restrictiva, para mantener la
paridad con el oro. Esto difundió la crisis internacionalmente. Tras las
crisis bancarias europeas de 1931, la política monetaria de los países
que abandonaron el patrón oro fue expansiva, con devaluaciones y
reducciones del tipo de interés, lo que favoreció su recuperación. Otros
países, como Francia y España, mantuvieron más tiempo las políticas
monetarias deflacionistas, agravando su depresión.
En 1931, la oferta monetaria cayó en España porque aumentó la demanda
de efectivo por el público, reduciendo sus depósitos bancarios, ante la
incertidumbre generada por la crisis económica y la proclamación de la
Segunda República, según Pablo Martín Aceña. Desde 1932, por el
contrario, la oferta monetaria creció porque los bancos recurrieron a la
pignoración de deuda pública en el Banco de España y porque descendió
el coeficiente de efectivo mantenido por el público. Es decir, porque
aumentó el dinero intensivo en contratos (depósitos bancarios), que es
un indicador de la confianza de la población en la estabilidad del
sistema financiero y del régimen político.
El Banco de España solo controlaba el tipo de interés. La utilización
de este instrumento fue tardía e insuficiente. Los tipos de descuento
comercial se redujeron en medio punto porcentual en 1932, 1934 y 1935.
Los tipos aplicados a la pignoración de la deuda se redujeron en medio
punto en 1934 y 1935. Esta política monetaria expansiva del segundo
bienio republicano contribuyó a la recuperación económica.
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En los años treinta, España no fue diferente; en los cuarenta, sí.
La recesión económica de la Segunda República fue menos profunda, pero
fue similar a la sufrida por las democracias europeas. Desde el punto de
vista coyuntural, no puede hablarse de Gran Depresión en la España de
la década de 1930. Los problemas más graves de la economía española eran
estructurales y seguían vigentes en 1936, de ahí la insistencia en las
políticas de reformas. Los Gobiernos republicanos recurrieron a los
instrumentos de política económica coyuntural convencionales de su
tiempo, aunque aplicaron con retraso y escasa convicción las políticas
de empobrecer al vecino, lo que agravó las repercusiones de la crisis
internacional. En España, como en el resto de Europa, no se aplicaron
políticas keynesianas. La política económica republicana no causó la
depresión económica ni esta desencadenó la Guerra Civil, que es el
corolario que sacan algunos historiadores económicos. El origen de la
Guerra Civil no fue económico, sino que estuvo, según Santos Juliá
(2008), en un doble fracaso militar: el golpe de Estado de los generales
rebeldes no triunfó, en julio de 1936, y el Gobierno no logró aplastar
la insurrección. La inclinación del ejército español a los
pronunciamientos no era una novedad. Lo que había cambiado era el
contexto internacional. En efecto, la ayuda financiera y militar de las
potencias fascistas al general Franco y el abandono de las democracias
al Gobierno de la República permitieron el triunfo de los generales
sublevados, pero después de una costosa y sangrienta Guerra Civil.La
supervivencia de la dictadura de Franco tras 1945 convirtió a la España
de la posguerra en un régimen, político y económico, diferente del
vigente en las democracias europeas. La dictadura franquista siguió
aplicando las políticas económicas de guerra que habían implementado las
potencias fascistas derrotadas. En aquella política autárquica está el
origen de la profunda crisis económica de la posguerra. Esta fue la
auténtica Gran Depresión española del siglo XX.
elpais.com. Francisco Comín Comín es catedrático de la Universidad de Alcalá y premio Nacional de Historia en 1990.
Nacionalismo Catalán
El segundo intento fue protagonizado por el entonces presidente de Esquerra Republicana, Francesc Macià, el 14 de abril de 1931.(El 1º fue en la I República). Tan sólo una hora después de que Lluís Companys saliera al balcón del Ayuntamiento de Barcelona paraproclamar la Segunda
República,Macià aparecía por sorpresa en el mismo lugar, «manifestando que, en
nombre del pueblo de Cataluña, se hacía cargo del Gobierno catalán y que
en aquella casa permanecería para defender las libertades de su patria,
sin que pudiese sacársele de allí como no fuera muerto»
El líder independentista decía: «En nombre del pueblo de Cataluña,
proclamo el Estado catalán bajo el régimen de la República catalana, que
libremente y con toda cordialidad anuncia y pide a los otros pueblos
hermanos de España su colaboración en la creación de una Confederación
de pueblos ibéricos».
El gobierno provisional tuvo que enviar tres ministros a Barcelona para negociar con Macià.
Estos consiguieron que Esquerra Republicana renunciara a su «Estado
propio», a cambio del compromiso del Gobierno de presentar en las
futuras Cortes Constituyentes el Estatuto de Autonomía que decidiera Cataluña
. Un fracaso no tan amargo si tenemos en cuenta que de aquel acuerdo salía el germen de la futura Generalitat.
La tercera y última proclamación se produjo en octubre de
1934, inmediatamente después de que se produjera la entrada en el
gobierno de Alejandro Lerroux de tres ministros de la CEDA, y tras desatarse la huelga revolucionaria convocada por los socialistas.
Fue entonces cuando el entonces presidente de la Generalitat,
Lluis Companys, proclamó el Estado catalán, tras acusar al nuevo
gobierno español de «monarquizante» y «fascista»: «Cataluña enarbola su
bandera, llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia
absoluta al Gobierno de la Generalitat, que desde este momento rompe
toda relación con las instituciones falseadas»Lerouex declaró el estado de guerra y asegurando que «estaba en un momento
de lucha y que estaba dispuesto a vencer». Mientras, Companys llamaba a
los suyos «para que vengan a Barcelona y defiendan la Generalitat del
posible ataque del Ejército español».
Las calles de Barcelona pronto se llenaron de jóvenes de
Esquerra. «Iban todos armados .Algunos llevaban, además de
una magnífica carabina Winchester, una soberbia pistola automática, a
veces ametralladora». La ciudad se convirtió en el escenario de la batalla entre el Ejército contra los Mossos de Esquadra y cientos de simpatizantes catalanistas.
A la mañana siguiente, Companys, los consejeros de la Generalitat, el alcalde de Barcelona y varios concejales de Esquerra fueron detenidos. Las calles fueron quedando vacías de gente y todo fue volviendo a la normalidad.
PROBLEMA SINDICAL
Forenses y periodistas, ante los cadáveres de Casas Viejas en enero de 1933.
La represión, la destrucción de la choza de Seisdedos, los asesinatos de Francisca Lago y de su padre cuando intentaban huir con las ropas ardiendo, todo aquel estruendo de bombas y fusilería al que estuvieron atentos los campesinos desde sus camastros; el recuerdo de Manuel Quijada, esposado, que caía bajo los culatazos de los guardias y era levantado a puntapiés para morir, por fin, ametrallado frente a la choza; los asesinatos de otros tres detenidos, muertos a bocajarro junto a las cercas; la muerte del septuagenario Barberán al lado de la cama que acababa de abandonar, esos acontecimientos eran conocidos rápidamente en todo el pueblo.Durante la noche, los campesinos afiliados al sindicato, que tenían armas, huyeron. El campo los acogería en la noche fraternalmente. Por la tierra, por la superficie cultivable, todavía virgen, habían intentado implantar el “comunismo libertario”. En la conquista del campo empeñaban la vida.
Viaje a la aldea del crimen, de Ramón J. Sender, publicado en 1934, ha sido reeditado por Libros del Asteroide.
Cuando llegó la República, el 14 de abril de 1931,
la CNT apenas tenía veinte años de historia. Era el único sindicalismo revolucionario y anarquista, de acción directa, independiente de los partidos políticos, que quedaba ya en Europa. Aunque muchos identificaban a esa organización con la violencia y el terrorismo, en realidad eso no era lo más significativo ni más sorprendente de su corta historia. El mito y la realidad de la CNT se había forjado por otros caminos, por el de las luchas obreras y campesinas, un sindicalismo eficaz que ganaba conflictos a patronos intransigentes con los trabajadores.
La CNT
mantuvo relaciones muy difíciles con la República. Aprovechó las libertades y
esperanzas de los primeros momentos para fortalecer la organización. Pero la
luna de miel con la República duró poco. La República llegó a España en medio
de una crisis económica internacional sin precedentes y aunque los factores
económicos, como han mostrado los especialistas, no determinaron su trágico
final, sí que complicaron el gobierno y la puesta en marcha de las reformas. La
lucha por el control del trabajo disponible, por el reparto del espacio
sindical, y la confrontación en torno a los jurados mixtos, el entramado
corporativo propuesto por Francisco Largo Caballero desde el Ministerio de
Trabajo, constituyeron los hilos conductores básicos de la agitación
anarquista, de las huelgas planteadas y de los duros enfrentamientos entre los
dos sindicalismos, el de la UGT y el de la CNT, ya arraigados entre las clases
trabajadoras.
Las
movilizaciones anarquistas, y los conflictos en el campo y en las ciudades,
ofrecieron muy pronto la oportunidad de comprobar que las fuerzas del orden, en
especial la Guardia Civil, actuaban con la misma brutalidad que con la
Monarquía. En el primer año de la República hubo decenas de conflictos que se
extendieron por áreas de latifundio, como Badajoz, o por zonas de pequeña
propiedad y de aparente calma, como en Arnedo (La Rioja) y Épila (Zaragoza),
que provocaron abundantes muertos, resultado casi siempre de choques con la
Guardia Civil, que disparaba a concentraciones y manifestaciones de
trabajadores ante la pasividad de algunas autoridades gubernativas.
El sector
más puro del anarquismo encontró en los muertos y la represión un resorte para
la movilización contra la República. Y fue a partir de enero de 1932, tras los
sucesos de Arnedo, que dejaron once muertos, cuando esa retórica sobre el
derramamiento de “sangre proletaria” se incorporó a los medios de difusión
anarquista. De la protesta se pasó a la insurrección. Tres tentativas de
rebeldía armada en apenas dos años, incitadas por militantes anarquistas y que
contaron con algún apoyo obrero y campesino.
Miembros de la comisión parlamentaria, en Casas Viejas.
Lo que
sucedió en enero de 1933 tuvo consecuencias políticas de largo alcance. El día
8 de ese mes, el Comité Regional de Defensa de Cataluña provocó una
insurrección que se extendió, con poco éxito, por algunos pueblos del País
Valenciano y Aragón. Cuando ya estaba sofocada, comenzaron a llegar las
noticias de disturbios en la provincia de Cádiz. El 10 de enero, el capitán
Manuel Rojas recibió la orden de trasladarse desde Madrid a Jerez con su
compañía de asalto para poner fin a la rebeldía anarquista. Pasaron la noche en
el tren. Cuando llegaron a Jerez, la línea telefónica había sido cortada en
Casas Viejas, una población de apenas dos mil habitantes a diecinueve
kilómetros de Medina Sidonia. Grupos de campesinos afiliados a la CNT tomaron
posiciones en el pueblo la madrugada del 11 de enero, siguiendo las
instrucciones de los preparativos que se habían hecho por anarquistas de la
comarca de Jerez, y cercaron con algunas pistolas y escopetas el cuartel de la
guardia civil. Tres guardias y un sargento estaban dentro. Tras un intercambio
de disparos, el sargento y otro guardia resultaron gravemente heridos. El
primero murió al día siguiente; el segundo, unos días después.
A las dos de
la tarde de ese 11 de enero, doce guardias al mando del sargento Anarte
llegaron a Casas Viejas. Liberaron a los dos compañeros que quedaban en el
cuartel y ocuparon el pueblo. Muchos campesinos, temerosos de las represalias,
huyeron. El resto se había encerrado en sus casas. Unas horas después, cuatro
guardias civiles más y doce de asalto, mandados por el teniente Fernández
Artal, se unieron a los que ya habían controlado la situación. Con la ayuda de
los dos guardias que conocían a los vecinos del pueblo, el teniente comenzó la
búsqueda de los rebeldes. Cogieron a dos y los golpearon hasta que señalaron a
la familia de Francisco Cruz Gutiérrez, Seisdedos, un carbonero de
setenta y dos años que acudía de vez en cuando al sindicato de la CNT pero que
no había participado en la insurrección. Sí que lo habían hecho dos de sus
hijos y su yerno que se refugiaron, tras el cerco del cuartel, en su casa, una
choza de barro y piedra muy delgada.
El teniente
ordenó que forzaran la puerta de la choza. Respondieron con disparos desde
dentro y un guardia de asalto cayó muerto. A las diez de la noche llegaron
refuerzos con granadas, rifles y una ametralladora. Empezaron el asalto con
poco éxito. Unas horas después, se les unió el capitán Rojas, con cuarenta
guardias de asalto, a quien Arturo Menéndez, director general de Seguridad,
había ordenado se trasladara desde Jerez a Casas Viejas para acabar con la
insurrección y "abrir fuego sin piedad contra todos los que dispararan
contra las tropas".
Rojas mandó
incendiar la choza. En ese momento, algunos de sus ocupantes ya estaban muertos
por las balas de los rifles y las ametralladoras. Dos fueron acribillados
cuando salían huyendo del fuego. María Silva Cruz, La Libertaria,
nieta de Seisdedos, salvó la vida al llevar un niño en brazos. Ocho muertos fue el saldo; seis de
ellos quedaron calcinados dentro de la choza, entre quienes se encontraban Seisdedos, dos de sus hijos, su yerno y su nuera. Amanecía un nuevo
día, 12 de enero de 1933.
Rojas envió
un telegrama al director general de Seguridad: "Dos muertos. El resto de
los revolucionarios atrapados en las llamas". Le informaba también que
continuaría con la búsqueda de los dirigentes del movimiento. Envió a tres
patrullas a registrar las casas, acompañados por los dos guardias del cuartel
de Casas Viejas. Nada más empezar, mataron a un viejo de setenta y cinco años
que gritaba "¡No disparéis! ¡Yo no soy anarquista!". Apresaron a
otros doce, de los cuales sólo uno había tomado parte en el levantamiento.
Esposados, los arrastraron hasta la choza de Seisdedos. El capitán
Rojas, que había estado bebiendo coñac en la taberna, empezó el tiroteo,
seguido por otros guardias. Asesinaron a los doce. Poco después, abandonaron el
pueblo. La masacre había concluido. Diecinueve hombre, dos mujeres y un niño
murieron. Tres guardias corrieron la misma suerte. La verdad de los hechos
tardó en conocerse, porque las primeras versiones situaban a todos los
campesinos muertos en el asalto a la choza de Seisdedos, pero la
Segunda República ya tenía su tragedia.
Decenas de
campesinos fueron arrestados y torturados. El Gobierno, dispuesto a sobrevivir
al acoso que desde la izquierda y la derecha emprendieron contra él por la
excesiva crueldad con la que se había reprimido el levantamiento, eludió
responsabilidades. "No se encontrará un atisbo de responsabilidad para el
Gobierno", declaró su presidente, Manuel Azaña, en el discurso a las
Cortes del 2 de febrero de ese año. "En Casas Viejas no ha ocurrido, que
sepamos, sino lo que tenía que ocurrir”. Frente a "un conflicto de
rebeldía a mano armada contra la sociedad y el Estado", él no tenía otra
receta, les repitió varias veces a los diputados, aunque se corriera el riesgo
de que algún agente del orden pudiera excederse "en el cometido de sus
funciones". En cualquier caso, dijo ante el mismo escenario el 2 de marzo,
en la política social del gobierno no estaban los orígenes de esas rebeliones
contra el Estado, contra la República y contra el orden social: "Nosotros,
este Gobierno, cualquier Gobierno, ¿hemos sembrado en España el anarquismo? (…)
¿Hemos amparado de alguna manera los manejos de los agitadores que van
sembrando por los pueblos este lema del comunismo libertario?".
Pese a que
algunos periódicos como ABC aplaudieron inicialmente el castigo dado a
los revolucionarios, la animadversión desde las fuerzas de la derecha al Gobierno
creció a palmos a partir de ese momento. La CNT, que lo único que sacó de
aquellos hechos fueron más mártires para la causa, quedó muy dividida y
debilitada, pero el gobierno republicano-socialista acabó desprestigiado y
herido de muerte.
La oposición
de la CNT privó a la República de un apoyo social fundamental. El radicalismo
anarquista, no obstante, aunque contribuyó a extender la cultura del
enfrentamiento, no fue el único movimiento, ni el más potente, que obstaculizó
la consolidación de la República y de su proyecto reformista. Los grupos
dominantes desplazados de las instituciones políticas con la llegada de la
República reaccionaron muy pronto. En Casas Viejas, la brutalidad de los mecanismos de represión del Estado
quedó al desnudo. Los gobiernos republicanos no supieron, o no pudieron,
adaptar la administración de las fuerzas de orden público a un régimen
democrático. Y vista así la historia, no es casualidad que el golpe de muerte a la República se lo dieran,
en julio de 1936, desde dentro, desde el propio seno de sus mecanismos de
defensa.
Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, EL PAÍS10/01/2013
El voto de la mujer
En 1931, en Las Cortes Constituyentes de la República, la impulsora y máxima defensora del voto femenino fue la diputada Clara Campoamor, del Partido Radical. Luchó contra viento y marea, incluso dentro de su propia formación. En el PSOE hubo división de opiniones, pero la postura oficial fue de apoyo. Un buen número de sus diputados, entre ellos Indalecio Prieto, se ausentaron del Hemiciclo para no votar el artículo que concedía el voto femenino en pie de igualdad. El propio Prieto consideró que este derecho era "una puñalada trapera a la República".
El argumento más manido por entonces en el palacio de la Carrera de San Jerónimo, amén de los que se referían a la biología y rol de las mujeres, fue que estaban demasiado ligadas al marido y a la sacristía, por lo que sus sufragios favorecerían a la derecha. Algo sobre lo que los historiadores tienen opiniones encontratadas.
Campoamor, en debates sin tregua también con la otra diputada que había entonces,Victoria Kent (del Partido Radical Socialista y partidaria de demorar el reconocimiento del derecho femenino al sufragio), logró convencer. Votaron a favor 161 diputados y en contra, 121 en una Cámara compuesta por 470 parlamentarios. Se opusieron "Acción Republicana y los partidos de las dos únicas mujeres en la Cámara".
1. Decretos y medidas adoptadas por los gobiernos
provisional y republicano-socialista
